Tras la expedición del decreto 1072 de 2025 por parte del Ministerio de Minas y Energía, por medio del cual busca bajar las tarifas de energía en el país, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) y sus empresas asociadas expresaron su preocupación alegando que las medidas contenidas en este acto representan una “intervención desproporcionada en el mercado”.
Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, a través de un comunicado, señala que para el gremio este decreto atenta contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica, y la confiabilidad energética del país.
La mayor preocupación del gremio es que las medidas expuestas en el decreto obligan a los generadores hidráulicos a vender al menos el 95 % de su generación horaria mediante contratos. Lo anterior, asegura, “elimina la libertad de empresa y contratación establecida en la Ley 143 de 1994 y les impide optimizar su recurso hídrico ante variaciones naturales”.
Insisten en que forzar una contratación del 95 % a nivel horario es operativamente inviable y riesgoso. “Un generador no puede prever con total certeza cuánta agua tendrá disponible en una hora específica”.
Además, agrega, el incumplimiento de estos contratos forzados podría traer sanciones y sobrecostos que no han sido medidos. Para Acolgen, la bolsa de energía es el mecanismo idóneo para gestionar esta variabilidad, y el decreto la neutraliza.
Por otro lado, señalan que la norma establece un trato desigual porque va dirigida solo a las plantas hidráulicas, excluyendo a las solares, eólicas y térmicas, “lo que genera ventajas competitivas injustas”.
Advierte también que el decreto genera incertidumbre regulatoria y desincentiva nuevas inversiones. “Obligar a comprometer la energía en contratos a corto plazo —con solo tres meses para implementarse— envía una señal negativa a los inversionistas y puede frenar la construcción de nuevos proyectos”, se lee en el comunicado.
En el comunicado, el gremio cuestiona que el Ministerio de Minas le ordene a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) diseñar, en tiempo récord, nuevos “mecanismos de contratación flexibles”. Según Acolgen, esto, en vez de simplificar, añade una capa de complejidad regulatoria que podría resultar ineficiente y burocrática.
Según Acolgen, el Gobierno diagnostica una falla de mercado, pero en lugar de corregirla mediante incentivos, opta por una sobrerregulación que puede generar mayores distorsiones.
Aunque el decreto menciona la realización de análisis técnicos y consultas con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), “la medida final —el umbral obligatorio del 95 %— constituye una regla rígida que no toma en cuenta las alternativas de mercado sugeridas por la SIC, como esquemas voluntarios o basados en incentivos”.
Finalmente, el gremio hace un llamado urgente al Gobierno nacional para suspender su aplicación y abrir un diálogo técnico y constructivo con los agentes del mercado, recordando que existen alternativas más eficientes para proteger a los usuarios sin poner en riesgo la estructura del sistema eléctrico colombiano.
