En ese entonces, Guevara era viceministro de Hacienda y sostuvo conversaciones comprometedoras con la asesora de Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides.
Asimismo, fueron imputados dos exfuncionarios y un particular que trabajaba para la corporación cultural con la que se firmó el contrato.
La defensa de la procesada solicitó el aplazamiento de la diligencia por declaraciones que debe rendir ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con el ente acusador, el equipo de fiscales consideró que la colaboración que la exfuncionaria ofrece a la justicia se funda en “información confusa, contradictoria y no sustentada”.
Hay que depurar las instituciones como la fiscalía, la contraloría y la procuraduría, deben ser sometidas al máximo control y depuración, igualmente debe ocurrir con las fuerzas militares y la policía, instituciones que han sido infiltradas por la corrupción, si quien debe ejercer el control y garantizar la integridad está corrompida no existe la posibilidad de un cambio.