El Ministerio de Minas y Energía publicó el borrador de una resolución con el que busca aliviar la crisis financiera de las comercializadoras de energía intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el recaudo de recursos vía tarifa para cubrir las billonarias deudas que estas empresas mantienen con sus proveedores.
De acuerdo con este borrador, esta medida se aplicaría a la empresa Air-e —intervenida en septiembre de 2024— ante su crisis financiera y operativa que atravesaba en su momento y que aún hoy mantiene pese a la intervención.
Según el documento, mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expide la reglamentación definitiva, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) recaudaría de manera temporal ocho pesos por kilovatio-hora ($8/kWh) a la demanda del Sistema Interconectado Nacional, dentro de la componente de restricciones. Estos recursos serían distribuidos entre los agentes acreedores de las deudas acumuladas hasta el 30 de noviembre de 2025.
En ese sentido, en la justificación del proyecto, el Ministerio señala que las empresas intervenidas acumulan pasivos cercanos a los $2 billones, una situación que representa un riesgo para la operación del mercado eléctrico y para la continuidad del servicio, especialmente en la región Caribe, donde se concentra una parte significativa de los usuarios.
El borrador argumenta que la medida busca prevenir apagones, interrupciones o episodios de inestabilidad en el suministro eléctrico, mediante la adopción de mecanismos temporales mientras se define una solución estructural de fondo.
“Que, de acuerdo con el último informe presentado por el Administrador del Mercado de Energía Mayorista, en cabeza de XM Compañía de Expertos en Mercados, bajo radicado XM 202544025107-1 del 17 de diciembre de 2025, en lo que respecta a las obligaciones pendientes por parte de una de las empresas del Sistema Interconectado Nacional en el área Caribe, e intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), se cuenta con deudas facturadas y vencidas pos toma de intervención por un valor alrededor de los dos billones de pesos”, se describe en la borrador.
Asimismo, en la memoria justificativa del proyecto se lee que: “La justificación para una medida de alcance nacional requiere demostrar que la situación de las empresas intervenidas es sintomática de un problema regulatorio estructural en la gestión de mercados con alta vulnerabilidad social y económica, lo cual se evidencia en la retadora situación de las empresas de la misma región pero que no se encuentran intervenidas”.
Esta iniciativa ha generado fuertes críticas. Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios del Caribe, calificó el borrador como “inaceptable” y afirmó que, por primera vez, el Ministerio de Minas y Energía reconoce de manera explícita la grave crisis financiera de Air-e, situación que —según indicó— no había sido admitida previamente por el Gobierno.
Alarcón aseguró que las deudas de Air-e posteriores a la intervención superarían los $2 billones, principalmente con generadores termoeléctricos, además de otras obligaciones relevantes.
Recordó que el Gobierno se comprometió a asumir el pago de la opción tarifaria, deuda que hasta ahora no ha sido cancelada. En ese sentido, criticó que se pretenda trasladar a los usuarios una crisis de la cual, afirmó, no son responsables.
“La propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro consiste en trasladar el pago de esa deuda a los usuarios de todo el país, mediante un cobro de ocho pesos por kilovatio-hora en el componente de restricciones de la tarifa de energía”, sostuvo.
El líder de los usuarios cuestionó además, que la memoria justificativa del proyecto, de 21 páginas, no haga referencia al Fondo Empresarial de la SSPD, instrumento creado para respaldar financieramente a las empresas de servicios públicos intervenidas.
Recordó que, durante la intervención de Electricaribe, entre 2016 y 2020, se inyectaron más de $7 billones a través de este fondo, el cual cuenta con respaldo legal para captar recursos y apoyar a compañías en crisis.
