La violencia y el fraude amenazan las elecciones en la región Caribe
La Misión de Observación Electoral y la Defensoría se han mostrado preocupadas por cómo será la jornada de elecciones en varios municipios de la Costa Atlántica.
Los panfletos amenazantes, los atentados sicariales, los ataques a la fuerza pública, la compra de votos y el clientelismo son algunos de los factores que ponen en riesgo las elecciones en 2022 a lo largo y ancho de la región Caribe.
Desde diferentes direcciones suenan las voces de alerta, la Misión de Observación Electoral, MOE, la Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones defensoras de derechos humanos, han emitido informes sobre el peligro que aflige a las distintas poblaciones de la Costa Atlántica, sobretodo en el sur de Córdoba, los Montes de María (Bolívar y Sucre) y el Cesar.
En Córdoba son siete los municipios que están bajo amenaza alta de violencia electoral, advirtió la Defensoría del Pueblo en su más reciente alerta temprana, haciendo referencia a Tierralta, San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia, Montería y Sahagún.
De acuerdo con el organismo, estos municipios representan un riesgo alto en materia de violencia electoral y vulneración de los derechos a la población en medio de los procesos electorales que se avecinan.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó a las autoridades a brindar todas las garantías para el ejercicio democrático en estas poblaciones donde el mayor riesgo lo representan los grupos al margen de la ley, que podrían incidir en el proceso electoral.
“En este proceso se deben extremar las medidas para las curules de paz, sobre todo luego de conocer los nombres de los ganadores en los comicios, pues el Estado deberá brindarles las garantías para el ejercicio de sus nuevos espacios democráticos”, afirmó Camargo.
Sostienen que el objetivo de esta alerta es que el Estado ejerza acción preventiva sobre los riesgos que se ciñen en las comunidades, especialmente el sur del departamento de Córdoba, donde además se elegirán por primera vez en la historia a los integrantes de las Circunscripciones Especiales de Paz.
La MOE, por su parte, reveló que Córdoba es el departamento de la región Caribe con mayor número de municipios (4) que presentan riesgos de violencia con un índice extremo, seguido de Bolívar, con Montecristo y Morales, dos territorios en los cuales los grupos al margen de la ley se han afincado en los últimos años, causando miedo en la población y acabando con la poca democracia que hay en la zona.
Asimismo, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación desde la semana pasada por las presuntas irregularidades presentadas en la inscripción de cédulas de ciudadanía en los 15 municipios de la región Montes de María, en los departamentos de Sucre y Bolívar.
Las irregularidades se habrían presentado en las poblaciones de Toluviejo, San Onofre, San Antonio de Palmito, Ovejas, Morroa, Los Palmitos, Chalán y Colosó, en Sucre; y en El Carmen, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, en Bolívar.
Para el caso de Montes de María, en Sucre, la MOE indica que hay 2 municipios en riesgo alto y 2 en riesgo medio por el tema de violencia, y por riesgo extremo indirecto de fraude electoral reporta 4: Colosó, Los Palmitos, Morroa y Toluviejo.
“Montes de María, Caquetá y Bajo Cauca son las únicas circunscripciones que tienen municipios con un riesgo extremo por este factor (fraude). Al respecto, la MOE recomienda a las autoridades electorales, Procuraduría, Fiscalía y Policía Nacional adoptar las medidas necesarias para prevenir e investigar oportunamente acciones indicativas de delitos o irregularidades contra el proceso electoral como la trashumancia electoral, compra de votos”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE.
La Fundación Social Departamental Córdoba Controversial, Cordoberxia, organización promotora y defensora de derechos humanos, emitió un informe especial titulado ‘Riesgo Electoral en el Sur del departamento de Córdoba’, en donde advierte que el escenario de riesgo se agudiza debido al recrudecimiento de la violencia contra la población civil, con factores de amenaza.
“En los municipios del sur de Córdoba los líderes, lideresas, candidatos y candidatas han expresado la existencia de riesgos asociados a amenazas de campañas rivales y al posible apoyo económico a ciertas candidaturas de bandas criminales para posteriormente incidir desde el parlamento, en las esferas de poder departamental y local para favorecer el mantenimiento de sus actividades ilícitas, lavado de activos”, señala el informe.
Cordoberxia indicó además que “estos son hechos que configuran riesgos frente a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de la población civil y el Derecho Internacional Humanitario, DIH, a la luz de las obligaciones en cabeza del Estado colombiano. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo continúan siendo la principal fuente de riesgo para la población civil en Córdoba”.
Según la fundación, la reciente captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, y la desarticulación de gran parte de la primera línea de mando de las AGC no parecen haber afectado su accionar criminal, control territorial y capacidad de daño. Por el contrario, su poder continúa intacto y ningún otro actor armado ilegal ha entrado a disputar el supuesto vacío de poder que representaría, a juicio de las autoridades, la captura de alias Otoniel.
Una situación similar se vive en Pueblo Bello, Cesar, en donde se ha recrudecido la violencia en las últimas semanas por el actuar de grupos criminales que, según las autoridades, se esconden en la Sierra Nevada.
Por otro lado, en Ciénaga y Santa Marta las autoridades se han mostrado preocupadas por el rearme de grupos paramilitares y la ola de sangre que han dejado bandas ilegales que luchan por el control de los corredores de narcotráfico.
Asimismo, la MOE señaló que Uribia es el único municipio de La Guajira con algún tipo de riesgo por violencia, en este caso es extrema, mientras que Maicao tiene riesgo medio. Por otro lado, Urumita, Distracción y El Molino presentan algún tipo de riesgo en materia electoral.
La Misión de Observación Electoral, MOE, dijo que el país se ha acostumbrado a la celebración de elecciones en contextos de violencia que azotan a la ciudadanía, provocando muertes, amenazas, desplazamientos.
“Miles de voces silenciadas por una violencia que sigue siendo funcional a la política en muchas regiones del país. Persiste además una enorme fragilidad democrática. Esta se hace presente a través de distintas irregularidades y delitos electorales, como por medio de una relación soterrada entre la corrupción político-privada y un uso desmedido de recursos en las campañas electorales”, indicó el organismo de vigilancia.
Según la MOE, los municipios que presentan riesgos por violencia en Bolívar con un índice de riesgo extremo son Montecristo y Morales, dos territorios donde se reporta el constante actuar del Clan del Golfo. Por otro lado, municipios como Arenal, Barranco de Loba, El Carmen de Bolívar, Magangué, Norosí, Río Viejo, San Pablo y Santa Rosa del Sur presentan riesgo alto. Finalmente, ocho municipios tienen un riesgo medio por violencia: Cartagena, Achí, Cantagallo, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, Santa Rosa, Simití, Tiquisio.
Asimismo, el informe indica que en los municipios de Arroyohondo, Córdoba, Achí, San Jacinto y Soplaviento se registra riesgo alto por fraude electoral. Ante esto, el gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blel, realizó un consejo de seguridad para extremar medidas en todo el departamento.
Para el caso de Sucre, la MOE indica que Ovejas y San Onofre presentan índices de riesgo alto por violencia, mientras que por riesgo extremo indirecto de fraude electoral los municipios involucrados son Colosó, Los Palmitos, Morroa y Toluviejo.
“La concentración de municipios en riesgo por fraude y violencia es preocupante en Montes de María con miras a las próximas elecciones: respecto a los factores de violencia, tenemos una presencia concentrada del Clan del Golfo en municipios de Bolívar y Sucre, y disputas con bandas locales”, explicó Rafael Martín Castillo Torres, delegado de la Misión de Observación electoral, MOE, para la región.
“De acuerdo con nuestro análisis hay un riesgo consolidado por factores de fraude electoral y violencia”, agregó el observador de la MOE.
Santa Marta y Ciénaga, dos municipios del Magdalena, fueron registrados por la MOE como territorios con índices altos de violencia de cara a las elecciones. Según las autoridades y diferentes organizaciones de derechos humanos, el actuar del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, ACS, la delincuencia común y el rearme de grupos paramilitares son los actores protagónicos de este nuevo capítulo de violencia que se escribe en el departamento.
Por otro lado, los municipios de Cerro San Antonio, Pedraza, Tenerife y Zapayán presentan el mayor riesgo de fraude electoral en la elección de la Cámara de Representantes. Para Senado el panorama de riesgos electorales destaca a Cerro San Antonio, Pueblo Viejo, Sabanas de San Angel, San Zenón y Tenerife, por riesgo alto.
Por factores indicativos de violencia y fraude, la Misión de Observación Electoral, MOE, advirtió un alto riesgo en el municipio de Pueblo Bello (Cesar), en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, para las elecciones por las circunscripciones territoriales de paz al Congreso.
En este municipio se ha centrado la ola de violencia que ha generado el desplazamiento de al menos 30 familias en las últimas semanas.
Por otro lado, los otros municipios que presentan riesgos por violencia, con un índice alto, son: Valledupar, Aguachica y Río de Oro; y con riesgo medio están Agustín Codazzi, Chiriguaná, Manaure, Pailitas, Pueblo Bello y San Diego. González, por su parte, está reportada por el riesgo en fraude electoral.
