La Procuraduría General de la Nación puso en marcha una estrategia para frenar la participación indebida de servidores públicos en la contienda electoral. El plan busca que ningún funcionario utilice su cargo o los recursos del Estado para favorecer candidatos, especialmente ante la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
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El próximo miércoles 6 de mayo, Bogotá será la sede de la Cumbre de Procuradores Territoriales y Delegados. En este encuentro, el procurador general, Gregorio Eljach, entregará las instrucciones directas a sus delegados en todo el país para vigilar de cerca el comportamiento de los empleados públicos.
La entidad ha sido enfática en que “no se tolerarán infracciones que pongan en riesgo la legitimidad del proceso democrático”. Con esto, se busca que el personal administrativo se mantenga al margen de las disputas partidistas y cumpla con su deber de neutralidad.
Desde inicios de 2026, el Ministerio Público activó un grupo élite dedicado exclusivamente a investigar irregularidades. Este equipo no solo vigila que la contratación pública no se use como moneda de cambio electoral, sino que también rastrea cualquier conducta que rompa la imparcialidad del Estado.
Según el procurador, “la línea entre lo permitido y lo prohibido debe estar absolutamente clara”. Esto incluye un monitoreo a la actividad en redes sociales, donde expresiones aparentemente personales podrían considerarse una participación prohibida si comprometen la imagen de la institución a la que pertenecen.
Esto es lo que no pueden hacer los servidores públicos
La normativa actual establece prohibiciones estrictas para evitar que el aparato estatal se ponga al servicio de campañas:
- Bienes y tiempo: no se puede usar el horario de trabajo ni recursos del Estado para proselitismo.
- Acoso laboral: está prohibido presionar a subordinados para que voten por algún candidato.
- Publicidad: los funcionarios no pueden difundir propaganda electoral ni intervenir en controversias políticas.
- Información privilegiada: se prohíbe el uso de datos reservados para fines partidistas.
Ahora bien, cabe resaltar que el enfoque de la Procuraduría es evitar que se cometan las faltas antes de tener que sancionarlas. Sin embargo, Eljach recordó que “la función pública debe ejercerse con neutralidad” y que el desconocimiento de estas reglas no exime a nadie de procesos disciplinarios. El objetivo final es garantizar que la competencia por la presidencia sea equilibrada y transparente.
