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Habitantes de la vereda Caño Negro, en El Carmen de Bolívar, retornaron con acompañamiento institucional.
Región Caribe

Otra vez suenan los disparos en los Montes de María

Líderes sociales denuncian el retorno de las amenazas, los asesinatos selectivos y los desplazamientos en esta subregión.

Al menos 10 homicidios se han registrado en los últimos dos meses en la subregión del Caribe colombiano conocida como los Montes de María, un territorio de consolidación, donde la guerra parecía haber terminado. 

Hace unos 20 días, según contó un líder social del corregimiento de El Carmen de Bolívar, unas personas armadas llegaron a la vereda Caño Negro al mediodía y asesinaron a dos personas. “No estaban amenazados, solo llegaron, los sacaron y los mataron”. 

Contó que estaban rozando el monte cuando cinco sujetos armados los seleccionaron, entre varias personas, y se los llevaron a un árbol. Allá los mataron. “El penúltimo fue un homicidio de un señor que vino de Tierralta, Córdoba, un reincorporado que se trasladó a Caño Negro a cuidar  una finca. También lo mataron”, aseguró.

En total –denunció–, en los últimos dos meses se han registrado al menos dos asesinatos en el municipio de Zambrano y cinco en la vereda Caño Negro, en El Carmen de Bolívar. 

El último homicidio fue el del señor Enrique Medina, un campesino reconocido por la comunidad, era una de las personas más antiguas en la vereda, no tenía antecedentes judiciales y tenía más de 70 años. 

La madrugada en la que se le presentó la muerte, Medina se levantó a ordeñar una vaca, según contó el líder social. Pero la leche no alcanzó a salir del animal porque dos sujetos armados llegaron. La familia del señor salió a protegerlo, pero estos, los señores de las armas, ordenaron: “Enciérrense, quédense quietos”. 

La orden era quedarse encerrados en un corral y no volver a salir, pasara lo que pasara. 

Entonces sonaron los disparos. La vida de Enrique Medina terminó el 12 de agosto de 2020. ¿Por qué lo mataron? Las autoridades aún no lo saben. 

El líder social de El Carmen de Bolívar refirió que Medina era un reclamante de tierras. “Él había comprado dos parcelas y una de ellas la perdió en el proceso de restitución de tierras, pero se quedó en la otra. Era una persona servicial, amigo de todos y no tenía antecedentes de nada. Por eso la comunidad se asusta y decide desplazarse”. 

Otro líder social de los Montes de María tiene una suma más amplia: “El mes pasado mataron a Lucho Pacheco, allá en San Isidro. Van cinco en Caño Negro, dos en Zambrano, dos más en la alta montaña, en los corregimientos de San Isidro y Lázaro, y como unos cuatro en el casco urbano”.

El líder social de Montes de María, quien se encuentra fuera del territorio desde hace más de seis meses debido a amenazas, afirmó que hay varias veredas en las que están planeando un desplazamiento, porque la presencia de grupos armados se hace más permanente cada día y la presencia estatal, cada vez, más ausente. 

“No puedo decirle los nombres ahora porque los pongo en riesgo, no quiero alarmar. Pero están bajo el mando radical del ‘Clan del Golfo’, allá no entran carros ni motos, los tienen abriendo una vía, en una de las veredas, para salir a la transversal de los Montes de María. Son como unos 20 kilómetros, ahí los tienen abriendo la vía a punta de pico y pala”.

Según este mismo líder social, las familias de estas veredas están esperando el momento para escapar. “Los grupos armados no siempre están visibles, a veces se van a sus campamentos, allá en una montañita, y ahí es cuando la población aprovecha para huir”.

El Desplazamiento

Desde las 3:00 a.m., la familia de Enrique Medina permaneció en el corral sin salir, aún después de los disparos, hasta que llegó el señor que recoge la leche. 

Caño Negro es una comunidad de aproximadamente 48 parcelas, con cerca de tres viviendas en cada una. Más de 100 familias viven en la zona, se desplazaron, después del asesinato de Medina, unas 37. “Las que se registraron, porque hubo unas que no lo hicieron”, aclaró el líder social. 

Según la Alcaldía de El Carmen de Bolívar regresaron 32 familias. “Solo faltan cinco familias, que son las de los hijos de la persona que, desafortunadamente, perdió la vida. Estamos trabajando para darles todo el acompañamiento psicosocial”, expresó el alcalde del municipio, Carlos Torres Cohen, en compañía de la Armada Nacional, la Policía, la Procuraduría, la Personería y una brigada médica. 

La horrible noche sin retorno

Tres semanas han pasado desde la horrible noche del 27 de julio, cuando un grupo armado irrumpió en la tranquilidad de la vereda La Cabaña y asesinó a tres personas con arma blanca.

Esa misma noche  el grupo visitó cada una de las casas de la población y ordenaron que abandonaran todas sus pertenencias en el menor tiempo posible o, de lo contrario, serían decapitados por rehusarse a cumplir el ultimátum.

Desde entonces las familias acudieron a casas de familiares y conocidos en el casco urbano de San José de Uré; mientras que la gran mayoría se aglomeró en el polideportivo Centro de Integración Ciudadana del barrio La Esperanza, en esa localidad.

En total se desplazaron  67 familias, 279 personas en total: 52 menores de edad, 105 mujeres (de las cuales hay una embarazada), dos personas en condición de discapacidad y varios adultos mayores. 

No se sabe a ciencia cierta de qué bando provienen las reiteradas amenazas. En la zona las autoridades reconocen el accionar de la banda criminal ‘Clan del Golfo’ y de ‘los Caparros’, que se disputan el control de las economías ilícitas.

Entre el miedo y el mutismo, los campesinos solo atinan a decir que se trata de hombres armados, sin dar muchos detalles, solo esperan que la escalada de violencia merme para poder regresar a sus lugares de origen, a sus cultivos, a sus hogares e, incluso, a sus colegios para el caso de los menores de edad.

La disputa por la tierra

Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, la 006 de 2020 emitida el 20 de marzo, advierte de la situación  de violencia que se está viviendo en 23 corregimientos y 81 veredas del municipio El Carmen de Bolívar. 

Según la alerta, El Carmen de Bolívar es “de lejos el municipio con más solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas en el departamento de Bolívar”, con el 37,2% de las solicitudes. En total son 2.450 que cobijan a más de 46.265 hectáreas. 

En un artículo de investigación de los profesores de la Universidad de Cartagena Amaranto Daniels Puello y Francisco Méndez Beltrán, titulado ‘Los Montes de María: entre la fragilidad institucional y el regreso al pasado’, se citan los incumplimientos por parte del Estado en la aplicación de una reforma rural, como se señala en el Acuerdo de Paz. 

“Lo que se puede decir es que no se ha entregado ni una hectárea a los campesinos montemarianos afectados por el conflicto armado, además de existir lentitud en las entidades responsables de recuperar los baldíos que fueron acumulados por terratenientes a través de mecanismos jurídicos no muy convincentes”, se lee en el artículo. 

Daniels explicó que uno de los problemas que hay en los Montes de María es que tras haber sido desplazados varios habitantes de esta zona del Caribe colombiano, durante la época de los 90 y 2000,  han regresado a reclamar las tierras que abandonaron por la violencia. Sin embargo, están siendo ocupadas por otras personas. Mientras el litigio se resuelve, la disputa por la tierra se recrudece y coinciden con olas de asesinatos. 

No obstante, aun cuando a través de un mecanismo jurídico logran recuperar el predio que habían abandonado, el escenario no es muy distinto. También los matan. 

En la alerta de la Defensoría del Pueblo se lee que el pasado 5 de noviembre de 2019 encontraron el cadáver de José Crisanto Urueta, víctima de desplazamiento forzado, a quien mediante sentencia judicial le habían restituido el predio La Lorna, en el corregimiento de El Salado. Lo encontraron con heridas en el cuello, barro dentro de la boca y tirado en un jagüey. 

Daniels agregó, en el artículo, que luego de ocho años del funcionamiento del Programa de Restitución de Tierras, iniciado en 2012, solo han regresado 40 mil hectáreas de 100 mil que se calculan fueron despojadas mediante la compra de predios abandonados en la época de mayor desplazamiento forzado y violencia.

En el mismo artículo de los profesores Daniels y Méndez se hace referencia a la entrega que hizo la Presidencia de 1.069 títulos de casa-lotes en los corregimientos de Montes de María. 

“Hay una crisis en la implementación del Acuerdo de Paz en los Montes de María, cómo se inauguran unos lotes y se invierte ese dinero y lo que entregan son casa-lotes, es decir, no parcelas o predios en actividad productiva”, cuestionó Daniels. 

Control territorial

Otra de las razones del desplazamiento es el control territorial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’. La Defensoría, desde el 20 de marzo, alertó de la presencia de más de 200 hombres armados que se movilizan por varias veredas y corregimientos. 

“El alto grado de control sobre esta zona les ha permitido establecer lugares específicos para realizar reuniones, para citar a la población, para impartir instrucciones e incluso adelantar ejercicios militares como práctica de polígonos. Tal es el caso de los corregimientos de Lázaro y Macayepo. En este último, las acciones de las AGC derivaron en el desplazamiento de uno de sus liderazgos luego de recibir amenazas e intimidaciones tras el asesinato de dos indígenas”, se lee en la alerta 006 de 2020. 

El profesor investigador Daniels Puello puso de presente que en una extensión de 6.400 kilómetros, hay 225 policías en las cabeceras y 90  hombres de infantería de dos batallones. “No hay un texto escrito que diga cuáles son las estrategias y el diagnóstico que afecta la seguridad y no se evita la extorsión”, indicó. 

Agregó que otra fragilidad que hay en el territorio es que la responsabilidad de la seguridad ciudadana y los Derechos Humanos recae sobre la Fuerza Pública y Fiscalía. “Los alcaldes y gobernadores no asumen su responsabilidad”, señaló. 

Reclutamiento
  
El líder social de Montes de María contó, además, las prácticas de reclutamiento que se están llevando a cabo en la zona. “La estructura utiliza un reclutamiento muy elegante, digamos, les pagan.  Entonces siempre está la tentación, un pago fijo de un millón de pesos mensual y si no están haciendo nada lo ven como una oportunidad”, describió. 

Manifestó su preocupación porque “mucha gente de las veredas” se ha unido a las filas del grupo armado. “En especial jóvenes entre 17 y 25 años están ingresando”, lamentó. 

El Carmen de Bolívar es un municipio con altos niveles de pobreza. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas es del 41,49% y el de miseria es de 15,77%. En la zona rural, aumenta al 65.01% y a 30, 71% respectivamente. 

Según información del Plan de Desarrollo 2016-2019, la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años es del 26.6% y el 39% de los jóvenes no tienen acceso a los dos últimos grados escolares, solo el 10% accede a educación superior y no hay oferta de programas de modalidad técnica.  

Pero aun la decisión de decirle no al grupo armado implica un riesgo de seguridad para la población civil. En la misma alerta de la Defensoría se menciona el caso de Edwin Enrique Fernández Leones, residente del corregimiento de Macayepo, quien había comunicado a personas cercanas que sentía temor porque estaba recibiendo ofrecimiento para vincularse a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Sin embargo, nunca se atrevió a denunciar. No aceptó el ofrecimiento y lo mataron.

Sumidos en el olvido

EL HERALDO habló con varios líderes y habitantes de la comunidad de El Salado. Después de varios intentos para que la llamada pudiera entrar, una de las mujeres de la zona contó que les preocupa el hecho de que por largas horas permanecen sin señal de comunicación.

“Duramos varios días sin señal y no hay internet. En toda la zona rural no hay comunicación. Eso es una angustia tremenda y hay zonas, por ejemplo, en Caño Negro, la zona baja de El Carmen, rumbo a Zambrano, en donde no hay señal. Ni siquiera hay radio, son 35 kilómetros sin señal de nada. Uno envía mensajes de texto para comunicarse, para que cuando se suban a los cerros a capturar señal puedan leer que es lo que uno les está escribiendo. Por allá no hay ni una antena rotativa, de ningún operador”, denunció el líder social de El Carmen de Bolívar. 

En la alerta de la Defensoría también se manifiesta que de 520 km de vías terciarias existentes, el 80% se encuentra en mal estado. “Las dificultades para la movilidad de los habitantes de las zonas rurales configuran un factor de vulnerabilidad en un contexto de riesgo advertido”, indicó la Defensoría. 

Los Montes de María se consolidan, así, como una subregión con varias veredas y corregimientos encerrados, sumidos en el olvido, sin agua potable, alcantarillado, vías de conexión y sin comunicación. Pueblos de un mismo país que son olvidados por el Estado, en donde los enfrentamientos entre grupos armados delincuenciales, 'Clan del Golfo' o AGC y disidencias de FARC, se disputan el territorio. 

En esta guerra de fuego cruzado, la población civil queda expuesta. A los desplazados que reclaman tierra, los visita la muerte y a los que por terror deciden quedarse fuera del territorio, cargando la estigmatizada categoría de desplazados, la pobreza es lo más certero que les depara el futuro.

Mientras que los homicidios van creciendo, los líderes sociales se van silenciando. Por temor a la muerte, ya que están amenazados, este artículo no identifica a los defensores sociales.

“Si usted pone mi nombre, me matan”, esa es la certeza más grande que tienen los líderes sociales en un país que les ha respondido solo con un chaleco antibalas y un celular cuando denuncian que han sido amenazados.  

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