El caso, vinculado al presunto blanqueo de 100 millones de dólares en Energoatom, ha generado presiones internacionales y obligado al presidente ucraniano a cesar a dos ministros y a prometer transparencia en plena crisis energética.
Los abogados del antiguo dirigente habían presentado la solicitud de puesta en libertad al poco de su entrada en la cárcel argumentando, entre otros puntos, que su cliente no representaba un peligro a la hora de destruir posibles pruebas.
Tiene que ver con presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras de reconstrucción de Mocoa.
Yván Gil cuestionó que “mientras Bruselas impone recortes, exige ajustes y limita los presupuestos de salud, vivienda y empleo en sus propios Estados miembro, anuncia con orgullo nuevos millones para ‘ayuda humanitaria’ a Venezuela”.
La propia fiscal del caso y abogados defensores pidieron que en las diligencias, adelantadas de manera virtual por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sitionuevo, Magdalena, no estuvieran prensa ni terceros. Agencia fiscal manifestó que había una “segunda etapa” en la investigación, por eso pedía el retiro de los vinculados a través de un enlace.