Este martes 23 de diciembre, la Contraloría General de la Nación informó que emitió un fallo sancionatorio por cerca de 12 millones de pesos contra el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams. La decisión fue tomada luego de que el mandatario local no entregara respuesta a lo solicitado de manera “extemporánea, incompleta y sin los requisitos formales necesarios”, lo que, según la Contraloría, afectó el ejercicio de vigilancia y control fiscal.
“Para el ente de control la falta de información entregada por el alcalde afectó el propósito de las actuaciones de fiscalización que hace la entidad a obras de infraestructura del municipio de Sabanalarga, que presentan fallas y retrasos”, se lee en el comunicado.
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Asimismo, determinaron incumplimiento de los compromisos generados en las diferentes mesas de trabajo, la no atención de las visitas técnicas a los diferentes proyectos por parte del ente territorial y la falta del suministro de la información solicitada.
Varias obras municipales bajo la lupa
Son una serie de proyectos en los que la Contraloría abrió un proceso de control fiscal para el mandatario. En principio, habría una presunta responsabilidad fiscal por $4.241 millones en la obra de alcantarillado y saneamiento básico del barrio Evaristo Sourdis.
De acuerdo con el ente, se evidenciaron deficiencias en la construcción de esta obra que compromete la calidad y el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado, asociadas a fallas en los diseños iniciales, uso de materiales de mala calidad y diversas deficiencias constructivas.
Además, identificaron incumplimientos de las especificaciones técnicas del proyecto y el pago de actividades no ejecutadas, situaciones que, en su conjunto, permitieron determinar la existencia de un presunto detrimento patrimonial.
Por otra parte, la Controlaría también investiga un proceso de responsabilidad fiscal por $460 millones por las obras de adecuación del patinódromo, en donde se identificó que la estructura construida presenta deficiencias técnicas que evidencian el incumplimiento de los requerimientos técnicos y normativos aplicables a una obra de esta naturaleza, situación que puede afectar la inversión de los recursos públicos.
Asimismo, dentro de la estrategia Compromiso Colombia, la Contraloría General también hace seguimiento al proyecto para la canalización de arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto contratado por un valor de $10.759 millones.
El órgano de control declaró este proyecto como impacto nacional y está siendo monitoreado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, debido a que no ha sido finalizado y no cumple con el fin por el cual fue contratado.
Por otra parte, en el 2025, el ente también realizó una Actuación Especial de Fiscalización en el que se determinaron hallazgos fiscales por $2.553 millones en la construcción, adecuación y ampliación de la Plaza Central y el mejoramiento en el pavimento en la ‘Avenida Bogotá’ y corregimiento de La Peña en Sabanalarga.
Con respecto a la obra Plaza Central, detectaron un hallazgo fiscal por $1.494 millones, ya que identificaron que las obras ejecutadas no cumplen con las especificaciones técnicas y la finalidad para la que fueron contratadas. Además, indicaron que la Gobernación de Atlántico no dio respuesta a los interrogantes hechos por la Contraloría.
Establecieron también una falta de control y seguimiento de la interventoría y la supervisión del proyecto, ya que aseguran que no se le hizo un seguimiento en tiempo real ni vigilancia, monitoreo o control de las obras ejecutadas.
Asimismo, identificaron el pago de “cantidades mayores a las obras ejecutadas y el doble pago por concepto de administración, imprevisto y utilidad, inconformidades en los datos reportados en actas, entre otros”.
Notificaron que la obra Plaza Central está suspendida desde el 26 de octubre de 2023 por la falta de disponibilidad a nivel nacional del material requerido para la fabricación del obelisco. Además, surgieron diferencias entre el contratista de obra y el subcontratista en relación con el componente eléctrico.
Por otro lado, con respecto mejoramiento del pavimento en la ‘Avenida Bogotá’ y corregimiento de La Peña se determinaron hallazgos fiscales por $885 millones. El proyecto ha presentado una serie de suspensiones que han afectado el normal desarrollo de su ejecución debido a que, en el momento de su planeación, no se consideraron las dimensiones reales a ejecutar y las obras a la fecha se encuentran inconclusas.
Es de destacar que estos dos proyectos también fueron declarados de impacto nacional y el proceso de responsabilidad fiscal será adelantado por la Unidad Anticorrupción.
Otros proyectos en investigación
En el marco del control preventivo y concomitante, la Contraloría realizó dos seguimientos permanentes en el contrato suscrito por la Gobernación del Atlántico para el suministro de agua potable a los corregimientos de Colombia y Molineros.
La Contraloría evidenció que se presentan dificultades administrativas, técnicas y legales, que no han permitido la culminación del proyecto que actualmente se encuentra suspendido. En el proyecto se inició una Actuación Especial de Fiscalización.
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También se hace seguimiento al estado del Polideportivo Villa Olímpica, obras que, aunque fueron entregadas en el 2015, a la fecha no prestan ningún servicio. El escenario carece de un esquema de administración y de responsables designados para su operación, así como de políticas orientadas a garantizar su uso adecuado, mejoras y sostenibilidad en el tiempo.
En cuanto a la construcción y adecuación de la ludoteca, aunque el proyecto fue terminado, nunca fue puesto en funcionamiento porque no contó con el mobiliario requerido y por la falta de vigilancia fue vandalizado.
