El próximo viernes 4 de febrero el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sincé, con funciones de control de garantías, decide sobre la medida de aseguramiento contra el exalcalde del municipio de Galeras, Remberto Amell Hernández, exfuncionarios de su administración y contratistas.
Así quedó establecido la noche de este viernes cuando un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción, en Bogotá, terminó de sustentar el pedido de casa por cárcel para los procesados que aceptaron los cargos que le fueron imputados y que se relacionan con un 'entramado de corrupción que ocasionó la pérdida de recursos destinados a la pavimentación de vías en Galeras'.
Los cargos imputados y aceptados fueron: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.
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La Fiscalía pidió la detención domiciliaria debido al preacuerdo que llegó con los defensores del exalcalde Remberto Amell; con el entonces secretario de planeación Carlos Eduardo Cueto Corrales, y los contratistas Lila Margarita Aldana Argel y Jorge Carlos Álvarez Rivero.
El ente investigador-acusador ha querido que estas audiencias, que ya completan una semana, se desarrollen de manera reservada dada la calidad de los demás implicados, entre ellos congresistas, que no han sido capturados y que podrían torpedear la investigación.
En las últimas horas la Fiscalía se pronunció sobre este proceso a través de un comunicado de prensa indicando que el exalcalde Amell, otros funcionarios y particulares se habrían aliado para quedarse con varios contratos de obra pública, cuyo valor superó los 13 mil 200 millones de pesos.
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'La Fiscalía General de la Nación obtuvo abundante material de prueba y evidencia física que permitió desarticular una supuesta red de corrupción que habría entregado dádivas para quedarse de manera irregular con varios contratos y apropiarse de dineros públicos dispuestos para la pavimentación de vías en Galeras (Sucre)', indicó el ente acusador.
De acuerdo con la investigación, el entonces mandatario, supuestamente, acudió a un representante a la Cámara y a una senadora de la República para que mediaran ante Prosperidad Social (DPS) para que el municipio recibiera recursos del orden nacional, con el propósito de reparar la malla vial.
Finalmente, a la administración de Galeras (Sucre) le fueron asignados 13.212 millones de pesos. Por la gestión, los congresistas habrían recibido el 15 % de la suma desembolsada. Con el millonario rubro suscribieron, mediante licitación pública, tres contratos de obra.
Los funcionarios, presuntamente, direccionaron la contratación en los tres procesos contractuales, en beneficio de unas empresas específicas. Al parecer, estructuraron los pliegos de manera amplia, los modificaron y los entregaron con antelación a los oferentes de su interés.
Adicionalmente, hay evidencia de que se redujo el tiempo de la licitación para evitar la participación de otras empresas y fueron presentadas ofertas falsas para facilitar el camino de quienes finalmente se quedaron con los contratos.
Por esta actuación, el entonces alcalde, supuestamente, recibió 50 % de las ganancias netas del primer contrato de obra.
