APP del Dique: Este miércoles vence el plazo para presentar ofertas

Este miércoles se conocerán los oferentes que siguen en la puja por el proyecto de 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', el cual es conocido como APP del Canal del Dique.

Ante esto, voces de las comunidades de las zonas de influencia de este ecosistema y un grupo de senadores pidieron que se suspenda el proceso licitatorio que se pretende adjudicar el próximo 4 de agosto, según la información depositada en la plataforma Secop I.

Manifestaron que el proyecto carece de socialización, claridad sobre los impactos y afectaciones a nivel medioambiental y económico.

El senador Iván Cepeda solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) –entidad a cargo del proyecto– que se paralice el proceso, debido a que el contenido del mismo 'no ha sido objeto de suficiente participación ciudadana'.

'Se está intentando a marchas forzadas que el 4 de agosto se asigne esta contratación y es una cifra gruesa, estamos hablando de $3.2 billones. Una situación de esa naturaleza y que no ha sido debidamente consultada a las comunidades, que no están advertidas de los peligros que representa ese megaproyecto, creemos que no se reúnen las condiciones necesarias para que se produzca la asignación de ese contrato', dijo.

De no atenderse este llamado de suspensión, Cepeda manifestó que debe haber una veeduría y una vigilancia especial por parte de los organismos de control y las Corporaciones Autónomas Regionales sobre el proceso de esta megaobra.

El congresista pidió al Gobierno saliente 'respetar la normatividad' del proceso de empalme y brindar toda la información sobre estudios disponibles.

En otra línea, frente a la amenaza latente de un posible desbordamiento del Dique, el congresista precisó que la Nación, en su deber constitucional, debió intervenir 'hace mucho tiempo' esas zonas en riesgo y no tomar como excusa ahora la situación actual para que sea aprobado el proyecto 'sin ningún miramiento'.

'Nada le impide al Gobierno tomar las medidas para evitar que la población que está en esa zona sufra los rigores de una nueva inundación, el Gobierno ha debido hacer eso hace rato. No nos pueden ahora poner ante las circunstancias aprobar sin ningún miramiento un contrato como estos'.

A su turno, el senador José David Name también se mostró en desacuerdo con el avance de este proyecto que considera 'no soluciona' el real problema que subsiste en el Dique.

'Uno no entiende como se cae la APP del Río Grande de la Magdalena y sigue adelante este proceso del canal del Dique, no se sabe el interés de adjudicarlo faltando tres días para que se posesione el nuevo presidente', se cuestionó el congresista, quien argumentó que es una licitación 'hecha a las carreras'.

Name sostuvo, además, que la decisión de que se continúe este proyecto debe quedar en manos del Gobierno entrante.

Para el senador es importante, ante la actual situación de altos niveles del Dique, realizar momentáneamente un plan de choque que incluya hacer dragados, tomar medidas de mitigación y reforzar los diques para evitar una tragedia como la ocurrida en el 2010.

La Alianza para el Desarrollo y Defensa del Territorio Canal del Dique envió una carta al presidente electo, Gustavo Petro, con la finalidad de que suspendieran el proceso de licitación y adjudicación del megaproyecto ‘Ruta Fluvial 5G, denominado APP: Restauración de los Ecosistema Degradados del Canal del Dique’.

La misiva –firmada por integrantes varios representantes de organizaciones, afrodescendientes, palenqueras e indígenas, líderes, lideresas, campesinos, pescadores, de la ecorregión Canal del Dique– sostiene que desde hace 18 meses han venido solicitándole a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al Ministerio del Interior y a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp), 'garantías de participación (Derecho a la Consulta Previa), socialización e información del megaproyecto'.

'El proceso para la licitación y adjudicación (privatización del Canal del Dique) avanza a toda marcha, en medio de incertidumbres, dudas, e irregularidades, y con las autoridades locales de espaldas a las comunidades, sin la debida socialización y con la exclusión del derecho a la Consulta Previa de más de 30 autoridades étnicas, lo que evidencia una fragrante violación a la Constitución y la ley', señaló la comunidad.

Además destacaron la preocupación que, a pesar de la petición de medida cautelar que cursa ante la JEP, por haberse utilizado este afluente como fosa común por los grupos paramilitares, 'se insista en la licitación y adjudicación sin que exista un protocolo para la protección de los miles de restos que deben reposar en su lecho'.

Para el líder de las negritudes y defensor de derechos humanos, Adil Meléndez, este proyecto atenta contra los derechos de las comunidades que hacen vida en el canal del Dique, toda vez que la obra no 'ha sido socializada', pese a que las autoridades insisten en que desde el año 2013 vienen entregando información con relación a la misma.

'Lo que han hecho es recaudar información en algunas comunidades, pero no ha sido una socialización. La propia Procuraduría realizó un informe técnico en el que pone de manifiesto una serie de observaciones al proyecto entre las que se encuentran algunas de carácter ambientales', explicó el líder a EL HERALDO.

Meléndez aseguró que el proyecto no es de carácter ambiental, sino 'netamente económico'.

Entre tanto, Jasmar Pájaro, líder de víctimas, ve con preocupación que el Gobierno saliente 'esté apresurando' la licitación del proyecto, pues se sabe que alrededor de este cuerpo de agua hay 54 consejos comunitarios y 'solo a 14 se les hizo consulta previa, así como a dos cabildos indígenas'.

El líder indicó que podría estar en riesgo las zonas agrícolas con un posible cambio de agua en la cuenca baja del Canal. 'A raíz de todo esto varios líderes han recibido amenazas y otros han sido desplazados'.

El proyecto comprende una longitud total de 115.5 kilómetros, que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena. La iniciativa tiene previsto inversiones por $3,10 billones (Capex + Opex); $2.19 billones de capex y $0.91 de opex (cifras estimadas a diciembre de 2020).

La Procuraduría General de la Nación informó que en conjunto con la Defensoría del Pueblo envió en mayo de este año una comunicación a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) exponiendo los interrogantes y observaciones en materia social y ambiental obtenidas tras las reuniones con las comunidades aledañas al canal del Dique.

El ente de control manifestó que dichos encuentros con pescadores artesanales, organizaciones de agricultores y comunidades ribereñas al Canal, y en los que no asistió la ANI, se llevaron a cabo el 24 y 25 de marzo de 2022 en los municipios de Santa Lucía (Atlántico) y Arjona (Bolívar).

'El Ministerio Público transmitió los planteamientos presentados durante las mesas de trabajo y pidió dar respuesta clara y oportuna a los interrogantes en temas como la eventual sedimentación o desaparición de las ciénagas, el manejo de las compuertas, las campañas de monitoreo de pesca, la seguridad alimentaria, la situación de los manglares, la proyección de inundaciones, entre otros', reseñó.

Dentro de la comunicación enviada, dijo la Procuraduría, también se advirtió que las personas que habitan en los lugares de influencia del canal del Dique insisten en la necesidad de la socialización por el desconocimiento que existe sobre los posibles impactos del proyecto y aspectos como las especificaciones de los planes de manejo de carácter ambiental.

A su vez, solicitaron garantías de participación para conocer el detalle de los procesos, así como también incluir para la obra personal del área de influencia. 'Pidieron conocer los planes para el sostenimiento de quienes no podrán adelantar sus actividades habituales, vigilar que las esclusas y compuertas permitan el libre tránsito fluvial'.

Por otra parte, se requirió a la ANI indicar las fechas y municipios que definirá para las respectivas socializaciones y responder así a las dudas expresadas por los habitantes en las mesas de trabajo con el Ministerio Público.

'Pedimos considerar todo lo enunciado con el fin de asegurar y garantizar el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos, fundamentales y colectivos que puedan ser amenazados a las comunidades dentro del área de influencia del proyecto', finalizó.