El aspirante presidencial Abelardo de la Espriella presentó una denuncia acompañada de una contrapropuesta ante la Defensoría del Pueblo, en la que alerta que el país atraviesa un “riesgo real”, estructural y progresivo de deterioro democrático”. Asimismo, se dirigió a la defensora Iris Marín Ortiz y sostiene que, bajo las condiciones actuales, no existen garantías suficientes para que el proceso electoral se desarrolle con libertad y en paz.
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Además, el candidato afirma en el documento que la oposición “no compite hoy en igualdad de condiciones”. La denuncia señala un presunto uso político de los medios públicos, la participación de altos funcionarios en asuntos electorales y la estigmatización de sectores contrarios al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Asimismo, según el documento, los canales estatales estarían siendo utilizados para “atacar sistemáticamente a sectores opositores” y para “promover narrativas favorables al Gobierno como si fueran información institucional”.
Otro punto central expuesto por De la Espriella es la violencia política. Con base en cifras de la Misión de Observación Electoral, se indica que en 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, además de un incremento del 22% en hechos letales frente a 2021. El documento advierte que este panorama incidiría de forma directa en la participación política y en el desarrollo de campañas en varias regiones.
Por otro lado, el documento también cuestiona la política de Paz Total por la presencia de estructuras armadas ilegales en amplias zonas el territorio nacional, las cuales, según la denuncia, tendrían capacidad de intimidad votantes, influir en campañas y alterar resultados.
“No puede hablarse de elecciones libres y democráticas cuando quienes aspiran a representar a la ciudadanía deben vivir bajo miedo constante”, expresó Abelardo de la Espriella.
Finalmente, como parte de su contrapropuesta, el candidato y el Movimiento Defensores de la Patria plantean que cualquier acuerdo sobre garantías electorales contemple compromisos verificables por parte del Gobierno, entre ellos el cese del uso político de medios públicos, la prohibición de participación electoral de altos funcionarios, sanciones por uso indebido de recursos del Estado, medidas reforzadas de protección para candidatos en riesgo, recuperación del control territorial y veeduría independiente del proceso electoral.
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