Mientras hacía un recorrido por el antiguo acueducto, uno de los ‘elefantes blancos’ que tiene el municipio de Manatí —y que actualmente está siendo demolido por requerimiento de la Secretaría de Salud departamental, ante los múltiples inconvenientes que representa para la comunidad, especialmente en materia de inseguridad y salubridad pública—, la alcaldesa Yaneris Acuña Cervantes se refirió a la crítica situación financiera que enfrenta su administración.
Los problemas que encara este municipio, ubicado en la margen derecha del canal del Dique y cerca del embalse del Guájaro, están marcados por tres embargos que le han impedido acceder a créditos ante la banca nacional y Findeter para ejecutar proyectos de vital interés para la comunidad manatiera.
A pesar de estas limitaciones, Acuña Cervantes ha defendido su gestión, destacando importantes obras realizadas gracias a la “voluntad”, la articulación con el nivel departamental y el trabajo de su equipo técnico.
El desafío más apremiante es el embargo contraído con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), correspondiente a un préstamo por más de $935 millones para la construcción de un acueducto en el año 2007, que a la fecha ha ascendido a más de $2.700 millones, incluyendo lo correspondiente a intereses corrientes, intereses de mora y honorarios de abogados, entre otros.
Plan para saldar deudas
No obstante, anunció que antes de finalizar la vigencia 2025 la Alcaldía hizo un abono de $300 millones con recursos propios, y así sucesivamente en los años venideros, con el fin de pagar la totalidad de la deuda contraída, sin incluir los intereses que lograron condonar gracias a la gestión adelantada en Medellín ante el equipo financiero de IDEA y a la voluntad de cumplir con las deudas heredadas de administraciones anteriores.
A raíz de la financiación de este proyecto con la entidad antioqueña, la alcaldesa ha adelantado gestiones para llegar a un acuerdo que les permita solventar la obligación en un periodo de tres años y, de esta manera, tener la posibilidad de acceder a nuevos empréstitos ante la banca y Findeter para la financiación de varias obras que aspira dejar al municipio al finalizar su periodo administrativo. La funcionaria dejó en claro que, pese a las limitaciones, han ejecutado otros proyectos con recursos de regalías y propios.
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Asimismo, Yaneris Acuña indicó que, para atender las preocupaciones de la comunidad frente al extenso terreno donde se había construido parte del antiguo acueducto —en el que se encontraban un área para el cuarto de tuberías y una alberca profunda de agua a la intemperie, convertida en criadero de mosquitos y en un peligro inminente para niños y jóvenes residentes de la urbanización Villa Mati y el sector de La Emisora—, se determinó su demolición. En su lugar, se proyecta para este año, con recursos del Ministerio del Deporte, iniciar la construcción de un patinódromo.
Sorpresas en su mandato
Cabe recordar que, por este préstamo y otros dos embargos que tiene el municipio, se le han cerrado todas las puertas ante los bancos desde el primer día de la actual administración, cuando acudieron a las entidades financieras para registrar su firma. “Y, oh sorpresa”, les manifestaron que no podían solicitar ningún tipo de préstamo debido a un embargo correspondiente a deudas adquiridas por administraciones pasadas, que dejaron avanzar la situación hasta el punto en que hoy les impide ejecutar grandes obras para el desarrollo de la ciudadanía, que finalmente es la más perjudicada.
Reiteró que, a la fecha, la deuda contraída con el grupo IDEA en el año 2007, durante la administración de Yamil Cabarcas, asciende a más de $2.739 millones. Por dicha financiación, el municipio debía pagar mensualmente un 5 % de intereses.
La salud pública, “embargada” La alcaldesa relató que, al posesionarse en enero de 2024, se encontró con otra “sorpresa”: la salud pública municipal estaba embargada.
“Está embargada desde noviembre de 2023. Cuando llegué en enero de 2024 y me instalé como alcaldesa municipal, mi segunda sorpresa fue encontrar la salud pública del municipio embargada”, explicó.
El embargo fue impuesto por la entidad Barrios Unidos de Quibdó, que alega que durante la administración de Evaristo Oliveros Pimienta el municipio de Manatí no transfirió los recursos correspondientes a dicha entidad. El monto exacto de la deuda aún está pendiente de verificación.
Paradoja de la gestión negativa
A pesar de tener los recursos de salud pública congelados, la ley obliga a la administración municipal a cumplir con sus responsabilidades, como contratar el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) con la ESE Hospital y destinar el 30 % de los recursos a la administración. La alcaldesa lamentó la falta de reconocimiento nacional por asumir estas obligaciones con recursos propios.
“El no poder usar el recurso embargado hoy me genera una calificación negativa ante el Ministerio. Es irónico que, a pesar de no tener el recurso disponible y asumir esa responsabilidad con recursos propios, no exista un reconocimiento nacional; por el contrario, obtengo una evaluación negativa. Me parece injusto por parte del ministerio”, precisó.
“Voluntad”, eje de ejecución
A pesar del tercer embargo, contraído con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), correspondiente al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs) por un monto de $700 millones, que afecta el presupuesto municipal, la alcaldesa ha logrado avanzar en su programa de gobierno. La clave, según su declaración, ha sido la “voluntad” y el trabajo en equipo.
“Muchos se preguntan cómo, estando embargada, he podido pavimentar o ejecutar diferentes obras”, mencionó. La respuesta —dijo la mandataria— ha sido “voluntad de sacar al municipio adelante y saber usar de manera eficiente el poco recurso disponible”, puntualizó.
Suspenden trabajos de demolición
El secretario de Planeación municipal, Antonio Cantillo, informó que los trabajos de demolición del acueducto se suspendieron debido a algunas fallas técnicas que imposibilitaron la continuidad de las labores que se encuentran ejecutadas en un 80 por ciento, según lo indica el informe que suministró la empresa contratista. El hallazgo al interior del mismo generaron gastos adicionales a la administración que impiden su continuidad hasta nueva fecha.
