Las aguas de la ciénaga de Ayapel y el río San Jorge y otras fuentes naturales de la región del San Jorge tienen un alto porcentaje de mercurio, según estudios de la Universidad de Córdoba.
La razón del alto grado de contaminación es consecuencia de la minería ilegal de oro en esa región, debido a que, cada día gran cantidad de mercurio se vierten en las fuentes de agua. Sin embargo, es poco lo que las autoridades ambientales han hecho para controlar esa situación.
Siempre que se habla de minería ilegal de inmediato sale a relucir el hecho de que esta financia a los grupos armados ilegales, pero poco se habla de que miles de personas están consumiendo agua contaminada en Puerto Libertador, San José de Uré, Ayapel y Montelíbano, solo en Córdoba.
Según agentes de la Policía ambiental, por cada gramo de oro que se extrae se necesitan dos gramos de mercurio, lo que indica que los niveles de contaminación en la región son altísimos, teniendo en cuenta la alta producción de oro en esa zona del país.
El mercurio es el elemento químico número 80 es un metal pesado, plateado, dañino para la salud por inhalación, ingestión y contacto, los efectos nocivos del mercurio son transmitidos de la madre al feto y pueden causar daño cerebral, retraso mental, falta de coordinación, ceguera e convulsiones e incapacidad para hablar.
No hay plata
Sandra Bessudo, exalta consejera para la Biodiversidad y actual directora de la agencia de cooperación internacional, dijo que el precio que tendrá que pagar el país por la explotación ilegal de minas es de 19 billones de pesos para recuperar las tierras y zonas afectadas por la deforestación y la contaminación.
Lo más preocupante es que no hay recursos para invertir y que se necesita entre 25 y 40 años para que se pueda reparar el daño ambiental.
Cómo se extrae el oro
Una retroexcavadora tumba la montaña, una motobomba saca agua del río, arroyo o ciénaga con una turbina, que luego los mineros la mezclan con la tierra que va sacando la retroexcavadora. Si hay oro, éste, al ser el elemento más pesado, se decanta y lo tiran por una máquina clasificadora, que tiene mercurio adherido para que el oro se pegue a él y luego por un proceso químico lo vuelven a separar. El mercurio y todo lo que sobra se va a la fuente de agua natural.
Expuestos
Además del peligro que representa ese elemento químico, la sedimentación y la erosión como consecuencia de la explotación es evidente en la región del San Jorge, y eso ha causado avalanchas e inundaciones en la zona. En abril de 2009, una avalancha en río San Pedro causada por la minería ilegal arrasó con el pueblo de San Juan en Montelíbano, Córdoba.
De las fuentes de agua de la región se benefician campesinos, agricultores, ganaderos y varios pueblos que se encuentran asentados en las orillas de las mismas.
El gobierno lo sabe
El mismo presidente Juan Manuel Santos denunció que grupos criminales, que practican la minería ilegal, están acabando con el medio ambiente y envenenando a los habitantes en la región del San Jorge en Córdoba, pero pese a la denuncia los controles no son suficientes.
“En esta región ya se están viendo malformaciones de los niños recién nacidos, que tienen que ver directamente con la presencia de mercurio en el agua de estos humedales tan importantes para nuestra biodiversidad”, afirmó el Presidente, anuncios que son corroborados por los estudios realizados por la Universidad de Córdoba. Los estudios no sólo revelan la presencia de mercurio en el agua sino en Los peces y animales.
Recientemente la Procuraduría General de la Nación, emitió un concepto en el que señala que los parámetros legales expedidos para regular y legalizar la minería no son objeto de estudios previos.
Destaca el informe que la minería ilegal evade importantes sistemas de control sobre los recursos naturales renovables, como es el caso de la licencia ambiental; se exonera del pago de cargas tributarias establecidas por el Estado, así como de las regalías que la producción debe generar para la protección ambiental y cobertura en salud y educación.
Señala además que las explotaciones ilegales, en algunos casos, se desarrollan en áreas de una especialísima protección ambiental como parques naturales, páramos y zonas de reserva, las que, al hacerse sin ningún control, pueden ocasionar daños irreparables a ecosistemas protegidos.
La Procuraduría reitera que este tipo de actividad, al permanecer en la ilegalidad, se aleja de cualquier régimen laboral que le permita a los trabajadores de las minas acceder a los beneficios de la seguridad social y ocupacional, y señala que una gran mayoría de quienes se ocupan en la minas ilegales son menores de edad y mujeres cabeza de familia.
A trabajar por la solución
El Ministerio Público señala que es necesario que los alcaldes, gobernadores y las autoridades ambientales tomen cartas en el asunto y ayuden a cerrar las minas ilegales. En el mismo sentido, considera inaplazable fomentar desde la institucionalidad una minería responsable y ambientalmente sostenible.
Por: Barney Berrocal Mendoza
Montería
