Los demandantes argumentaban que los calificativos de presidente son “estigmatizaciones que sexualiza y descalifica profesionalmente a las mujeres periodistas, afectando su credibilidad y seguridad”.
La empresa había expresado que el ente de control vulneró sus derechos por convocarla a un proceso de reorganización, al presentar cesación de pagos.
Esto luego de que el menor criticara una clase de educación sexual sobre la “transformación de la homosexualidad”.
El proceso corresponde a la investigación por la presunta violación de topes de financiación de su campaña a la Presidencia.
El recurso había sido interpuesto por el ciudadano John Alexander Echeverry Ocampo.