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El representante Julián Peinado, quien hace parte de la lista de nueve congresistas que la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se defendió de las acusaciones a través de un comunicado emitido este sábado 13 de julio.

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Peinado asegura que no tiene ningún tipo de relación ni comunicación con el exdirector de la Ungrd Olmedo López ni con el exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad Sneyder Pinilla.

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'No conozco a los señores Olmedo López ni Sneider Pinilla, no he intercambiado correo ni chat alguno, y nunca he conversado con alguno de ellos', indicó en el comunicado.

El representante a la Cámara también afirmó que no ha recibido' algún ofrecimiento de dinero o contratos de parte de algún funcionario del Gobierno y de nadie para favorecer alguna reforma o proyecto de ley'.

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Asimismo, señaló que no ha 'delegado ni autorizado a nadie para realizar acuerdos o gestiones en mi nombre, condicionando el sentido de mis actuaciones en el Congreso'.

Por último, dijo que está dispuesto a acudir al llamado que le haga la justicia para esclarecer los hechos.

La Fiscalía pidió el pasado jueves 11 de julio a la Corte Suprema de Justicia que 'indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados', teniendo en cuenta 'las menciones, evidencia y elementos de prueba hallados'.

Se trata de los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett, Liliana Esther Bitar Castilla, Karen Astrith Manrique Olarte, Julio Elías Chagüi Flórez, Julián Peinado Ramírez, Iván Leonidas Name Vásquez, Juan Pablo Gallo Maya, Andrés David Calle Aguas y Juan Diego Muñoz Cabrera.

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Todo comenzó cuando se reveló la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio de apoyo en el Congreso las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.