Desagrado e intranquilidad ha generado el planteamiento del presidente Gustavo Petro de reubicar a las comunidades que se encuentran asentadas en la ribera del Canal del Dique, como una solución a corto plazo ante los embates del cambio climático.
Líderes y autoridades del sur del Atlántico aseguraron a EL HERALDO que la propuesta del jefe de Estado va en contravía de las diversas soluciones que han formulado con base en el conocimiento del territorio que han habitado tradicionalmente.
Franklin Ortega, líder del sur del Atlántico, calificó como 'histórica' la visita de Gustavo Petro a Santa Lucía. Sin embargo, indicó que no se lograron establecer acciones que permitan atender las problemáticas que se presentan en la ribera del Canal del Dique.
'Esperábamos unas claridades y soluciones profundas, pero no fue así. No estamos de acuerdo con muchas posiciones y posturas que el presidente Petro quiso imponer desde su perspectiva', indicó Ortega en diálogo con EL HERALDO.
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En su concepto, la propuesta de una reubicación de las comunidades aledañas al Dique es 'inviable' e 'incoherente', debido a que 'en términos sociales es retrógrada'.
'Una reubicación puede salir mucho más costosa que las soluciones que los líderes le planteamos al presidente Petro en nuestras intervenciones. Nosotros manifestamos la necesidad de construir un muro, pero habló sobre lo sucedido en Leticia. En contraste a ello, vemos que el muro de Calamar está vigente', agregó el líder.
Gustavo De la Rosa, líder comunal de Suan, expresó que el planteamiento de Petro 'se sale de todo contexto y de la realidad'.
Dijo que al analizar el mapa de riesgo del departamento se puede notar que todos los municipios pueden inundarse debido a que la región está bordeada por el río Magdalena, el Canal del Dique y el mar Caribe.
'El Gobierno nacional no puede ser irresponsable en decir que el Atlántico está en un alto riesgo de inundación cuando históricamente siempre ha estado bañado por agua', dijo.
En ese sentido, el líder también cuestionó el espacio en el que se van a reubicar a los habitantes de los municipios de Suan, Santa Lucía, Manatí y Candelaria, los cuales se encuentran en el cono sur y serían los más afectados.
'Si después de la tragedia del boquete hemos subsistido con las obras de mitigación de riesgo que se han hecho, hoy el Gobierno quiere cambiar la historia del departamento', apuntó.
De la Rosa también indicó que el impuesto de valorización no aplicaría en el Atlántico porque 'ningún' terrateniente que bordea la margen del Canal del Dique tiene entre 200 y 300 hectáreas, sino más bien de una a cinco hectáreas.
También indicó que si se llegara a ejecutar la megaobra del Canal del Dique, el impuesto de valorización tendrían que pagarlo en Cartagena, debido a los beneficios económicos que se generan en la bahía.
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William Lastra, presidente de las comunidades del sur del Atlántico, consideró que el encuentro de las comunidades del cono sur con el presidente les dejó un 'desconcierto total', porque no tuvieron participación para hablar sobre sus necesidades.
'En los planteamientos de Petro no escuchamos soluciones inmediatas para prevenir una tercera catástrofe', expuso.
Lastra también llamó la atención de las autoridades locales y departamentales para que se sienten con las comunidades del sur y busquen una salida en conjunto, ya que los líderes comunales de esta región son quienes se han puesto al frente de la problemática, con el fin de prevenir una tragedia.
A su turno, Vanesa Torres, habitante de Campo de la Cruz, dijo que la llegada del presidente Petro fue 'desalentadora' porque no anunció lo que esperaba la población, que es el presupuesto planteado por los estudios de la Universidad del Magdalena por más de $30 mil millones para atender los puntos críticos en el Atlántico.
'Queríamos escuchar soluciones inmediatas, un parte de tranquilidad al saber que las obras de mitigación arrancarían ya, pero quedamos preocupados', afirmó Torres. Añadió que las reubicaciones que recomienda el Gobierno nacional son 'complicadas', porque la población de la tercera edad 'no va a querer desplazarse hacia otro lado'.
Las autoridades
Richard Gómez, alcalde de Campo de la Cruz, manifestó que la visita del jefe de Estado causó 'sinsabor' entre la comunidad, puesto que se esperaban soluciones en el corto, mediano y largo plazo para mitigar los riesgos de cara a la ola invernal.
Al mismo tiempo, el mandatario se refirió a la comparación que hizo Petro con la zona de La Mojana, respecto al impuesto de valorización que deberán pagar algunos habitantes.
'Este no es el caso del Atlántico, porque ningún propietario tiene 300 hectáreas; todos son medianos productores', señaló Gómez.
Por su parte, Evaristo Olivero Sanjuanelo, alcalde de Manatí, sostuvo que el panorama actual es triste porque no se vieron 'ilusiones' para que los municipios salgan adelante y hacerle frente a la venidera ola invernal.
Por ello, el alcalde Olivero enfatizó que no se apoyará la postura del Gobierno nacional de llevar a cabo una reubicación.
'Es nostálgico, porque si se van a retirar las poblaciones alrededor del Dique también se deberá incluir a Sabanalarga y algunos municipios de Bolívar, cuando es más económico cerrar los puntos críticos del Canal', argumentó.
Tres municipios, con zonas en 'alta vulnerabilidad' por ola invernal
La gobernadora Elsa Noguera informó que cinco corregimientos de tres municipios (Manatí, Santa Lucía y Campo de la Cruz) –más la cabecera municipal de Repelón– se encuentran en 'alta vulnerabilidad' puesto que el Embalse del Guájaro está aumentando su nivel y 'en cualquier momento podrían presentarse inundaciones'. En ese sentido, indicó que desde la administración departamental está trabajando en dos sentidos. Por un lado la identificación de las familias que están en mayor riesgo para una posible reubicación.
Por otra parte se contemplan las obras de mitigación que corresponden a los muros de contención y tener equipos para una eventual emergencia, con el fin de que se pueda 'bombear de una vez' para poder secar los territorios. Además Noguera puso de presente que se va a insistir ante el Gobierno nacional ejecutar los trabajos de mitigación, que ascienden a los $30.000 millones, con el propósito de proteger a las poblaciones del sur del Atlántico. Actualmente, desde la Gobernación se adelantan otro tipo de obras de prevención por el orden de $11.000 millones.
'Las obras son necesarias y las vamos a seguir haciendo. Ahora los recursos son bastante limitados; solo si se declara la emergencia podremos utilizar recursos de destinación específica para atender esas obras de mitigación', apuntó la gobernadora. Asimismo, anunció que avanza el censo de los puntos críticos sobre el Canal del Dique, específicamente en los puntos críticos que se han identificado en Santa Lucía y el Embalse del Guájaro. 'Seguimos monitoreando los diferentes puntos críticos en los que el Canal del Dique y el río Magdalena amenazan con erosionar los diques que nos protegen', expuso. Agregó que brindan apoyo a la Alcaldía de Santa Lucía en la atención de la emergencia que se presentó en la construcción de un muro, obra que ejecuta el municipio bajo interventoría de Cormagdalena para proteger un tramo dentro de su casco urbano.
En la más reciente visita del presidente Petro al Atlántico, la mandataria departamental le manifestó que las obras propuestas para protección en los puntos bajos de la zona del Guájaro y Polonia son un tablestacado enterrado sobre la orilla del Canal del Dique en Santa Lucía y dos diques de contención en Compuertas y Villa Rosa.
'Los mapas de riesgo en el país no están actualizados': minambiente
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó que se viene trabajando en la actualización de los mapas de riesgo en el país, de cara a la ola invernal que se avecina.
'El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está organizando los comités de crisis climática en cada municipio. Hemos encontrado que los mapas de riesgo no están actualizados en el país y entonces se están levantando mapas de riesgo comunitarios', expuso la funcionaria.
Muhamad fue enfática al sostener que 'hay que hacer todos los planes de prevención en zonas críticas para poder evacuar a la gente eventualmente antes de que haya una inundación; es una operación altamente costosa, pero se tiene que ir coordinando con alcaldes y gobernadores'.
De acuerdo con la funcionaria, el país ha vivido tres años de fenómeno de La Niña, lo que conlleva a tener un panorama más crítico.
'Los suelos están saturados, los ríos y embalses están demasiado altos y lo que se prevé en esta segunda temporada de lluvias es que en algunas zonas del país lluvias por encima del 30 y 50 por ciento de lo normal', aseveró.
Ante este panorama, la ministra de Ambiente expuso que 'si hay una gran acumulación de agua' se generarán riesgos importantes en las cuencas bajas de los ríos Magdalena y Cauca, así como en la zona Andina con los problemas de deslizamientos, los llanos orientales y el Caribe.
Para este fin de semana, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó incremento en la nubosidad y ocurrencia de lluvia en diferentes sectores del territorio nacional.
En el Caribe colombiano, según la entidad, son probables algunas lluvias moderadas en sectores del centro y sur de Córdoba, Sucre, Bolívar y La Guajira.
Además, se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en sectores aislados de Magdalena, Cesar y Atlántico. 'Las de mayor intensidad se prevén en el sur de Bolívar y sur de Sucre los días sábado y domingo'.
Inversión millonaria
Teniendo en cuenta el anuncio del Gobierno nacional de reubicar a las familias con mayor riesgo de ser afectadas por la ola invernal en el cono sur del Atlántico y el impuesto de valorización a los dueños de predios, EL HERALDO conoció por la carta catastral, suministrada por el Igac, que tan solo una persona cuenta con más de cincuenta hectáreas de tierra en el municipio de Santa Lucía. Los demás propietarios de tierras promedian 6.2 hectáreas. Cabe recordar que solo entre Manatí, Suan y Santa Lucía viven 42.000 personas, por lo que para reubicar a esta población se necesitaría construir cerca de 11.000 viviendas de interés social, que tienen un valor de $80 millones cada una. Asimismo, se deben construir cinco megacolegios, con un costo de $20 mil millones cada uno. En total, construir todas las viviendas para los damnificados tendría un costo cercano a los $880.000 millones.
