El mimso día que el gobierno nacional presentó formalmente el programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE), el reemplazo del cuestionado Agro Ingreso Seguro, el Juez 33 de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los cuatro exfuncionarios del Ministerio de Agricultura involucrados en el escándalo.
Los investigados son Juan Camilo Salazar, ex viceministro de Agricultura; Camila Reyes del Toro, ex directora de Comercio y Financiamiento; Tulia Eugenia Méndez, ex jefe de la Oficina Jurídica, y Oskar Schoerder, ex jefe de la Oficina Jurídica.
Los exfuncionarios públicos deben responder los delitos de celebración indebida de contrato y contratos sin requisitos legales.
La Procuraduría había avalado la petición del ente investigador, considerando que los ex funcionarios deben ir a la cárcel porque no obraron en conformidad con la Ley. El juez entonces no aceptó los alegatos de los abogados defensores en el caso de Salazar y Schroeder quienes argumentaban que sus clientes no tenían la facultad de ordenar la entrega de subsidios y que no tenían la intención de afectar a los pequeños y medianos agricultores.
