El Heraldo
Política

Polémica propuesta de Petro sobre la SAE divide opiniones

Penalistas, exfiscales y politólogos dan sus puntos de vista en EL HERALDO sobre la propuesta que hizo Petro en su posesión.

Durante su posesión el pasado 7 de agosto, en su discurso, el presidente Gustavo Petro anunció que los bienes de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, ente que reemplazó a la cuestionada y extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, pasarán a manos de organizaciones sociales.

“(...) A partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas”, fueron las palabras precisas del jefe de Estado.

EL HERALDO les preguntó al ex fiscal general de la Nación Luis Eduardo Montealegre; a los penalistas Francisco Bernate, Iván Cancino y Juan José Castro y al politólogo Esteban Salazar, de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, si es viable esta propuesta. Así mismo, el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas hizo advertencias y precisiones al respecto en un documento publicado en sus redes sociales.

En contra. El abogado penalista Juan José Castro le dijo a este diario que “la propuesta es difícil de aplicar desde lo jurídico, porque digamos que, en palabras generales, desde la SAE se administran bienes que están en proceso de extinción de dominio. Eso quiere decir que falta todavía que un juez determine que esos bienes se adquirieron o no con recursos de origen ilícito”.

Por ello, agrega el jurista, “sería tremendamente problemático sacar bienes de administración de la SAE y utilizarlos en otras finalidades sin que se haya determinado por un juez que esos bienes proceden como había dicho de origen ilícito: traería un problema legal obviamente sobre la propiedad, sobre las personas, sobre los terceros de buena fe que puedan llegar a decir que ellos no tenían conocimiento, que no tuvieron forma de actualizar su conocimiento sobre la procedencia ilícita de ese bien”.

Y, finalmente, advierte: “Dudaría de que eso pudiera pasar un control de constitucionalidad por la Corte Constitucional, en caso de que naturalmente tuviera que modificarse legalmente”.

A favor. El ex fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, comentó en este medio: “Comparto la propuesta del presidente Petro de pasar esos bienes como parte de un nuevo programa de economía productiva orientada hacia campesinos y jóvenes, parte de esos bienes proceden de la violencia ejercida contra ellos. Es una forma justa de reparar a miles de víctimas inocentes”.

A su vez, el presidente del Colegio de Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, consideró que “por supuesto que es viable y es legal esta propuesta: entre nosotros una vez se incauta un bien con fines de extinción de dominio pasa a la administración de la SAE. Lo que podría hacerse es que las diferentes agremiaciones de tipo cultural, social, organizaciones juveniles y de mujeres se inscriban como depositarios en la SAE y podrían administrar estos recursos”.

Destacamos el cambio de política del usufructo de los bienes a la retribución social: Pares

El coordinador de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, Esteban Salazar, le dijo a EL HERALDO que dentro del seguimiento que hacen desde la Fundación de las decisiones del Gobierno “nos llamó la atención que mencionara específicamente el presidente Gustavo Petro en su discurso a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, porque ha tenido varias transformaciones con el tiempo, no solo atadas a temas de justicia sino un modelo corporativista del Estado: una parte se implementó durante el periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y otra se ha hecho a través de otras agencias del Estado, que tienen funcionamientos distintos a los ministerios, donde se deben sacar usufructos de los bienes”.

Por ello, resalta el politólogo, “específicamente lo que dijo el presidente Petro de pasar los bienes de la SAE a las organizaciones sociales no constituye una práctica de un modelo corporativista que busca un usufructo, sino que se trata más bien de retribuir política, social y económicamente a organizaciones sociales y campesinas.

No obstante, advierte el magíster en gerencia para el desarrollo y experto en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia que hay “un tema legal en la propuesta, porque la Sociedad de Activos Especiales está reglamentada por un tema legal, que debe además cambiarse en el Congreso de la República, para que se pueda establecer cómo va a ser la disposición de estos bienes”.

Así mismo, agrega Salazar, “está el tema de seguridad, porque los bienes corresponden a unas estructuras que aún en varias partes del país pertenecen a un poder político y económico y eso podría generar un problema de revictimización y pone en riesgo a los eventuales beneficiarios de estos bienes”.

Por ello, advierte que “debe este asunto mirarse con mucho cuidado, en lo legal, por las reformas que hay que hacer y, segundo, debe abordarse con garantías para la vida de las personas que pertenecen a estas organizaciones sociales”.

En este sentido, pone de presente el politólogo de la Fundación Paz y Reconciliación, “tenemos ejemplos en Colombia, con bienes, con tierras, sobre todo con las personas que recuperan sus tierras, cómo estos bienes se les incautaron a las mafias y a distintos grupos armados y podría ser riesgoso” para los eventuales administradores o depositarios de los bienes de la SAE.

“Es por supuesto una idea bastante interesante, pero la ley en este momento parte de un usufructo y eso está dado dentro del presupuesto de la Rama Judicial y hay que ver cómo se compensa eso, porque permite el financiamiento de otras entidades y habría que ver qué tanto presupuesto se iría y para la justicia qué tanto se dejaría de obtener”, dijo.

Y concluyó Salazar que en principio lo ve con buenos ojos.

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