Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicaron este lunes en el Congreso el proyecto de ley de competencias, que complementa la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, aprobado en diciembre pasado, y que aumenta las transferencias de la Nación a las regiones de un 20% a un 40%.
“Esta, después de la reforma laboral, es la más importante en décadas para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Queremos que el 80% sea para educación, salud y saneamiento básico y el 20% para otros propósitos. Todo esto administrado por las entidades territoriales con mecanismos de seguimiento y transparencia desde la sociedad civil y los organismos del Estado”, dijo Benedetti.
A su turno, Jaramillo indicó que con esta iniciativa “tratamos de devolverle a las personas lo que les han quitado. Primero con la reforma laboral para devolverles la dignidad a los trabajadores. Ahora queremos descentralizar pero con recursos darle a la célula fundamental del país, a los municipios, lo necesario para poder sobrevivir”.
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La ley pretende reorganizar las competencias de los distintos niveles de gobierno, es decir Nación, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas.
“Esta iniciativa puede ser considerada como la más importante reforma del Estado desde la Constitución de 1991. (...) El proyecto surtió el proceso de consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas. La iniciativa de origen del Gobierno fue socializada con diversos actores sociales, y entidades territoriales. En dichas reuniones participaron la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, la Asociación de Ciudades Capitales, y la Asociación de Ciudades Intermedias, así como las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), Fecode, la Defensoría del Pueblo y la academia”, se lee en el comunicado.
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La iniciativa propone una distribución de los recursos del SGP, los recursos adicionales del SGP se irían a financiar el cierre de brechas territoriales en los tres sectores priorizados, educación, salud y agua y saneamiento básico; al fortalecimiento institucional para la descentralización; y al cumplimiento de compromisos con los pueblos y comunidades indígenas.
La cartera política señala que el proyecto además define unos principios básicos para la descentralización, establece una institucionalidad para administrar el proceso de descentralización, define una clasificación básica por capacidades y por atributos para desarrollar una descentralización asimétrica en el país, que consulte las distintas capacidades y vocaciones de cada territorio.
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“El proyecto queda ahora en manos del Congreso de la República, que tiene la facultad de modificarlo y aprobarlo. El Gobierno retiene la facultad de dar aval fiscal a lo aprobado”, concluye el boletín.
