El desplome de un tramo del puente Simón Bolívar, en la calle 30 con Circunvalar, se ha convertido en la crónica de una tragedia anunciada. De acuerdo con las versiones preliminares, la falta de mantenimiento de la estructura podría ser una de las causas de la emergencia que deja cuatro personas fallecidas y tres más lesionadas.
En esta historia, el primer ‘campanazo’ de alerta se remonta a 2020, en medio de la finalización de la concesión Ruta Costera. En ese momento, las autoridades del Atlántico y los gremios expresaron su descontento por la exclusión de un tramo de 6 kilómetros –entre la mencionada estructura y el aeropuerto Ernesto Cortissoz– de la nueva concesión.
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Tanto las autoridades como los gremios indicaron que era necesaria su inclusión en la nueva concesión vial, con el fin de garantizar las labores de mantenimiento en este estratégico corredor vial. De acuerdo con sus proyecciones, por la vía transitan diariamente alrededor de 10 mil vehículos.
Sustentaron que era necesario garantizar la intervención de dicho corredor vial debido a que tiene un nivel de servicio “deficiente” y se encontraba catalogado como el de mayor accidentalidad en el departamento.
“Ese tramo es también el eje fundamental de la conectividad del área metropolitana de Barranquilla, donde se concentra el 90 % del PIB del Atlántico, y el acceso natural a la banda oriental del departamento, una de las zonas industriales y logísticas más importantes de la región Caribe y de mayor potencial de crecimiento”, señala uno de los apartes de una carta enviada a la Agencia Nacional de Infraestructura por el Área Metropolitana de Barranquilla y el Comité Intergremial del Atlántico en 2020.
Por su parte, la entidad del orden nacional indicó que no era viable modificar el alcance inicial del proyecto y, por ende, no se ha proyectado ninguna actividad para dicho corredor vial por quedar por fuera de la nueva concesión Autopistas del Caribe (conformada por KMA Construcciones S.A.S, Obresca S.A.S. y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.).
Para conjurar dicho impasse, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) junto a la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) firmaron un convenio no vinculante para asegurar la financiación de la “intervención integral”.
De esa forma, la ANI cedió la porción que le correspondía del recaudo de los peajes de Galapa y Sabanagrande (que pertenecen a la concesión de Autopistas del Caribe) para financiar las obras de ampliación y mantenimiento de la vía.
Empero, dicho convenio no se pudo materializar debido a que los recursos que se encontraban destinados para tal fin correspondían a una subcuenta que cubría los “riesgos de menor recaudo” por la suspensión de cobro del peaje de Turbaco, el “congelamiento” de tarifas en las otras casetas y la no puesta en funcionamiento del peaje de Arroyo de Piedra.
En medio de las constantes críticas por la falta de mantenimiento a dicho corredor, el Invías –a través de una certificación expedida en junio de 2023– expuso que a la ANI fue entregado el sector del puente Simón Bolívar en 2008 y las orejas de la mencionada estructura en 2010.
Posteriormente, un mes después, se conoció que la ANI haría la reversión de dicho tramo al Instituto Nacional de Vías (Invías) ante la imposibilidad de responder por su operación al quedar por fuera de la nueva concesión. Este viernes se conoció que dicho trámite no se habría realizado, por lo que la estructura se encontraba en medio de un “limbo” jurídico que impedía su mantenimiento.
Inspección técnica
La Sociedad de Ingenieros del Atlántico contempla adelantar una inspección técnica en la zona que permita definir las causas reales de la emergencia.
“Las causas apuntan a que fue por falta de mantenimiento, pero de todas forma eso amerita que se adelante un estudio forense”, aseguró Néstor Escorcia, presidente de la agremiación en diálogo con EL HERALDO.
Indicó, además, que se encuentra en conversación con los expertos en esta rama para adelantar dicha revisión, que podría determinar si otros tramos del puente podrían estar en riesgo.
“Hay que determinar cuál es la real afectación del puente, de pronto hay más estructura comprometida, que sería lo más grave”, recalcó Escorcia.
Otras voces
Héctor Carbonell, director del capítulo Norte de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), aseguró que dicha situación ha generado inconvenientes para adelantar los mantenimientos preventivos en la estructura.
“Ese puente no estaba a cargo de la concesión. El problema es que si ese puente, administrativamente, la ANI no lo entregó al Invías o, en su defecto, el Invías no lo recibe, ese puente es un limbo. Ese puente no tiene hoy un responsable jurídico”, explicó el líder gremial.
Carbonell también explicó que la concesión finalizada recibió el puente por parte de la Nación y por ende era la encargada de su operación y mantenimiento.
“Es importante resaltar las ventajas y los beneficios que tiene el modelo de concesiones o de vías concesionadas, porque la operación y el mantenimiento de las vías queda dentro de los contratos”, enfatizó el líder gremial.
El Comité Intergremial del Atlántico recalcó que la emergencia tendría relación con la falta de mantenimiento sobre este corredor vial, considerado de gran relevancia por conectar a Barranquilla con el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la banda oriental del departamento.
“El ministro de Transporte, William Camargo, debe tomar medidas urgentes para resolver esta situación. Queda evidenciada la importancia de que el Ministerio se haga cargo del mantenimiento del tramo de 6 km desde el puente Simón Bolívar hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que tiene casi 3 años sin mantenimiento”, sostuvo Cepeda.
La solicitud de la Alcaldía de Soledad
El secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia, aseguró a EL HERALDO que al inicio de esta administración ya habían solicitado a la ANI que hiciera una valoración del puente Simón Bolívar.
“Quiero aclarar también que si bien es cierto que esta vía nacional une al Distrito de Barranquilla con el municipio de Soledad es corresponsabilidad de la ANI, a quien ya le habíamos solicitado desde el principio de la administración para que hiciera las verificaciones, valoraciones o mantenimientos que fueran necesarios”, dijo.
La administración municipal dio a conocer un oficio dirigido a la Agencia Nacional de Infraestructura, con fecha de marzo del presente año, en la cual se solicita una “intervención urgente” a las orejas de dicha estructura.
