El anuncio del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, de darle prioridad al pago de los saldos de opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3 ha generado cierto malestar entre los usuarios, expertos y gremios, teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro –el pasado 7 de mayo– se comprometió con asumir la totalidad de dicha deuda.
Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la costa Caribe, reiteró que el jefe de Estado fue claro al asegurar –desde el barrio La Esmeralda de Barranquilla– a que dichos saldos se convertirían en deuda pública de la Nación.
“El presidente Petro en ningún momento afirmó que la opción tarifaria la iba a pagar la Nación solamente para los estratos 1, 2 y 3. Por lo tanto había quedado claro que el compromiso adquirido era para pagar todo el saldo de opción tarifaria por alrededor de cinco billones de pesos”, expuso el líder de los usuarios.
Alarcón agregó que el cumplimiento del compromiso presidencial conllevaría a una reducción significativa en el componente de opción tarifaria, que actualmente en el Atlántico se encuentra en 236 pesos por kilovatio/hora.
A su turno, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, coincidió al asegurar que el anuncio del ministro Camacho es contrario a lo dicho por el presidente Petro desde la capital del Atlántico.
“El Gobierno solo asumirá $2.8 billones de los $4.8 billones que, según su valoración, es lo que se les debe a las empresas por concepto de la opción tarifaria, fiscalizándose exclusivamente a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 como beneficiarios, lo que les significará una reducción entre el 7% y 19% en sus facturas”, explicó el experto en temas energéticos a EL HERALDO.
Se mostró en desacuerdo con que los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 no reciban ese alivio y tengan que seguir pagando en sus facturas el cargo por concepto de la opción tarifaria hasta cubrir la suma de $2 billones.
En ese sentido, alertó que “hasta que el Gobierno no concrete el pago de los $2.8 billones a las empresas estas seguirán facturándome a todos los usuarios, como lo vienen haciendo desde enero, el pago de la opción tarifaria”.
Por su parte, Carlos Diago, experto en temas energéticos, expuso que el Gobierno está yendo en contravía a lo anunciado inicialmente al limitar dicho alivio solo a los estratos bajos.
“En ese sentido, los estratos bajos podrían ver la reducción de las tarifas en un término de 2 a 3 meses. Para que esa disminución sea mucho más notable, es necesario que se revoquen todas las resoluciones de la Creg que conllevaron a establecer un régimen tarifario especial para la Costa”, recalcó Diago.
Desde los gremios
Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), indicó que aunque hasta el momento se ha hablado de beneficiar a los usuarios de los estratos 1 al 3, “esperamos que se complete la operación hasta los sectores 4, 5, 6 industrial y comercial”.
Recalcó que cubrir la totalidad de la opción tarifaria en el país tiene un valor aproximado de $5 billones: “De acuerdo con el anuncio que hizo Findeter la semana pasada, la implementación de esto sería a través de unos créditos que haría a las distribuidoras y comercializadoras, para luego el Gobierno –a través del Ministerio de Hacienda–, recomprar esa deuda para mejorar su liquidez”.
Agregó que la reducción de las tarifas podría ser de hasta el 20 %, aunque “depende qué tanto le falta a cada una de las distribuidoras por cobrar de la opción tarifaria”.
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, destacó que el Gobierno ha dado “pasos fundamentales” para cumplir con el compromiso del presidente Petro. Sin embargo, recalcó que “falta mucho trabajo” y que se esperan anuncios con relación a la financiación de la opción tarifaria para los estratos 4, 5 y 6, así como para los sectores industrial y comercial.
“Puede ser un mecanismo que lo asuma el Estado o de refinanciar a un mayor plazo y que ese costo de la opción tarifaria en la tarifa no pese tanto; actualmente tiene un peso del casi 20 % de los hogares y las empresas”, sostuvo el líder gremial.
Mientras que Juan Camilos Oliveros, presidente del Consejo Gremial de Bolívar, recalcó que se debe revisar el mecanismo para cubrir los saldos pendientes e ir “superando” la crisis tarifaria en la región Caribe.
Encuentro en Cartagena
El ministro de Minas, Andrés Camacho, aseguró, durante una reunión realizada este jueves en Cartagena, que se viene avanzando en la materialización de la titularización de la deuda de la opción tarifaria, que se convierte en un alivio tanto para los usuarios del Caribe como del resto país.
“Seguimos aquí en esta tarea por trabajar en la reducción de las tarifas de energía en el Caribe y el mejoramiento de la calidad, pero por supuesto también en la materialización de la transición energética justa”, expuso.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sostuvo que salió confundido de dicho espacio, teniendo en cuenta que el Gobierno anuncia una disminución del 10 % de la tarifa al asumir la opción tarifaria en los estratos 1, 2 y 3, mientras que generadores y la Creg sostienen que las tarifas se incrementarán.
“Por algo debemos comenzar. Eso sí, mientras tanto o comemos o pagamos la luz, y ahí el Gobierno Nacional tendrá que intervenir más temprano que tarde, pues esto es una verdadera bomba social”, remarcó.
Asimismo, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, reiteró que la región vive una problema de seguridad alimentaria a causa de las altas tarifas de energía.
“Ya esto no es un tema de justicia social. Ya esto trascendió, se volvió un problema de seguridad alimentaria. Es urgente articular a Afinia y Air-e y al Gobierno para cerrar el hueco que hace que se incremente la tarifa”, puntualizó el mandatario.
