El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela interpuesta por la Colombia Humana que pedía anular la sanción del Consejo Nacional Electoral, CNE, contra la campaña de Petro, argumentando que la corporación de la Organización Electoral vulneró los derechos fundamentales del partido petrista relacionados con el debido proceso, el principio de legalidad y la igualdad en la participación.
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La acción constitucional fue presentada por Julio César Ortiz, apoderado de la Colombia Humana, quien señalaba que el CNE “sancionó a nuestro representado sin tener competencia para ello, ante la ocurrencia de la caducidad de la facultad sancionatoria del CNE frente a la campaña presidencial, cuya segunda vuelta ocurrió el 19 de junio de 2022”.
Pero para la corte capitalina, la tutela de la Colombia Humana “conforme a los argumentos en los que se soporta la presente queja constitucional y su cotejo con la información extractada de las piezas procesales adosadas al expediente, se anticipa que el amparo rogado será denegado, toda vez que incumple el presupuesto de la subsidiariedad aunado a que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable”.
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Y concluye el tribunal que “por regla general, la tutela es improcedente para cuestionar actos administrativos, pues lo concerniente al ataque frente a la legalidad de la cual están revestidas estas actuaciones, en principio, corresponde plantearlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que este particular mecanismo, por su carácter preferente y sumario, no puede desplazar la competencia del juez de la causa, porque en el trámite ordinario es necesario hacer un debate probatorio riguroso, que implica un mayor análisis que no se puede evadir ante la premura de los plazos que implica la resolución de este recurso de amparo”.
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Se trata de la sanción que impuso el jueves 27 de noviembre de 2025 el CNE a la campaña Petro Presidente 2022 - 2026 por haber excedido los límites legales de gasto en ambas vueltas de las elecciones presidenciales, con ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, concluyendo que la campaña superó los topes de gasto establecidos por ley en un total de $5.300 millones, de los cuales $3.700 millones corresponden a gastos no reportados en la primera vuelta y $1.600 millones a la segunda, identificándose irregularidades como los aportes del sindicato Fecode, gastos en publicidad política, contribuciones de la Unión Patriótica y fondos provenientes de fuentes no autorizadas, como la Unión Sindical Obrera, y el pago a más de 30.000 testigos electorales a través de la empresa Ingenial Media SAS durante la primera vuelta presidencial.
