Luego de la denuncia presentada ante la Fiscalía por la presunta expedición irregular de certificados de pensión en la plataforma Cetil en el municipio de Remolino (Magdalena), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que se vienen implementando acciones para esclarecer los hechos.
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De acuerdo con la cartera ministerial, las presuntas anomalías fueron puestas en conocimiento por las autoridades del municipio magdalenense desde finales de diciembre del año anterior. En ese sentido, se adelantó una reunión para analizar la situación junto con delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Gerencia de Prevención de Fraude y la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones.
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“Durante dicha reunión se abordaron los detalles del caso con el propósito de coordinar acciones conjuntas orientadas a esclarecer los hechos, prevenir posibles irregularidades y garantizar una respuesta efectiva y transparente ante los mismos”, indicó el Ministerio de Hacienda a EL HERALDO.
Al margen de este proceso, el Ministerio indicó que la responsabilidad de expedir las certificaciones de los tiempos laborados o cotizados y salarios es de los empleadores en los que trabajó el ciudadano o en quienes tengan la custodia de las historias laborales.
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“La Oficina de Bonos Pensionales es únicamente el administrador del Sistema Cetil y no puede modificar, crear o eliminar la información que las entidades empleadoras han certificado a través del sistema. Las entidades empleadoras tienen el deber de garantizar el uso adecuado y seguro del Sistema Cetil, velando porque sus usuarios cumplan con los protocolos de acceso y manejo de la información”, agregó la cartera en las respuestas de un cuestionario enviado por este medio.
En el mismo sentido, indicó que “es fundamental para preservar la integridad, confidencialidad y confiabilidad de los registros gestionados en la plataforma”.
Asimismo, reiteró que no es posible que el Ministerio de Hacienda o la Oficina de Bonos Pensionales intervengan “sin la comunicación formal y las solicitudes pertinentes por parte de las entidades empleadoras, tal como lo establece la normativa vigente”.
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Finalmente, el Ministerio de Hacienda confirmó que el municipio sí se comunicó en reiteradas ocasiones con respecto al acceso al Sistema Cetil, desde el 14 de marzo del 2024. Estableció que, durante el año anterior, los principales correos para esta oficina fueron para la creación de usuarios, así como la capacitación sobre el sistema.
Otro implicado en el caso se pronuncia
Eliana González, una de las presuntas implicadas, de acuerdo con la denuncia, salió en defensa de su gestión. A través de un comunicado a la opinión pública dijo que no firmó los certificados, puesto que se realizaban con un token que no estaba en su poder, sino de otro funcionario como orden del exalcalde.
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“El uso que ellos hayan hecho de la firma digital sale de mi cuidado”, recalcó.
