En los próximos días, las autoridades en el Atlántico oficializarán –a través de un decreto– la medida de pico y placa unificado para motocicletas con el objetivo de frenar la alta siniestralidad, ordenar la movilidad y desincentivar el uso indiscriminado de estos vehículos.
EL HERALDO pudo establecer que la medida se encuentra en revisión por parte de la Secretaría Jurídica departamental para su expedición, socialización e implementación.
A pesar de que se ha avanzado en la revisión de la medida, en conjunto con las autoridades de los municipios, este proceso ha generado un rechazo generalizado por parte de ciudadanos y expertos ante la “reducida” oferta de transporte público existente.
Así lo ha expresado el ingeniero Víctor Cantillo, quien enfatizó que no es una “solución efectiva” debido a que crea nuevos problemas en la movilidad.
“He estudiado esta política durante años y está demostrado que es una medida ineficiente, que genera pérdidas sociales y que, a mediano plazo, pierde todo impacto, porque las personas simplemente compran un segundo vehículo. Es cortoplacista y no resuelve el problema de fondo”, destacó en diálogo con EL HERALDO.
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Otra visión
Ricardo Pérez-Núñez, asesor en Seguridad Vial y Prevención de Lesiones No Intencionales en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aseguró que si bien no se cuenta con evidencia sobre la efectividad de este tipo de medidas, es necesario que se implementen mecanismos de seguimiento para su evaluación y tener la capacidad de ajustes o cambios.
“Desde el punto de vista técnico, no habría muchos elementos para asegurar que tengan potencial de ser efectivas, que vayan a promover lo que se espera. Como se ha visto en ciudades como Ciudad de México, donde algo de esto se ha venido impulsando, la gente termina comprando más vehículos: uno para que circule un día y otro para el siguiente. Eso puede eventualmente tener incentivos negativos, porque ahora tendríamos más vehículos sumándose a las vías, pero es una cuestión de evaluarlo”, aseguró el experto.
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En la misma línea, Pérez-Núñez fue enfático al sostener que las autoridades locales deberían decantarse por la adopción de acciones que han demostrado efectividad en otros escenarios.
Puso de presente que una de las medidas a contemplar es la de “pacificación del tránsito”, que corresponde a disminuir la velocidad en un 5 % en promedio, lo que se traduce en una reducción del 30 % en siniestros viales con víctimas mortales.
“Estas dos estadísticas son importantes. Hay recomendaciones muy prometedoras, como verificar que la calidad de la superficie vial cumpla con ciertos estándares”, agregó.
Mencionó, además, que el uso obligatorio de casco puede reducir en un 20 % las lesiones: “Si esos elementos cuentan con certificaciones reconocidas, las muertes disminuyen en un 6 %”.
También indicó que la utilización de cascos no certificados puede causar más daño que no usarlos, teniendo en cuenta que “por la forma en que se rompen ante un impacto; a veces nos centramos únicamente en que la gente lo use, pero también debemos asegurar que esos cascos cumplan estándares que realmente garanticen la protección del usuario y que no se conviertan en una medida ficticia que, en realidad, pueda ser contraproducente”.
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Otro de los mecanismos que ha demostrado efectividad, de acuerdo con el experto, corresponde al fortalecimiento de las penas contra los motociclistas, ya que ha conllevado a reducir la tasa de lesiones y el riesgo de muerte.
“El registro obligatorio de vehículos y la concesión gradual de licencias para conductores de motocicletas —por ejemplo, permitir conducir solo en ciertos horarios, lugares o según el cilindraje— también puede ser una medida efectiva”, agregó.
El asesor en Seguridad Vial y Prevención de Lesiones No Intencionales en OPS/OMS referenció, además, que el control del alcohol al volante mediante operativos aleatorios ha sido otra medida prometedora: “La pérdida de la licencia por conducción peligrosa también ayuda a reducir el riesgo”.
OPS propone sistema de puntos por mérito para mejorar seguridad vial
Desde la OPS se indicó que a través de un sistema de puntos por mérito se puede contribuir de “forma prometedora” a promover un uso seguro de las vías por parte de los motociclistas.
“Esto puede incluso impactar en el costo del seguro, generando un incentivo adicional para el buen comportamiento vial. Además, la formación obligatoria antes de obtener la licencia es otro aspecto con evidencia mixta, pero que también puede resultar prometedor”, mencionó el experto.
Otro punto de gran relevancia corresponde a las restricciones por edad: “Aunque no hay mucha evidencia concluyente, debemos ser sensibles a las limitaciones, como no permitir la conducción antes de los 15 años o, sobre todo, no transportar en motocicleta a menores de 12 años”.
Otra propuesta desde la OPS es la venta conjunta de la motocicleta, el casco y el certificado de calidad: “A menudo se escucha que el casco es muy caro, pero la motocicleta también lo es y, sin embargo, se sigue comprando. Si obligamos a que la moto se venda con un casco certificado, los usuarios asumirán el costo real de esta forma de movilidad, lo que ajustaría los incentivos y ayudaría a avanzar en este tema”.
