El Heraldo
Víctimas de la masacre de El Limón, en Riohacha, se abrazan en un pedido de perdón del Gobierno nacional. Cortesía
Región Caribe

La huella sangrienta de ‘Jorge 40’ en la Costa

La llegada del cabecilla del Bloque Norte de las AUC revive entre las víctimas las más de 300 masacres cometidas entre 1999 y 2001. Claman la verdad.

Lo que va a pasar con Rodrigo Tovar Pupo, el temido y brutal jefe paramilitar conocido como ‘Jorge 40’, quien con su estela de sangre y muerte sembró de horror gran parte del litoral Caribe colombiano, aún es una incógnita.

Tras purgar 12 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, se suponía que ‘40’ iba a pasar directo a una cárcel de máxima seguridad del país, a pagar las condenas que tiene pendientes aquí por sus múltiples crímenes, entre estos uno de los más representativos, el asesinato del humanista Alfredo Correa De Andreis.

Antes de su extradición Tovar fue expulsado de Justicia y Paz, la jurisdicción creada para juzgar a los paramilitares que se desmovilizaron con el compromiso de narrar la verdad y reparar a las víctimas, entre algunas de las obligaciones.

El otrora jefe paramilitar se negó rebeldemente a colaborar en este aspecto, por lo que fue despachado de allí sin atenuantes, y expuesto a pagar a rajatabla las drásticas sentencias en su contra.

Sin embargo, en cuanto aterrizó en Bogotá a su regreso, volvió a tomar fuerza la posibilidad de que le dieran cobijo en la JEP, la otra jurisdicción especial creada en el país, pero esta para juzgar únicamente a los guerrilleros que participaron en el proceso de paz del Gobierno Santos.

Aquí no tendría cabida porque es solo para la guerrilla, pero es posible que se valgan de alguna figura para que ‘Jorge 40’ aterrice allí y obtenga algunos beneficios, principalmente de rebaja de pena.

Pero a todas estas el exjefe ‘para’ aún no declara públicamente sobre su vocación de colaborar con la justicia y reparar a víctimas, es decir, mantiene el mismo silencio y/o negativa sobre ambos temas que le valieron la exclusión de Justicia y Paz. Una obstinación inaudita, pues de lo que revele y colabore dependerá la disminución de sus condenas.

Mientras se aclara lo que va a pasar con Tovar Pupo, hacemos memoria sobre la huella cruel y sanguinaria que dejó su paso por el paramilitarismo en la Costa Caribe.

“Bienvenido ‘Jorge 40’ a su país, pero con un compromiso serio de verdad”

Sucre

Adil Meléndez Julio, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y defensor de víctimas en la justicia transicional y la JEP, y defensor de Derechos Humanos, asegura que el hecho de que el exjefe paramilitar ‘Jorge 40’ no esté en Justicia y Paz se traduce en un margen de impunidad para muchos departamentos de la Costa y Norte de Santander, donde también operó.

“Necesitamos un compromiso sensato con la verdad, la sociedad y la víctima, que no continúe la impunidad y el encubrimiento. Bienvenido ‘Jorge 40’ a su país, con un compromiso serio de verdad, asumiendo responsabilidad de reparación y un compromiso de no repetición. Que le entregue a los colombianos el listado de todas las empresas que auspiciaron el paramilitarismo, el despojo de grandes territorios y las masacres, en esa medida es bienvenido, pero si lo que nos va a dar son verdades a medias entonces necesitamos una justicia robusta”, asegura.

Y aunque oficialmente no hay un hecho victimizante atribuido a ‘Jorge 40’ en Sucre, Adil Meléndez dice que eso hace parte de la verdad que él debe contar porque en muchas masacres de este departamento tuvo participación el Bloque Norte del que surgió el Héroes de los Montes de María.

El docente de la Universidad del Norte y analista del conflicto Luis Fernando Trejos Rosero deja en claro que  ‘Jorge 40’ no será aceptado en la Justicia Especial para la Paz porque el exjefe paramilitar perdió la oportunidad que tuvo para ello ante Justicia y Paz que lo expulsó. “No me hago ilusiones de una participación activa de él en procesos judiciales a través de la  entrega de información en la medida en que en este momento él no tiene ningún incentivo jurídico para hacerlo”.

El defensor de Derechos Humanos en el Caribe y miembro de la Mesa de Garantías en Sucre, Rodrigo Ramírez Salazar, asegura que más allá de que ‘Jorge 40’ fuera el jefe del Bloque Norte de las Auc, este también era el encargado político de las Auc junto a Salvatore Mancuso, y en razón a ello tiene una verdad por contar sobre la estrategia del proceso de expansión de la organización en el Caribe.

“Se articularon con funcionarios de las multinacionales y con agentes del Estado. Una de las características de ‘Jorge 40’ es que logra fortalecer los vínculos de las Auc con las instituciones del Estado”.

Las “caravanas de la muerte” de las AUC que perpetraron más de 127 masacres

Magdalena 

Más de 600 personas asesinadas habría dejado la arremetida paramilitar del Bloque Norte de las AUC en el Magdalena, que tenía como cabecilla de la organización a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Esa imborrable huella genocida incluye a los municipios mayormente golpeados como Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, Pivijay, Fundación, El Piñón, Chibolo y San Ángel. Aunque se mencionan 127 masacres, las de Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande, jurisdicción de Sitionuevo; Playón de Orozco, en El Piñón, y Trojas de Cataca, en Puebloviejo, a orillas de la Ciénaga Grande, asoman como las de mayor impacto al ser sacrificadas entre 40, 30 y 11 personas, respectivamente. Todas produjeron desplazamientos.

La de Nueva Venecia o El Morro ocurrió el 22 de noviembre del 2000, cometida por un grupo comandado por alias Esteban o 09, pero ordenada por ‘Jorge 40’. El grupo paramilitar señaló a sus víctimas de ser colaboradores de la guerrilla.

La de Playón de Orozco, el 9 de enero de 1999, fue encabezada por una mujer conocida con el alias de la Mona, y participaron cerca de 100 hombres armados que vestían uniformes privativos de las Fuerzas Mitares y armas de largo alcance. Las víctimas fueron acribilladas en los alrededores de la iglesia. En la de Trojas de Cataca, el 10 de febrero de 2000, perpetrada por un grupo de 50 paramilitares que llegó en horas de la tarde al corregimiento, ordenaron a las mujeres y a los niños no salir de sus casas y encerraron a todos los hombres del caserío en la capilla. Once fueron asesinados.

El 12 de octubre de 1998 un grupo armado llegó a las fincas Mano de Dios y El Pedregal, en las estribaciones de la Sierra Nevada, y asesinó a 14 personas. Siete meses después 300 hombres incursionaron en el corregimiento de Guacamayal y mataron a 13 personas, el 27 de agosto de 2000; 100 hombres entraron a un sector conocido como El Polvorín, en Ciénaga, y dieron muerte a 10 hombres.

En el 2001, con lista en mano, cometieron dos masacres en el corregimiento de La Gran Vía. Allí  asesinaron a 21 personas los días 17 de mayo y 27 de noviembre. En Salaminita, municipio de Pivijay, el 7 de junio de 1999, asesinaron a 3 hombres y ordenaron a sus habitantes abandonar el pueblo.

Javier De la Cruz, pescador de Buenavista, sobreviviente de la masacre de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ocurrida el 22 de noviembre del 2000, manifestó que “han pasado 20 años y no hay reparación, porque no se ha hecho una justicia debida, ya que no se ha dicho la verdad”.

Su primo, José Francisco Álvarez, fue asesinado con más de una veintena de amigos.

“‘Jorge 40’ hizo algo muy malo, pero necesitamos vivir en paz, con la sociedad y con nosotros mismos, por eso hay que perdonar”, precisó.

Los asesinatos ocasionaron desplazamientos masivos. Cortesía
Familias de más de 600 asesinados piden justicia

Cesar 

Entre 1996 y 2005 los paramilitares cometieron en el Cesar 123 masacres que dejaron más de 600 muertos, y una huella imborrable de dolor para miles de víctimas. Pueblos enteros fueron desplazados de sus tierras ante la arremetida criminal de las autodefensas, que se consolidaron en este territorio con el Bloque Norte, comandado por el sanguinario Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Muchas víctimas fueron desaparecidas, y a la fecha sus familiares claman verdad, justicia y reparación. Uno de los casos más sonados es el de los siete agentes del CTI de la Fiscalía que desaparecieron el 9 de marzo de 2000 a manos del frente Juan Andrés Álvarez. Aún sus familiares viven con incertidumbre pues los cuerpos jamás fueron encontrados.

Olga Anillo, hermana de Mario, uno de los agentes desaparecidos, dijo que son décadas muy difíciles para la familia. “Son 20 años de ausencia y dolor, esperando encontrar sus restos. Los postulados en Justicia y Paz no han dicho la verdad, tampoco tenemos claro por qué los asesinaron. No sabemos la verdad”.

En Minas de Iracal, un corregimiento de Pueblo Bello, los lugareños siguen esperando el reconocimiento de hechos violentos por los paramilitares. A decir de José Luis Peralta, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas, los 82 homicidios que perpetraron los hombres del Bloque Norte en esa localidad siguen impunes. “Esperamos que con la llegada de ‘Jorge 40’ al país, diga lo que pasó”, manifestó.

 La estela de sangre y muerte del paramilitarismo quedó a lo largo y ancho del departamento; de norte a sur y de oriente a occidente, las también llamadas autodefensas sembraron el terror en este territorio.  Una de estas masacres ocurrió el 28 de enero de 2000, ese día unos 60 hombres de las AUC llegaron al corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Astrea y asesinaron a 12 lugareños, lo que provocó además el desplazamiento de la población.

Los paramilitares recorrieron la localidad y con lista en mano fueron sacando de sus casas a las víctimas agrupándolas en la plaza, donde las amarraron. Allí asesinaron a 11, mientras que a otro campesino lo mataron en el camino.  A la de Santa Cecilia se suma la matanza en el corregimiento de Santa Isabel, en jurisdicción de Curumaní. El 8 de enero de 1999 hombres de las AUC llegaron tumbando puertas y acribillaron a 11 campesinos. Las víctimas fueron Francisco Machado Caamaño, José Melquíades Castillo, Julio Tafur Henríquez, Alexánder Rojas Machado, Geovanny Castro, Óscar Armando Ruiz Hernández, Hermes Barbosa, Melquíades Robles Castillo, Álvaro Vega Santiago y Luis Alfredo Guevara Carreño. Sara Benjumea de Ditta, de 80 años, murió calcinada.

En Bahía Portete aún lloran a sus muertos y desaparecidos

La Guajira 

Una de las masacres  atribuidas al Bloque Norte de las AUC y a su cabecilla  Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, fue la de Bahía Portete en la Alta Guajira, ocurrida el 18 de abril de 2004.

Allí fueron asesinados Margot Fince Epinayu, de 70 años; Rosa Fince Uriana, de 46; Rubén Epinayu, de 18, quien fue torturado y amarrado en una camioneta. Una cuarta víctima no ha podido ser identificada. Solo se encontró un brazo calcinado.

Las hermanas Telemina y Débora Barros, quienes se declararon víctimas de esta tragedia, han afirmado que después de 16 años aún siguen  desaparecidas Reina Fince Pushaina, de 13 años, y Diana Fince Uriana, de 40.

Según las investigaciones, la masacre fue organizada  por  ‘Jorge 40’, el comandante militar del Frente Contrainsurgencia Wayuu, Arnulfo Sánchez, alias Pablo, y el wayuu  José María Barros Ipuana, conocido como ‘Chema bala’, comerciante de la zona.

Barrios Ipuana y su sobrino Adrián Agustín Bernier fueron condenados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo cargos de homicidio agravado, desaparición forzada, tortura, terrorismo, hurto calificado y concierto para delinquir.

El primero purgó una condena por tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, hacia donde fue extraditado en el 2007 después de ser capturado, y en noviembre de 2019 llegó a Colombia a pagar esa condena.

Alias Pablo fue condenado a 26 años, después de someterse a formulación de cargos para sentencia anticipada ante una fiscal de Derechos Humanos.

Otro de los hechos atribuidos a ‘Jorge 40’ en La Guajira fue la masacre en el corregimiento de Monguí, 9 de mayo de 2005, cuando un grupo de 20 paramilitares también del Bloque Norte de las AUC llegaron en un camión haciéndose pasar por miembros de la Sijín y asesinaron a cuatro personas.

Las víctimas fueron Elida Beatriz Brito, de 65 años; Manuel Acosta Brito y Gersel Yohan Pinto, quien era el chofer de los dos primeros. Al parecer la cuarta víctima hacía parte de las AUC.  También se le atribuye a ‘Jorge 40’ la masacre de la vereda El Limón, en zona rural de Riohacha, en la que fueron asesinadas 16 personas, en su mayoría de la etnia wiwa. Ocurrió el primero de septiembre de 2002  por un grupo de al menos 200 paramilitares que además lanzaron cilindros y rockets contra la población civil e incendiaron 15 viviendas.

El Gobierno pidió perdón público a las víctimas de este hecho en julio de 2018, en atención a una orden judicial. La llamada masacre de “Las velitas” ( 8 de diciembre de 1998) en el municipio de Villanueva fue cometida, según las autoridades, por hombres al mando de ‘Jorge 40’. Allí mataron a 12 personas.

Los asesinatos ocasionaron desplazamientos masivos. Cortesía
“Que digan quiénes se beneficiaban con crímenes”

Bolívar

El retorno a Colombia del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, o mejor, alias Jorge 40, como se hizo conocer, es la esperanza que tienen las víctimas de la violencia en el corregimiento El Salado, en el Carmen de Bolívar, para conocer la verdad sobre los motivos que llevaron a este grupo al margen de la ley a cometer uno de los hechos de violencia más brutales contra civiles que marcaron la historia del país.

Durante casi una semana, desde el 16 al 22 de febrero del 2020, alrededor de 450 hombres de las AUC incursionaron en la población y asesinaron a unas 100 personas, e incluso abusaron sexualmente de algunas mujeres.

Las voceras de las Tejedoras de Mampuján, el grupo de campesinas que ayudó a comunidades de los Montes de María a superar los traumas de la guerra, galardonadas con el Premio Nacional de Paz, pidieron que se haga justicia a partir de la verdad.

“Desde allí podemos hablar entonces de reparación para las víctimas y de garantías de no repetición”, coincidieron. Según las autoridades en el prontuario delictivo de este exjefe paramilitar le figuran más de 30 órdenes de captura e igual número de medidas de aseguramientos por más de 1.400 procesos judiciales.

“Para hablar de garantías de no repetición se tiene que saber quiénes estuvieron detrás de las masacres, de las amenazas, de los abusos sexuales. Tienen que decir qué era lo que se pretendía con todo esto”, manifiestan las víctimas de El Salado. Muchas de las que no fueron asesinadas las obligaron a vender sus tierras, o en el peor de los casos obligadas a salir del territorio.  “Luego de todo este recorrido como víctimas hemos notado que el objetivo era minimizar el costo de nuestros predios y adueñarse de las tierras”, aseguraron los afectados.

 El corregimiento El Salado era conocido en la región por la producción de hojas de tabaco y ajonjolí, pero con las dos masacres perpetradas por los paramilitares vino el desplazamiento masivo por lo que se acrecentó una crisis económica y social sin precedentes.

“Por eso es importante que se diga quiénes eran los interesados, y la verdad no solo es decir que se cometieron masacres y violaciones, sino que se responda  las preguntas: ¿Quiénes estaban detrás de estos hechos? ¿Quiénes se beneficiaban con todas estas masacres que ocurrían? Estas respuestas garantizarán que se tomen medidas de justicia preventivas para que esto no vuelva a pasar”, puntualizaron.

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