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El 24 de noviembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las Farc, ‘Timochenko’, firmaron el Acuerdo en el Teatro Colón, de Bogotá.
Archivo EL HERALDO
Política

Y la implementación del Acuerdo, ¿en qué va?

Mientras la entrega de las armas individuales se realizó el pasado 27 de junio y la extracción de las caletas avanza, el reto está en la reglamentación normativa al interior del Congreso.

Luego de que se firmara el primer Acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc en Cartagena el 26 de septiembre del año pasado, y de que posteriormente el país realizara el plebiscito del 2 de octubre, que dio como ganador a la opción del ‘No’, el 24 de noviembre de ese mismo año se firmó en el teatro Colón de Bogotá el ‘Nuevo Acuerdo de Paz’ entre las dos partes negociantes. 

Con ese nuevo documento firmado, que además incluyó las observaciones y los ajustes que los líderes del ‘No’ le sugirieron al primer Acuerdo, la pelota pasó al Congreso, al que le tocó decidir en diciembre si refrendaba o no el último texto acordado. 

De los 268 parlamentarios que tiene el país, 205 (130 en Senado y 75 en Cámara) se pronunciaron a favor de que se pusiera en marcha lo pactado. 

Para los analistas, no obstante, dichos resultados tuvieron un alcance más político que jurídico, en la medida en que con ellos simplemente se le dio vida al pacto sin entrar a desarrollarlo a profundidad.

Así las cosas, fue hasta después de ese diciembre que inició el proceso paralelo de la implementación del Acuerdo: a un costado, la que se ha venido desarrollando al interior del Congreso (implementación normativa), y al otro, la ‘física’, que ha estado materializándose  en los territorios. 

De igual forma, desde esa fecha  también empezó a correr el cronograma de los llamados ‘D+180 días’ en los que se tenía previsto la concentración de los guerrilleros en las zonas veredales, la entrega de sus armas y el tránsito final hacia la vida civil.

¿Qué son las Zonas Veredales?

Las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización fueron los espacios geográficos que se escogieron para que los guerrilleros se concentraran e hicieran dejación de su armamento, una vez se firmara el Acuerdo de paz. 

Hoy en día, aún siguen allí esperando que la extracción del armamento entregado a la ONU finalice, para de esa forma dar el salto a la vida civil. 

Cuando la extracción del material bélico termine, estas zonas pasarán a convertirse en Espacios Territortiales de Reincorporación, que fue una decisión que se tomó en el camino de la implementación. Es decir, no estaba explícitamente en el Acuerdo. 

En el documento del pacto sí se estableció, no obstante, que una vez dejadas las armas, se crearan las condiciones de reincorporación de los excombatientes.  

Así las cosas, el 30 de mayo, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, que fue el organismo creado por el pacto  para hacerle vigilancia a la forma como se desarrollaba el Acuerdo (y que está integrada  por miembros del Gobierno y de las Farc), informó que esas zonas se convertirían en espacios de reincorporación.

El argumento dado por la Comisión para esa conversión fue el siguiente: “Si ya se hizo la entrega de armas, lo mejor es que el proceso de reinserción a la vida civil empiece ahí mismo. No sería lógico que los exguerrilleros, ya sin armas, se movilizaran a otros lugares”. 

Actualmente, solo dos de las 26 Zonas Veredales han terminado la extracción de todas las armas e hicieron el tránsito a espacios de reincorporación. La primera fue la de Monterredondo, en el Cauca, y la segunda, la zona veredal de Betania, en Nariño.

La polémica de las Zonas

En su momento, la ubicación, el tamaño y la cantidad de esas zonas no dejaron de causar polémica entre los sectores sociales y políticos del país. 

Los detractores del Acuerdo afirmaron que se podía estar repitiendo la historia del Cagúan, cuando en medio del proceso de paz con el Gobierno de Andrés Pastrana las Farc obtuvieron una zona de distención de 42.000 kilómetros cuadrados en los que, de acuerdo con lo pactado en ese entonces, el Ejército no podía entrar. 

La administración del presidente Santos, sin embargo, afirmó que “las Zonas Veredales no tendrían el mismo carácter, pues físicamente serían espacios más reducidos”. 

Por otra parte, el Acuerdo estableció toda una serie de reglas de funcionamiento  y  de seguridad al interior y exterior de los puntos,  con las que se garantizó que no hubiera riesgo alguno para la población civil circundante  ni para los mismos guerrilleros. Esta fue la prueba de fuego del cese al fuego. 

Según el documento, el Ejército  tenía que hacer presencia a cierta distancia de los puntos para garantizar que las cosas estuvieran bajo control, y los guerrilleros debían comprometerse a no salir sin autorización y sin armas. 

En el trasegar de estas zonas, hubo ocasiones en las que esas reglas se violaron tanto por la guerrilla como por el Gobierno. Unas veces de manera leve, y otras de forma  severa. 

¿Por qué hubo guerrilleros fuera de las Zonas Veredales?

Uno de los aspectos que no dejó de sorprender a los colombianos fue el hecho de que sin haberse completado el proceso de entrega de armas y  extracción de las caletas, algunos líderes guerrilleros estuvieron fuera de las zonas de concentración, participando en diferentes actos públicos. 

Un episodio para recordar, por ejemplo, fue cuando el presidente del Congreso de ese entonces, el senador Mauricio Lizcano, no autorizó el 28 de abril la entrada de Iván Márquez y de Jesús Santrich al recinto del legislativo para que participaran en el Congreso Nacional de Paz, un evento que habían convocado distintas organizaciones sociales para celebrar el avance del proceso.

Tal como lo indicó en ese momento Lizcano a través de un comunicado,  “el Congreso de la República es amigo de la paz y ha sido la institución más comprometida con la implementación de los acuerdos, lo que nos da la autoridad moral para ser los veedores del cumplimiento de los compromisos. Ellos ingresarán al Capitolio cuando entreguen las armas y si cometieron delitos de lesa humanidad, hasta que los tribunales de paz lo autoricen”.

Este hecho generó todo tipo de reacciones a favor y en contra. Sin embargo, correspondió más a una actitud política de parte de Lizcano, que a una violación a lo pactado o a un aprovechamiento de las Farc: “Se tomaron el Congreso”, se escuchó en varios sectores. 

Lo cierto es que el Acuerdo de paz estableció en su apartado sobre el funcionamiento de las Zonas Veardales que “las Farc designan un grupo de 60 de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de paz”. Y así mismo puntualizó: “Para estos desplazamientos, las y los integrantes de las Farc contarán con las medidas de seguridad acordadas entre el Gobierno Nacional y las Farc”. 

Es decir, esos 60 hombres y mujeres estarían recorriendo el país sin armas y acompañados por miembros de la fuerza pública. 

¿Cómo fue el proceso de desarme?

La dejación de las armas individuales por parte de las Farc, según el Acuerdo, sería un proceso gradual que se dividiría en tres etapas: el primer 30% del arsenal bélico se entregaría en el día D+90 (1 de marzo), el segundo 30% en el día D+120 (1 de mayo) y el 40% restante en el día D+150 (1 de junio). 

Dicho proceso estaría acompañado por el llamado Mecanismo de Monitoreo y Verificación, el cual se conformaría por miembros del Gobierno, de las Farc y de la Organización de Naciones Unidas, ONU. 

Cuando en su momento los medios de comunicación registraron la noticia de que el proceso de desarme se había aplazado, se estaban refiriendo  a la entrega de ese último 40%, pues, según informó la misma ONU, las otras dos etapas sí se cumplieron según lo previsto en el cronograma.

El presidente Juan Manuel Santos, entonces, afirmó que el plazo para entregar el porcentaje restante se extendería 20 días más, y ya no sería el 1 sino el 20 de junio cuando las Farc entregarían la totalidad de las armas. 

Así mismo, dio el anuncio de que las Zonas Veredales se extenderían hasta el 1 de agosto. 

Ahora bien, ¿cuál fue la razón de este aplazamiento? El mismo mandatario reconoció en ese momento que “por retrasos acumulados por cuenta de los problemas logísticos en la construcción de las Zonas Veredales, era necesario ampliar el plazo de la entrega de armas”.

Lo cierto es que el Gobierno Nacional tuvo retrasos en la adecuación de esos puntos de concentración, observándose incluso en muchos de ellos cambuches improvisados por parte de los miembros de las Farc. 

Aplazada la fecha de la última entrega, fue hasta el martes 27 de junio que se registró, en un evento simbólico en la Zona Veredal de Mesetas, Meta, la finalización del proceso de dejación de armas por parte de las Farc. 

El lunes 26, la Misión de la ONU, cabeza del componente internacional del Mecanismo de Verificación, anunció a través de un comunicado de prensa que tenía en sus manos el total de las armas individuales de la guerrilla: 7.132 fusiles.

Las caletas

El proceso de entrega de las armas individuales transcurrió entre escepticismo y optimismo. 

Sectores de la población colombiana, incluso hoy en día, siguen sin confiar en el proceso de desarme de las Farc. Existe, entre algunos,  una pregunta que no deja de causar inquietudes: ¿Y qué pasa con las caletas?

Este cuestionamiento tuvo su mayor grado de tensión luego de que el Ejército encontrara una caleta con arsenal bélico perteneciente al frente 48 de las Farc en Puerto Leguízamo, Putumayo, el 20 de abril del presente año, justo cuando se estaba adelantando el proceso de dejación de las armas individuales en las Zonas Veredales.

Dicho hallazgo generó todo tipo de dudas y reacciones sobre la forma como se estaba adelantando el proceso de desarme, e incluso se llegó a afirmar que era muestra de que la guerrilla le estaba haciendo trampa a lo pactado. 

El Acuerdo de paz, no obstante,  estableció en su articulado que en ese plazo de los 180 días para el desarme total, “las Farc entregarían las coordenadas de los depósitos (caletas) del armamento inestable”. 
La guerrilla, en efecto, dio a conocer que tenía 949 caletas con armas.

La Misión de la ONU en Colombia, por su parte, ha reconocido que el proceso de la extracción de las caletas ha sido “difícil” por las condiciones logísticas y de seguridad en los lugares donde están georreferenciadas. 

El 27 de junio, cuando se hizo el acto simbólico de la entrega de las armas individuales, la ONU informó que se habían extraído 77 caletas.

Más adelante, el 7 de julio, el organismo internacional anunció que había recopilado información sobre los puntos de ubicación de 660 caletas y que se había completado la planificación de extracción del armamento concentrado en 456 de las caletas localizadas. A esa fecha, iban  94 extraídas. 

El 12 de julio se habían extraído 105 caletas y el 27 de julio, 304. 

La Misión ya afirmó que acompañará el proceso de verificación sólo hasta el 1 de septiembre, y que de ahí en adelante “será responsabilidad del Gobierno y de las Farc”. 

La entrega de las armas de las Farc ha sido uno de los momentos clave del proceso.
La normativa

Con la instalación de la última legislatura del Congreso el pasado 20 de julio, mucho se dijo sobre los retos que tendría por delante el legislativo para poder culminar la implementación normativa del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

Por mencionar tan solo uno, está el factor  tiempo. 

Al encontrarse en escenarios preelectorales, los parlamentarios se centran en sacar adelante su campaña reeleccionista y reducen su presencia en el legislativo.

El fast track, que es el mecanismo legislativo a través del  cual se tramitan todos los proyectos de paz, tiene vigencia hasta diciembre de este año. 

Es decir, el legislativo cuenta tan solo con un semestre para poder sacar a delante los proyectos y las iniciativas que ya se encuentran radicadas, pero también aquellas que se presentarán luego de que terminé su construcción. 

En total, de acuerdo con información del Ministerio del Interior, quedan en lista de espera por ser discutidos y aprobados 18 proyectos.

Tres de los principales proyectos que aún están a la espera de aprobarse son la ley que reglamenta la Justicia Especial de Paz (JEP), la Reforma Política y las Circunscripciones Especiales de Paz. 

La ley reglamentaria de la Justicia Especial de Paz fue radicada  por segunda vez en el Congreso, pues antes de que terminara la legislatura pasada el Gobierno la retiró, según indicó, para hacerle unas modificaciones y precisiones. 

Sin embargo, El HERALDO informó en su momento que la iniciativa había sido retirada porque al tratarse de una ley estatutaria, esta tenía que tramitarse en una misma legislatura, lo cual no pudo realizarse porque físicamente no había más tiempo. 

Así las cosas, el proyecto inició esta semana su trámite vía fast track (4 debates), para posteriormente pasar a revisión de la Corte Constitucional, y, una vez finalizada esa etapa, poner a andar todo el andamiaje operativo del punto que quizá más polémica ha generado alrededor de los Acuerdos de paz: el de la justicia transicional. 

Las observaciones y críticas a la JEP

Las críticas, dudas y observaciones hacia la JEP no han dejado de manifestarse desde diferentes sectores de la sociedad civil, como, por ejemplo,  el empresariado del país.

Este ha expresado que se necesita tener claridad sobre la forma como actuará el sistema de justicia, de modo que se evite una “cacería de brujas”.

“Requerimos que las tareas concernientes a la construcción de la verdad del conflicto no estén encaminadas a igualar a aquellos que han hecho parte activa del conflicto, como las Farc, a actores de la sociedad civil que han sufrido las consecuencias de sus acciones”, se leyó en una carta que envió el Consejo Gremial al presidente Santos. 

 La preocupación de los privados radica en las responsabilidades que podrían llegar a pagar una vez entren a los procesos judiciales en los que tengan que contar la verdad.

 Según indican, el hecho de que muchas veces hayan tenido que financiar a los grupos armados por razones de fuerza, como la extorsión, es motivo para que se les exima de responsabilidades judiciales mayores. 

Otros sectores, por el contrario, asumen que ello afectaría la consolidación del elemento transversal del punto de justicia transicional: la verdad. Según explican, es necesario que los terceros civiles, quienes en muchas ocasiones  financiaron grupos al margen de la ley, cuenten y comparezcan ante los tribunales de paz. 

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó al momento de radicar el proyecto en la secretaría del Congreso que sólo tendrán que comparecer ante la justicia transicional quienes hayan sido “determinantes en la comisión de delitos de lesa humanidad”. 

Rivera dijo que en las demás faltas, los terceros podrán acogerse a este sistema o a la justicia ordinaria. 

La línea de mando

Otro de los aspectos del proyecto reglamentario de la JEP es que dejó en claro la responsabilidad del mando de las Farc, que era algo que ya se había establecido para los miembros de la Fuerza Pública. De acuerdo con el  documento, y tal como ocurrirá con estos últimos, los jefes de la desmovilizada guerrilla tendrán que asumir la responsabilidad por los delitos cometidos por sus subordinados. 

 “La responsabilidad de los mandos de las Farc por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes”, se lee en el documento del proyecto.

En otras palabras, así algún comandante no hubiese ordenado o estado presente en la realización de algún delito, de igual forma tendrá que responder por ese accionar, en la medida que, habiendo podido evitarlo, no hizo nada al respecto. 

Frente a la estructura de la JEP, esta estará conformada por los siguientes órganos: la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas, el Tribunal para la Paz, la Sala de Amnistía o Indulto, la Sala de Definición de situaciones jurídicas, y la Unidad de Investigación y Acusación, la cual deberá satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia cuando no haya reconocimiento colectivo o individual de responsabilidad. 

La escogencia de los magistrados del Tribunal de Paz, que entre otras cosas fue algo que criticaron los sectores opositores a la implementación de la JEP por considerar que quienes llegarían allí favorecerían a las Farc, está adelantándose por parte del Comité de Escogencia y se espera que esté lista para el próximo 26 de septiembre. 

Reforma política

Otro de los proyectos que se encuentra en el tintero para que se inicie su discusión al interior del Congreso es el de la reforma política y electoral, el cual que no ha dejado de causar polémica y tensiones entre los partidos políticos y otros sectores de la sociedad civil como la Misión de Observación Electoral (MOE). 

Este martes, en audiencia pública realizada en la Cámara de Representantes, los partidos minoritarios presentaron una lista de puntos que consideran son los más importantes a tener en cuenta en dicha reforma. 

Allí se encuentra, entre otras, la solicitud de que se puedan materializar las coaliciones en las elecciones a corporaciones públicas y que se reestructure la financiación de las campañas y de la arquitectura institucional, entre otras. 

De lo que se trata para los minoritarios con estas propuestas es de poder mantener su vigencia durante los próximos años y abrir la participación a las minorías. 

“No queremos salir de la actividad política, queremos mayor participación de las minorías”, afirmó Alirio Uribe, miembro del Polo Democrático. 

Por su parte, la Misión de Observación Electoral  (MOE) ha recalcado que su principal interés radica en que la nueva autoridad electoral -es decir, el Consejo Electoral Colombiano (CEC) que reemplazaría al actual Consejo Nacional Electoral (CNE)- mantenga su origen no político. 

En ese sentido, la MOE insiste en que la selección de los miembros de la nueva autoridad debe realizarse a través de las altas cortes y no de los partidos políticos. Posición esta que no comparte el Consejo de Estado, que en cabeza de su presidente, Jorge Ramírez, afirmó que dicho origen político debe mantenerse. 

“Para nosotros debe mantenerse el origen político del Consejo Nacional Electoral, dotarlo de autonomía administrativa y presupuestal, y fortalecer los organismos auxiliares de naturaleza administrativa que apoyen al CNE en el cumplimiento de sus funciones. Debe ser un órgano de carácter administrativo y no de policía judicial”, afirmó Ramírez este martes. 

Para la MOE, que se mantenga esa forma de seleccionar a los miembros del CNE es un riesgo, pues de esa forma se garantiza que no se puedan llevar a cabo procesos de justicia electoral efectivos, Otro de los aspectos relacionados con esta iniciativa fue la advertencia que hizo la representante Angélica Lozano, de la Alianza Verde, sobre la posibilidad de que en el proyecto radicado por el gobierno se estuviera colando un ‘mico’: la eliminación de las causales de pérdida de investidura. 

“La reforma política trae un orangután y es que elimina tres causales de pérdida de investidura que trae hoy el artículo 183 de la Constitución. La pérdida de investidura es el mejor y el más drástico instrumento de sanción contra un político por distintas causales, aquí lo desaparece el gobierno sin argumentar por qué quita la casual de violación al régimen de inhabilidades, la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias”, afirmó la congresista.  

Lozano enfatizó que  “es perverso que la reforma política sea aprovechada para hacer más laxa, para flexibilizar la pérdida de investidura que hoy tiene una sanción de por vida”.

Circunscripciones especiales de paz

Con este proyecto se busca que las organizaciones de base de los territorios que fueron azotados por el conflicto armado puedan ejercer su participación política accediendo a 16 curules durante dos periodos constitucionales en la Cámara de Representantes. 

El debate, en este caso, se ha centrado en dos aspectos. Por un lado, algunos congresistas han argumentado que se debe garantizar la seguridad en esos territorios, de forma tal que no haya cooptación de esos espacios políticos por parte de grupos al margen de la ley. 

Algunos, como los parlamentarios del Centro Democrático, incluso han vaticinado que las Farc tendrían capacidad de incidir en esos nichos electorales, aun cuando el proyecto deja explícita la prohibición de que ello suceda. 

Otros, por el contrario, lo que han argumentado es que lo que los partidos políticos buscan es participar en esas circunscripciones de forma que puedan aumentar su capacidad representativa al interior del Congreso.  

Será un semestre de muchas tensiones en el Congreso ya que el Gobierno se juega su principal carta precisamente en vísperas de elecciones. 

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