Se destraba el camino para el segundo debate de una modificación al Estatuto General que abriría la puerta a una reelección inmediata de Danilo Hernández como rector de la Universidad del Atlántico.
El Juzgado Noveno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla ordenó al Consejo Superior de la alma mater que convoque una sesión para adelantar el segundo debate de la modificación propuesta al artículo 29 del Estatuto General, en un término improrrogable de 48 horas “tras la notificación de la presente providencia”.
La decisión fue adoptada en el marco de una acción de tutela presentada por Angely Díaz Cordero, quien se desempeña como representante estudiantil ante el Consejo Superior, por una presunta vulneración al derecho al debido proceso, teniendo en cuenta que este proyecto de su autoría fue radicado en diciembre del año anterior con el cumplimiento de los requisitos de forma y competencia.
“Agotado el trámite de recusaciones no encuentra el despacho impedimento legal para que el Consejo Superior reanude las cesiones, teniendo dentro de la orden del día el segundo debate para la modificación del artículo 29 del estatuto general, esto como protección al derecho fundamental al debido proceso, máxime que se trata de un trámite que en encuentra legamente establecido dentro del Estatuto General”, se lee en el fallo emitido por el mencionado juzgado.
Y recalcó que “se trata de dos debates en los cuales se debe aprobar este tipo de modificaciones, siendo precisamente estos debates los espacios propicios para las discusiones, de donde se alleguen los argumentos a favor y en contra de la precitada reforma”.
Lo que está en juego
En un primer debate, el Consejo Superior ya dio aval a una modificación al Estatuto General para posibilitar la reelección del rector Danilo Hernández.
Al interior de la alma mater se ha generado una fuerte división ante dicha propuesta. Mientras un sector ha defendido la pertinencia de un nuevo periodo de Hernández como rector, desde otro sector se ha rechazado ante los “hechos de corrupción” que habrían enlodado su gestión.
Cabe recordar que la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, a través de una misiva, –en el marco de las facultades preventivas– solicitó que se abstuvieran de discutir dicha modificación hasta que no se resuelvan los recursos legales que se encuentran en curso.
