Eduardo García"Son intensos los operativos que realizan cerca de mil hombres de la Fuerza Pública para dar captura a los responsables del asesinato de los universitarios.

El mar de leva, que a comienzos de año golpeó severamente las playas del Golfo de Morrosquillo, dejó a su paso no solo decenas de viviendas destruidas y cientos de damnificados, sino que también sacó a flote cualquier cantidad de bolsas de cocaína que se encontraban enterradas en la zona costera, listas para ser embarcadas y exportadas a México y Estados Unidos.

La desaparición del cargamento, atribuido al fenómeno natural, ha desatado un guerra sin cuartel entre las bandas criminales que manejan el negocio del tráfico de cocaína en Córdoba y Antioquia, quienes desde hace varios años pelean a sangre y fuego el dominio territorial y el mercado internacional de la droga. 
 
El enfrentamiento fratricida ha tenido como epicentro al departamento de Córdoba, antiguo fortín militar de los llamados grupos de autodefensas, liderados por el desaparecido Carlos Castaño y el extraditado Salvatore Mancuso. 
 
La lucha por el control territorial y por el mercado internacional de la droga ha convertido a Córdoba, y a la zona costera del Golfo de Morrosquillo, así como al Golfo de Urabá, en territorios vedados para turistas y hasta para las propias autoridades, que asisten impotentes al enfrentamiento de las bandas criminales. En otros casos, no solo es impotencia sino complicidad con las mismas, lo que ha terminado por crear una poderosa alianza criminal, que debe ser combatida cuanto antes por el Gobierno Nacional si no quiere que esa extensa zona de la Región Caribe termine siendo ‘tierra de nadie’.
 
El vicepresidente Angelino Garzón, con buen tino, afirmó que en Colombia hay zonas en las que “las bandas criminales se pasean como Pedro por su casa”. Una de ellas es, sin duda, la zona costera de Córdoba, donde miembros de la banda de Los Urabeños, bajo el mando de Roberto Vargas, alias El Gavilán, acaban de asesinar en inmediaciones de San Bernardo del Viento a los jóvenes Mateo Matamala Neme y Margarita Gómez Gómez, estudiantes de biología de la Universidad de los Andes, quienes se encontraban en la región haciendo trabajos de campo para su tesis de grado, ajenos completamente a la guerra que se ha desatado entre las llamadas ‘bandas emergentes’. 
 
El asesinato de los jóvenes estudiantes ha conmovido al país y ha puesto sobre el tapete el drama que hoy viven los habitantes de Córdoba, quienes en los últimos años –luego de la desmovilización de los llamados grupos paramilitares– han visto cómo las ‘bandas emergentes’ ejercen pleno dominio en varias zonas del departamento, sin que las autoridades pongan freno a su comportamiento criminal. No más el año pasado fueron asesinadas en ese departamento 585 personas.
 
¿Qué pasó con la política de seguridad democrática en Córdoba? ¿Quiénes son los principales protagonistas de la guerra por el territorio y el mercado de las drogas ilícitas en ese departamento? ¿Dónde están las autoridades, que se han visto desbordadas por las bandas criminales?
 
‘Los Urabeños’  vs ‘Los Paisas’
 
La captura de alias ‘Don Mario’, jefe máximo de ‘Los Urabeños’, así como los golpes que en los últimos meses ha recibido la llamada ‘Oficina de Envigado’, cuyo brazo militar en las zonas rurales de Antioquia y parte de la Región Caribe es la llamada banda de ‘Los Paisas’, produjo una lucha interna en ambas organizaciones por el control dentro de las mismas. De hecho, las autoridades tienen información acerca de depuraciones internas, encaminadas a desaparecer presuntos delatores y traidores en ambas organizaciones criminales. Hoy por hoy, unos y otros pelean a muerte por controlar los puertos de embarque y las rutas de la droga que sale por las costas de los golfos de Urabá y Morrosquillo. En esa guerra participan antiguos socios de jefes paramilitares desmovilizados, así como aliados de otros que han sido capturados, varios de los cuales contarían con el respaldo de autoridades civiles, militares y de Policía. A ello se suma el surgimiento de unos ‘jefes emergentes’, que aspiran a tener su propio negocio, con sus propias rutas y poder así desmontar a quienes tradicionalmente han tenido el dominio sobre el negocio ilegal.
 
Otra batalla perdida
 
La desmovilización de más de 30.000 hombres pertenecientes a los llamados grupos de autodefensa fue considerada, en su momento, como uno de los grandes logros del gobierno de Álvaro Uribe. Nunca antes en la historia del país un gobierno había logrado semejante cifra de desmovilizados por parte de una organización criminal. Los hechos, sin embargo, han demostrado que dicho proceso de pacificación no contó con el acompañamiento suficiente que garantizara el éxito del mismo, pues buena parte de dichos desmovilizados hoy integran las llamadas Bandas Criminales (Bacrim), que campean en todo el territorio nacional. ¿Cuántos desmovilizados de las autodefensas se mantienen en la civilidad y cuántos retornaron al monte a seguir haciendo lo que siempre han hecho porque el Estado no supo reinsertarlos a la sociedad? Esas preguntas sería muy bueno que el Gobierno las respondiera. Prácticamente, no hay departamento donde las autoridades no tengan conocimiento de la existencia de una Bacrim, lo que demuestra que esa tarea quedó pendiente por parte del anterior gobierno. Es, por lo menos, otra batalla perdida.
 
¿Qué pasa en Córdoba?
 
La cifra de casi 600 asesinatos el año pasado en Córdoba demuestra la gravedad de la situación que hoy atraviesa ese departamento. La gobernadora Marta Sáenz no se cansa de clamar ayuda al Gobierno Nacional y a las autoridades militares y de Policía para que adopten medidas efectivas que pongan fin al drama que viven los cordobeses.  En lo que va de 2011 ya se han cometido 30 crímenes en el Departamento, entre ellos los de Mateo Matamala Neme y Margarita Gómez, víctimas inocentes de una guerra absurda que tiene a Córdoba viviendo una de sus mayores crisis en los últimos años. ¿No previó el gobierno anterior que dejar sueltos y sin mayores controles a un buen número de excombatientes paramilitares podría prestarse para que los mismos pasaran a engrosar las filas de grupos criminales y cuyo único fin es cobrar una cifra de dinero por cometer uno o más asesinatos? ¿Cuáles son las medidas que el actual gobierno piensa diseñar y ejecutar para poner fin a la tragedia que hoy vive Córdoba? ¿Qué están haciendo las autoridades para separar de sus cargos a miembros de las instituciones armadas involucrados en escándalos de corrupción? Son muchas las preguntas que hay que responder si en verdad se tiene el propósito de ayudar al departamento en este difícil trance que atraviesa.
 
Esa región necesita un ‘doliente’
 
Durante el mandato de César Gaviria, y dada la gravedad que en materia social y de orden público atravesaba la región del Urabá antioqueño, el Gobierno decidió crear una Alta Consejería para que se apersonara del asunto y trabajara de la mano con gremios productivos, sector empresarial e Iglesia Católica con el fin de encontrar soluciones efectivas a la crisis. Gaviria nombró al exconsejero de paz José Noé Ríos, quien fijó su residencia en la zona y diariamente le reportaba al Presidente todos y cada uno de sus avances. Ríos fue durante muchos meses el ‘doliente’ del Urabá antioqueño, hasta que el Gobierno consideró que había cumplido su misión. Córdoba hoy necesita un ‘doliente’ que le reporte al presidente Juan Manuel Santos todo lo que pasa en el departamento y que sea de su plena confianza. En el pasado reciente, ese doliente no fue otro que Álvaro Uribe Vélez, quien no solo tiene propiedades en el departamento, sino que ha estado vinculado al mismo por muchos años.
 
Por: Óscar Montes
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