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Política

La ley del Montes | ¡La maldita corrupción!

Mientras todos los indicadores de violencia del país bajan, la corrupción se pegó una disparada por cuenta del coronavirus.­ Los entes de control ya investigas los casos.

Ni por cuenta del coronavirus -la plaga más cruel y letal que ha sufrido la Humanidad en la historia reciente- los corruptos descansan. Todo lo contrario: ahora parecen más dispuestos a robar a manos llenas y con absoluta desfachatez. Están saqueando al Estado colombiano por los cuatro costados al poder disponer de los multimillonarios recursos destinados por el Gobierno para hacerle frente a la pandemia que ha causado cientos de miles de muertos en todo el mundo.

No deja de ser llamativo que mientras todos los indicadores de violencia de las grandes ciudades del país -¡todos!- han disminuido de forma extraordinaria por cuenta del coronavirus, como los homicidios, los atracos y los asaltos a residencias, la corrupción parece más desbocada que nunca. A la hora de robar los cacos no dan tregua.

Los casos denunciados por la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría -que han unido esfuerzos para ver si logran parar el desangre de los recursos del Estado, que no son otros que nuestros impuestos son realmente aberrantes y prueban hasta dónde quieren llegar los pillos en su afán de quedarse con el último centavo que ha salido de nuestros bolsillos de contribuyentes.

Desde La Guajira hasta el Amazonas y desde Chocó hasta Guaviare, pasando por Bogotá y Medellín, todos los días se conocen denuncias sobre presuntos casos de corrupción en alcaldías y gobernaciones del país. ¡Estamos asistiendo a un robo masivo y descarado de miles de millones de pesos que deberían beneficiar a los sectores más pobres de la población!.

En lo que tiene que ver con la Región Caribe los organismos de control anunciaron apertura de investigaciones en varias administraciones departamentales y municipales, incluyendo las gobernaciones de Magdalena, La Guajira, Cesar y Sucre, entre otras. De forma simultánea informaron que hay indagaciones preliminares en contra de los alcaldes de Malambo y Soledad -entre otros- con el fi n de evaluar una posible apertura de procesos disciplinarios.

Al ocuparse del grave asunto, EL HERALDO es su Editorial de este sábado -titulado de forma certera “Pandemia de corrupción”- puso el dedo en la llaga: “Como si se tratara de una piñata, autoridades territoriales y contratistas jugaron con los recursos del Estado, que en vez de estar dirigidos a garantizar la vida de estas personas y su derecho fundamental a la salud, estaban a punto de terminar en los bolsillos de estos impresentables”.

Tal cual dice el periódico así ocurre en la realidad y así lo están comprobando Fiscal, Procurador y Contralor. Muchos alcaldes y gobernadores han sacado provecho de la excepcional situación del país en materia de contratación, puesto que les permite agilizar los trámites tradicionales y de contera incurrir en indelicadezas o aberrantes delitos. Todo ello se traduce -obviamente- en mayor corrupción, como lo estamos viendo.

Es bueno aclarar que no todos los funcionarios a quienes se les abrió investigación preliminar son corruptos, ni están utilizando los recursos públicos para lucrarse o sacar provecho propio de la calamitosa situación de millones de colombianos. Todos ellos deberán demostrar su pulcritud en el manejo de los recursos públicos.

Uno de los casos que más llamó la atención de los organismos de control es de la Alcaldía de Soledad, que firmó un contrato por 2.100 millones de pesos con la Fundación El Lirio de los Valles (Fundelosva) para el suministro de ayudas humanitarias. El contrato se firmó el pasado 17 de abril bajo la modalidad de urgencia manifiesta, que permite una mayor celeridad en la firma y ejecución del contrato. Las partes acordaron la terminación del contrato al no contar la Fundación El Lirio de los Valles con la garantía única de cumplimiento.

En lo que tiene que ver con la Alcaldía de Malambo, el contralor general Carlos Fernando Córdoba anunció que su despacho investiga presuntos sobrecostos en la ejecución de un contrato por más de 4.000 millones de pesos, suscrito entre la administración municipal y la Fundación Lirio de los Valles. El objeto del contrato es el suministro de mercados básicos para los pobladores más pobres del municipio.

Los organismos de control también investigan a los alcaldes de Sincelejo y Coveñas en Sucre, el de Puerto Escondido en Córdoba; a los de Algarrobo y Fundación en el Magdalena. De igual manera el gobernador de ese departamento, Carlos Caicedo, está siendo investigado de forma preliminar por la Contraloría General y por la Fiscalía General. El Gobernador se pronunció sobre esta situación a través de las redes sociales y sostuvo que “los funcionarios públicos honestos entendemos siempre las indagaciones preliminares como una oportunidad para explicar la transparencia con la que hemos hecho todo. Estamos listos a explicar, demostrar y evidenciar que ni un centavo se ha perdido o se va a perder”.

En esta especie de “danza de contratos” por cuenta del coronavirus ya hay un gobernador separado de su cargo por el procurador Fernando Carrillo por graves irregularidades en el manejo de los recursos. Se trata de Ariel Palacios, del Chocó, quien deberá dar explicaciones por un contrato por 2.000 millones de pesos firmados en pleno coronavirus para la realización de una serie de ciclos educativos en ese departamento. ¿Cómo está el panorama de la corrupción en pleno coronavirus? ¿Qué hacer ante la grave situación?

Corruptos tanto en el sector público como en el privado

El coronavirus no volvió corruptos a los funcionarios que están envueltos en actos de corrupción. Ellos lo eran desde antes, sólo que vieron en la crisis y en la disposición de los multimillonarios recursos la mejor oportunidad para seguir robando. Creer que los únicos corruptos son los funcionarios públicos también es un error: en el sector privado existe tanta o más corrupción que en el público.

Los sobrecostos de algunos productos, por ejemplo, nacen de una transacción perversa entre el funcionario y el empresario, quienes acuerdan el incremento exagerado de los precios para ambas partes sacar una buena tajada. Ello explica que unos pañales para adultos, que no valen más de 3.000 pesos la unidad sean facturados por 35.000 cada uno. O un tapaboca cuyo precio unitario real es de 14.000 pesos aparezca comprado por 40.000.

Esa actuación criminal debe ser castigada de forma ejemplar, porque se trata de recursos públicos que deberían ser empleados para asistir a la población más vulnerable. La corrupción del sector privado también debería ser investigada con rigurosidad, porque es tan bandido el que recibe como el que ofrece. Punto. Esa cadena criminal que sostiene la corrupción en Colombia tiene tanto en el sector público como en el privado dos eslabones muy poderosos.

Corrupción, un fenómeno mundial

Colombia no es el único país donde los corruptos aprovechan las tragedias para hacer negocios, enriquecerse de forma fraudulenta y robar a manos llenas. En agosto de 2005, por ejemplo, Estados Unidos soportó la arremetida del huracán Katrina, que causó la muerte a unas 2.000 personas y produjo pérdidas por más de 160.000 millones de dólares. La ciudad más afectada por el paso del Katrina fue Nueva Orleans, que aún hoy sigue sin poder superar los efectos del huracán.

Para sorpresa del mundo, en aquella oportunidad varías cadenas de hoteles dispararon los precios de las habitaciones, pese a la tragedia que vivían miles de familias de Nueva Orleans. Compañías embotelladoras de agua quintuplicaron el precio de los botellones, sin importar el dolor de los damnificados por el Katrina. Hasta el alcalde de la ciudad, Ray Nagin, aprovechó para hacer negocios y en 2014 fue condenado a 10 años de cárcel por soborno, falsedad de documentos y fraude fiscal. Lo que vemos en Colombia no es, pues, un mal nacional, sino mundial. Es un asunto de pérdida de valores, de moral y de ética.

El principio de solidaridad, que mueve a millones de personas a ayudar y asistir a los más necesitados, como de hecho lo estamos viendo en Colombia, no es el que motiva a quienes están dispuestos a lucrarse con la tragedia y el dolor de los demás. Lo suyo es el enriquecimiento ilícito, el robo y el saqueo a rodos, sea en una súper potencia como Estados Unidos, o en un país con tantas carencias como Colombia.

Urgencia manifiesta, ¿para robar?

El procurador general, Fernando Carrillo, se refirió a los casos de corrupción que están siendo investigados por su despacho, así como por el fiscal general, Francisco Barbosa, y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, con una frase demoledora: “Asistimos a una avalancha de actos de corrupción”.

Una avalancha que compromete cientos de miles de millones de pesos, producto, fundamentalmente, de sobrecostos en elementos de primera necesidad. La figura de la “urgencia manifiesta”, que en períodos excepcionales, permite una mayor celeridad en la celebración y ejecución de contratos, está siendo utilizada para saquear algunas administraciones municipales y departamentales. De esta manera, lo que era un recurso para evitar la llamada “tramitomanía” y la paquidermia en la celebración y ejecución de los contratos, terminó siendo una herramienta muy valiosa para perpetuar la corrupción.

La razón de ser de la “urgencia manifiesta” es evitar la lentitud en la celebración de los contratos y en su ejecución en tiempos de calamidad pública, tragedias naturales o cualquier tipo de contingencia grave que afecte a la comunidad, como ocurre en estos momentos con la pandemia del coronavirus. En estas gravísimas circunstancias cualquier demora en el desembolso de algunos recursos puede significar la pérdida de muchas vidas humanas. Esa es la razón de ser de su existencia. Pero esta visto que lo que menos les importa a quienes están listos para saquear y robarse los dineros públicos es la vida de los seres humanos

Robo que cuesta muchas vidas

El procurador general de la Nación abrió 10 procesos disciplinarios en 8 departamentos por presuntos actos de corrupción, durante la emergencia económica y social que vive el país por cuenta de la pandemia del coronavirus.

El monto de los contratos celebrados ascienden a unos 40.000 millones de pesos. Para el procurador Carrillo resulta inadmisible que en medio de la tragedia -con una enorme escasez de recursos- haya funcionarios dedicados al saqueo de las arcas municipales y departamentales. La indolencia de quienes deberían administrar con absoluta pulcritud los recursos públicos contrasta con la necesidad de quienes están a la espera de dichos recursos para poder subsistir. Eso es lo más grave de todos.

Quienes roban le están quitando la ayuda a los más necesitados. No es, pues, un asunto menor. Todo lo contrario: es un asunto gravísimo, puesto que está de por medio la vida de nuestros compatriotas.

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