Ad portas de cumplirse un año del inicio de la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, no se vislumbra una posible solución a la aguda crisis financiera y operativa que arrastra la compañía que atiende a los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Desde el inicio de este proceso se ha anunciado la construcción de una solución empresarial para brindar una respuesta “estructural” a los problemas de la compañía. En ese sentido, EL HERALDO conoció apartes de un borrador de un documento Conpes que fue construido por la Superservicios y describe una serie de acciones para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano.
De esa manera, el esquema de solución propuesto para Air-e comprende una serie de etapas, teniendo en cuenta que “se requiere la consecución de fuentes externas de financiación, nuevas inversiones, capitalización, reducción de costos operativos y administrativos, mejoramiento de la gestión comercial, el pago de pasivos y el flujo de caja necesario para atender el giro ordinario de los negocios a su cargo”.
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En primer lugar, según el documento de 19 páginas, se contempla la creación de una nueva empresa a partir de la escisión de Air-e. Dicho proceso se cumpliría de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
“Siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y las normas contenidas en el EOSF (arts. 67 y 71), se sugiere llevar a cabo la escisión de Air-e (sin disolverse), con el fin de destinar una parte de su patrimonio a la creación de una nueva sociedad. La nueva empresa que surja de la escisión inicialmente será de carácter privado y tendrá poco capital pagado”, se expone en el documento.
En la segunda fase del esquema se propone que la nueva empresa “creada con poco capital” sea adquirida por una compañía de carácter público: “Con ello, la nueva empresa creada estará constituida en un 100% por capital público, al realizarse la compra de la totalidad de sus acciones”.
El tercer paso corresponde a la adquisición de los activos fijos de la empresa Air-e que sean “indispensables” para la prestación del servicio de energía, cuyo valor ascendería a $980 mil millones, según un análisis preliminar de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Se trata de postes y torres, cables, acometidas, entre otros elementos. En tal sentido, el documento sostiene que “como los activos fijos requeridos para la prestación del servicio de energía serán comprados por su valor real, luego del respectivo avalúo, no se van a ver afectados los derechos de los acreedores de Air-e”.
Es de anotar que, de acuerdo con las proyecciones, “se busca que la nueva empresa creada a partir de la escisión haga el cruce de cuentas con las deudas que Air-e tiene con las entidades públicas, que equivale a 1.2 billones aproximadamente. Lo anterior, con el fin de que la deuda se capitalice y las entidades públicas acreedoras de la deuda con Air-e pasen a ser accionistas de la nueva empresa”.
Tras el correspondiente cruce de cuentas se procedería a la liquidación de Air-e, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).
Adicionalmente, se debería inyectar capital a la nueva empresa creada por un valor de $500 mil millones, con la finalidad de “fortalecer la estructura económica de la nueva compañía, realizar inversiones a corto plazo y servir como capital de trabajo para que esta pueda entrar a operar inmediatamente, desarrollando su objeto social de manera adecuada en el corto y mediano plazo”.
En el diagnóstico elaborado se pone de presente que el estado actual de la infraestructura de la empresa Air-e es “crítico” y “requiere intervenciones profundas” por el orden de $1.52 billones. Dichos recursos serían utilizados para la modernización de la red, la instalación de medidores inteligentes, la ampliación de subestaciones y atender el capital de trabajo requerido para atender la compra de energía.
“Para lo anterior, se requiere el otorgamiento de una garantía de la nación que permita la obtención de un crédito a largo plazo y a interés razonable, con el fin de que la nueva empresa sea sostenible en el tiempo y puedan llevarse a cabo las inversiones a corto y mediano plazo requeridas”, agrega el borrador del Conpes.
De acuerdo con la información conocida por esta casa editorial, esta propuesta de solución empresarial no fue bien recibida por parte de otros sectores del Gobierno nacional y habría llevado a la renuncia de Yanod Márquez a la Superintendencia de Servicios Públicos.
Este medio consultó a la Superservicios frente al tema e indicaron que no habrá pronunciamientos por el momento, mientras que desde el Ministerio de Minas y Energía se indicó que no se harán comentarios frente al tema, puesto que es del resorte de la Superintendencia.
