La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) seccional Norte rechazó de manera enérgica las irregularidades que se han registrado en los últimos días en el peaje de Sabanagrande ubicado en el corredor de la Vía Oriental y que hace parte del proyecto de la Concesión Autopistas del Caribe.
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La entidad cuestionó que personas ajenas a cualquier autoridad u operador autorizado estén realizando exigencias económicas a los usuarios de la vía.
Tal como lo registró esta casa periodística, a través de videos difundidos en redes sociales se evidenció la presencia de un grupo de personas que recibían dinero en la caseta del peaje, mientras esta permanecía bloqueada y, de manera arbitraria, levantaban las talanqueras para permitir el paso de los vehículos sin el pago de la tarifa correspondiente.
Para la CCI, este hecho se presenta en un escenario de “alta sensibilidad” para el proyecto vial, teniendo en cuenta el proceso de finalización anticipada del contrato de concesión, situación que, afirma, ha generado incertidumbre entre la ciudadanía y distintos actores del territorio.
“Este contexto no puede ser utilizado como justificación para prácticas que se apartan del marco legal y que afectan directamente la seguridad vial, la movilidad y la confianza de los usuarios”, se lee en el comunicado que emitieron luego de conocer estos hechos.
Asimismo, señalan que la presencia de terceros que buscan obtener beneficios económicos de manera arbitraria genera riesgos para los conductores, “altera el orden público y vulnera principios básicos de legalidad”; además, reiteran que esta situación impacta negativamente la operación del corredor y la percepción ciudadana sobre la gestión de la infraestructura vial.
“Desde la CCI Seccional Norte reiteramos que la infraestructura vial es un bien público, que no puede ser objeto de vandalismo ni de prácticas ilegales por parte de terceros que pretendan realizar cobros no autorizados, dado que el recaudo de los peajes corresponde exclusivamente a las entidades competentes y legalmente autorizadas”, indica la entidad.
Insisten en que cualquier manifestación o reclamo ciudadano debe desarrollarse dentro del marco institucional, sin afectar los derechos de los usuarios ni poner en riesgo su integridad.
La CCI hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas oportunas para evitar este tipo de conductas y, al tiempo, se garanticen condiciones adecuadas de operación y seguridad en el corredor vial.
