El director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez, dijo este martes que antes del lamentable caso de Miguel Uribe la entidad no protegía precandidatos sino solo candidatos, aseveró que a la Unidad no llegó ninguna solicitud de reforzamiento del líder opositor y señaló que le pareció “raro” el anuncio de imputación de la Fiscalía que luego se echó para atrás.
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“La palabra precandidato no existe en el lenguaje electoral ni en el lenguaje de protección de la UNP. Las figuras cubiertas en los decretos eran únicamente los candidatos registrados oficialmente durante el periodo de campaña. Esa limitación impidió la activación del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, encargado de analizar amenazas contra aspirantes en contienda electoral. (...) El Comité se activa cuando hay campaña, o sea, para los candidatos. En ese momento se activaba para los candidatos, no para los precandidatos. Hoy en día cambió, lamentablemente, a raíz de lo ocurrido”, afirmó el funcionario a la emisora Blu Radio.
“La protección de congresistas como Miguel Uribe no era responsabilidad exclusiva de la UNP, sino compartida con la Policía Nacional bajo un convenio interadministrativo con el Congreso de la República. La Policía era la encargada de coordinar los análisis de riesgo y autorizar refuerzos en los esquemas de seguridad. A los congresistas los atiende la Policía Nacional. Cuando hay una amenaza o se requiere refuerzo, la solicitud se tramita por medio del Congreso hacia la Policía, y esta nos remite el caso si es necesario”, precisó.
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Aseveró además que ninguna de las 23 solicitudes de refuerzo atribuidas al senador llegó a la UNP: “No hay ni una sola solicitud, revisamos todos los archivos y correspondencias. El abogado Víctor Mosquera está equivocado al señalar que hubo desprotección de la UNP. (...) Esos documentos no constituían solicitudes de reforzamiento del esquema, sino simples peticiones de apoyo operativo. Lo que había eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema. Esas se tramitaban con la Policía o con la unidad administrativa del Congreso. La UNP no tiene vehículos disponibles en todas las ciudades ni contrato directo con cada parlamentario”.
Frente al anuncio de imputación de cargos del pasado lunes, que se echó para atrás horas después, Rodríguez aseguró que se enteró a través de los medios y pensó que “algo raro estaba pasando, porque no fui escuchado en ninguna diligencia formal”.
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Y desmintió a Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado y secretario de Transparencia de la Presidencia, quien lo acusó de participar en supuestas ‘chuzadas’: Jamás pasa por mi cabeza hacerle escuchas a nadie, y menos en mi posición. Soy el encargado de proteger a opositores, líderes sociales, magistrados y periodistas. Tengo que ser impoluto".
