La Universidad del Atlántico informó que su Oficina Jurídica radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la expedición de una resolución atribuida a personas que se presentaron como miembros del Comité Electoral. La acción judicial busca que se investiguen posibles delitos de prevaricato por acción y usurpación de funciones públicas.
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Según la Institución, el Comité Electoral ya no tenía competencia para emitir actos administrativos relacionados con el proceso de elección de rector, el cual concluyó con la designación de Leyton Barrios Torres. Su elección fue formalizada mediante el Acuerdo Superior 000032 del 27 de octubre de 2025, acto que mantiene presunción de legalidad.
La Universidad también señaló que uno de los firmantes del documento no ejercía el cargo de Vicerrector de Docencia al momento de suscribirlo, lo que, a su juicio, anula cualquier validez jurídica del acto y vulnera los principios de legalidad y competencia administrativa.
La Institución enfatizó que cualquier controversia sobre la validez de un acto de elección debe resolverse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Por lo tanto, ningún órgano interno, incluido un comité electoral, puede revocar o modificar una designación ya ejecutada mediante resolución posterior.
La Universidad calificó la situación como “de especial gravedad institucional” debido a que compromete la seguridad jurídica y el respeto a los procedimientos democráticos internos.
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Finalmente, reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa de la institucionalidad como ejes esenciales para el adecuado funcionamiento de la vida universitaria.
