Uribe no le pidió a nadie que sobornara: defensa

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, emitió este miércoles un comunicado en el que dice recibir “con profunda decepción la injusta determinación adoptada” por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado lunes dictó medida de detención domiciliaria contra su cliente.

Lo primero que afirma el defensor es que el líder del Centro Democrático no ordenó a sus abogados sobornar a testigos: “El presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos, limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que ésta se trasladara siempre a la Corte”.

Reitera que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue visitado por el abogado Diego Cadena -imputado por presuntos sobornos a testigos en este mismo caso- “porque, a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado. Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena quién así se lo transmitió al presidente Uribe. La única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad”.

Señala que en abril de 2018, Cadena le informa a Uribe que Monsalve “ha hecho una carta en donde narra la verdad de los hechos, planteándole que éste había manifestado preocupación por su situación de seguridad. El presidente, como corresponde, indicó que el testigo debía pedir directamente a la Corte las medidas de seguridad, comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte”. 

Ello, afirma Granados, “no constituye soborno alguno”.

Cadena, agrega el comunicado, ha reconocido públicamente que ofreció su asesoría jurídica a Monsalve, a efectos de una posible acción de revisión, “mucho tiempo antes de haber informado tal situación al presidente Uribe, quien entendió que ello ninguna acción ilícita conllevaba porque no sólo su abogado le indicó que jurídicamente estaba facultado para ello sino porque, además, tal circunstancia no era una contraprestación, pues la supuesta carta, según le informó Cadena, ya existía”. 

Esto, reitera, “en ningún contexto, puede entenderse como un soborno, pues nunca se le pidió, por parte del presidente Uribe, al testigo que faltara a la verdad”.

Y la carta, concluye, “nunca llegó a manos del abogado Cadena, ni del presidente Uribe ni fue presentada ante la Corte: Ninguna inducción en error hubo”.

Afirma que Uribe “tampoco buscó ni instrumentalizó” al representante Álvaro Hernán Prada “para que buscara sobornar a Monsalve”. Ante una llamada del representante Prada, “con ocasión de información suministrada por terceros sobre la voluntad de Monsalve de retractarse”, el expresidente “se limitó a confirmar que Monsalve era un testigo en su contra y que si esa era su voluntad ojalá dijera la verdad”. 

Uribe, añade, “en ningún momento autorizó o dio instrucción alguna para que al testigo se le hiciera cualquier tipo de ofrecimiento, lo cual por demás no concuerda con la realidad si se tiene en cuenta que el contenido de la carta firmada por  Carlos Enrique Vélez era exactamente la misma a la versión que éste había dado siete meses antes, ante la propia Corte Suprema de Justicia, cuando no conocía a Cadena”.

Reacción del CGN

El Consejo Gremial Nacional  afirmó en un comunicado que si es un principio democrático respetar y acatar las decisiones proferidas por el sistema judicial del país, consideramos que “el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez tiene el derecho y la legitimidad para atender su proceso judicial y las diligencias que derivan del mismo en libertad, por lo que la innecesaria medida de aseguramiento privativa de la libertad”.

Agregó que esta medida no refleja un balance entre los antecedentes, respeto y atención oportuna que el expresidente ha demostrado frente a la justicia colombiana.

Audiencia |  Cadena

Este jueves continúa la audiencia, en los juzgados de Paloquemao, en la que se decidirá si Diego Cadena, ex abogado de Uribe, seguirá el proceso con detención domiciliaria.