BOGOTÁ. El próximo martes las Comisiones Económicas Conjuntas votarán por la propuesta de archivo de la polémica reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, que pretende recaudar $16,3 billones. El Gobierno y sus aliados lograron romper el ‘quorum’ esta semana para dejar viva a la denominada ley de financiamiento, pero la oposición y los independientes dicen tener los votos para hundirla. El Ejecutivo advirtió que si naufraga el articulado se entraría en un escenario de ‘default’ o impago de deudas, pero el centro de pensamiento económico ANIF y expertos consultados por EL HERALDO desmienten tal panorama.
Sobre la iniciativa, que debe ser aprobada antes del 16 de diciembre del presente año, cuando culmina el primer periodo legislativo de la actual cuarta y última legislatura, se radicaron varias ponencias, entre ellas la ponencia de archivo presentada por la representante Katherine Miranda, del ala independiente de la Alianza Verde, quien señaló que “Colombia no necesita otra tributaria: necesita un presidente que cuide el bolsillo de la gente, no uno que lo exprima para sostener su propio derroche. (…) El presidente Gustavo Petro decía que estos impuestos y esta reforma va encaminada a los ricos y más ricos. No, señor presidente, lea su propia exposición de motivos en la que advierte afectaciones a pobres, vulnerables y a la clase media en igual medida y no lo digo yo, sino su exposición de motivos”.
A su vez, el ex presidente del Congreso y precandidato presidencial del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, quien también presentó ponencia de archivo, dijo que “esta es la crónica de una muerte anunciada y decidieron en la Comisión Cuarta de la Cámara alargar la agonía de este proyecto, rompieron el ‘quorum’ y se levantó la sesión, y seguiremos en el debate el próximo lunes o martes. Pero están los votos para negar la ponencia del Gobierno Nacional y hundir la reforma tributaria. Eso se llama el alargue de una agonía rompiendo el ‘quorum’ para que se hunda en la próxima sesión, que da lo mismo. No entendí esa estrategia y así es que quieren tratar de ver si es que voltean algunos votos, pero no los de la Comisión Tercera de Senado, que va a hundir esta reforma tributaria”.
Frente al proyecto, el representante Modesto Aguilera, de Cambio Radical, integrante de las Comisiones Económicas, consideró que “debe hundirse porque se basa en un modelo que recae, directa e indirectamente, sobre los hogares de ingresos medios y bajos. Al proponer impuestos al consumo como el IVA a la gasolina y al diésel —servicios que mueven toda la economía— terminaría encareciendo el transporte, los alimentos y los bienes básicos. No es una reforma progresiva, porque no diferencia entre quienes pueden pagar más y quienes ya sienten el peso del costo de vida día a día”.
Además, expone el opositor, “castiga la economía productiva y desincentiva la inversión en momentos en que el país necesita crecer y generar empleo. Aumentar la carga tributaria a empresas, dividendos y patrimonio debilita la competitividad y ahuyenta capital, afectando la generación de empleo formal. No se trata de recaudar por recaudar, sino de promover un sistema tributario sostenible, que estimule la actividad económica en lugar de frenar la inversión”.
Respecto a la evasión, contrabando y elusión, opinó Aguilera que la DIAN debe tener la capacidad no solo de recaudar sino también de enfrentar estos tres fenómenos que ya esta misma entidad estimó que representan entre $72 a $100 billones anuales: “Atacar estos problemas significaría un recaudo superior a tres reformas tributarias, pero en el proyecto presentado por el Gobierno, por medio del ministro de Hacienda y el director de la DIAN, no han propuesto mecanismos jurídicos y técnicos para enfrentar estas actividades”.
De igual modo, el presidente de la Comisión Cuarta del Senado -una de las económicas-, el senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático, sostuvo en EL HERALDO que el trámite de la reforma tributaria tiene que hundirse: “Lo que hemos visto en las sesiones es inaceptable, se niegan los espacios de la oposición para un análisis técnico serio, mientras algunos congresistas se dedican a aplaudir al presidente y darle vía libre para seguir derrochando recursos y empobreciendo a los colombianos. Los hogares no soportan un impuesto más. En medio de una economía frágil, es irresponsable que el Gobierno pretenda que la gente pague las consecuencias de un gasto sin control”.
Adicionó el parlamentario opositor que esta no es una ley de financiamiento sino una reforma tributaria disfrazada: “No busca ordenar el Presupuesto.sino exprimir la economía de las familias para sostener el derroche del Gobierno, financiar contratos, embajadas y ministerios, y preparar el terreno político para 2026, pese al desastre económico que deja la improvisación del gobierno Petro. Después de casi cuatro años de discursos sin sustento técnico y gasto sin planeación, el país merece claridad. Y la verdad es que esta reforma no resuelve el problema estructural: el Presupuesto sigue desfinanciado, es incompatible con la realidad económica y ni siquiera recortando $26 billones se cierra el hueco fiscal”.
Por último indicó Cabrales Baquero que el de Petro es un presupuesto inflado e insostenible: “Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, el faltante para cumplir la meta fiscal de 2026 asciende a $45,4 billones, equivalentes al 2,4% del PIB. Y en 2027 el esfuerzo será aún mayor: el ajuste del déficit primario subirá de 1,1 a 1,7 puntos del PIB en un solo año”.
Pero Petro aseveró en sus redes sociales que “la situación fiscal del país, hundiendo esta última reforma fiscal, después del hundimiento de la anterior y de la caída por la Corte Constitucional de la mitad de la única reforma tributaria aprobada, más la herencia de una alta deuda dejada por el anterior gobierno a la que se le agregó la tasa de interés interna y un periodo de alta devaluación, nos lleva a una emergencia. Aún hay tiempo y espero que el Congreso reaccione con responsabilidad al país. Mi gobierno no ha financiado gasto con deuda, no propone impuestos ni a la gente trabajadora, ni al sector productivo”.
Agregó en este sentido el mandatario: “Mi gobierno ha logrado disparar ganancias y utilidades nunca antes alcanzadas por las grandes corporaciones financieras y comerciales particulares. Es hora que ayuden al equilibrio de las finanzas, cuyo desequilibrio no provocamos. En toda circunstancia y porque vamos hacia el Estado Social de Derecho, el gasto social y la financiación de los derechos fundamentales de la ciudadanía no retrocederán. La combinación de alta tasa de interés que no permite aumentar más el crecimiento, pero estimula de manera no sana el crecimiento de la deuda interna, aumentando ganancias especulativas, genera insostenibilidad económica: eso debe finalizar y será a través del crecimiento de la demanda interna”.
Y sobre una eventual cesación de pagos, Petro dijo el pasado martes en el consejo de ministros que “hay peligros en el sistema fiscal, peligros que se vuelven realidad si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento. (…) Iríamos a una posible ‘default’ que yo hoy evitaría a como dé lugar”, agregando que “si el Congreso es responsable, dado que solo les ponemos impuestos a los más ricos, a nadie más, los megarricos, pues solucionamos el problema, y bajaría el costo de la deuda y equilibraríamos el daño que nos dejó pagar en tres años $79 billones, que aparecen como gasto en los presupuestos, pero no aparecen como ingresos”.
Sin embargo, el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, desmintió al jefe de Estado en EL HERALDO: “El Gobierno comete un error de falsedad en las afirmaciones según las cuales si no se aprueba la ley de financiamiento habría ‘default’, y es mentirosa esa afirmación por cuanto el problema fiscal no es de la ley de financiamiento: $16 billones no solucionan el problema fiscal, que es mucho más grave, porque el déficit está llegando a niveles casi del -7,5 a -8% y la deuda está llegando a niveles del 65% del PIB en deuda bruta, entonces el problema fiscal lo ha generado este gobierno y no responde al problema de la ley de financiamiento”.
Explicó en este punto el experto que “el problema fiscal viene por tener excesos en presupuestos nacionales desbordados que el país es incapaz de administrar o por la incertidumbre que ha generado por ejemplo al suspender la regla fiscal que elevó el costo del financiamiento en casi un 40% con respecto a lo que se pagaba en 2022, entonces esa afirmación es mentirosa pero además es inconveniente, es muy poco estratégico e inteligente señalar que Colombia va a entrar eventualmente en un escenario de ‘default’ porque eso envía un pésimo mensaje a calificadoras de riesgo e inversionistas internacionales, no se compadece esa afirmación con que provenga de un jefe de Estado, que lo que genera es más incertidumbre y preocupación en esos mercados internacionales”.
Así mismo, explicó Restrepo Abondano que “existe una altísima probabilidad, y sería lo recomendable para el país, que ese proyecto de ley se hundirse, entre otras porque ni siquiera es capaz de solucionar el problema de fondo que enfrentamos hoy en materia fiscal: la reforma tributaria solo recogería eventualmente $16 billones y la desfinanciación del Presupuesto Nacional es de más de $45 billones, lo que significa que es insuficiente. Pero en adición a eso, es inconveniente porque detiene el crecimiento de la economía, afecta la dinámica productiva del país y por lo tanto va a tener un impacto negativo sobre el sector productivo y en general sobre el recaudo tributario”.
Por ello, propuso el rector de la Universidad EIA que “el camino que se debería seguir es que el Gobierno fuera consciente de que se está teniendo un exceso de gasto público, sobre todo gasto de funcionamiento, y quien pudiera controlar, congelar y eliminar una suerte de partidas que están elevando el déficit fiscal y el nivel de deuda pública a niveles históricos máximos en el país. Yo personalmente además creo que no existe el ambiente político en el Senado de la República y que esa reforma tributaria no va a tener ninguna probabilidad de éxito en su tránsito en el Congreso”.
Y el presidente del centro de pensamiento económico ANIF, José Ignacio López, coincidió en parte y aseguró que si el Congreso de la República no aprueba el proyecto de ley de financiamiento, el Gobierno Nacional lo que tendrá que hacer es efectuar un recorte de $16,3 billones en el Presupuesto del próximo año.
Es decir que el Presupuesto 2026 tendría que ir por $530,6 billones y no por los actuales $546,9 billones.
En ese sentido, López afirmó que no es verdad que el país pueda entrar en el incumplimiento de sus compromisos internacionales.
“De tal suerte que decir que por ejemplo, si no se aprueba la ley de financiamiento pues no vamos a pagar la deuda colombiana, pues es impreciso, porque el mecanismo está claro, tiene que haber un recorte de gasto en el Presupuesto, de tal manera que se produzca el mismo déficit fiscal con o sin ley de financiamiento”, dijo el presidente de ANIF durante el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI.
Finalmente sostuvo que desde el centro de pensamiento tienen una lectura negativa de la ley de financiamiento presentada por el Gobierno y el posible impacto en el sector de los combustibles: “Va a golpear sectores estratégicos de crecimiento de inversión en el país. No hay ambiente político y económico para tener un aumento en sectores estratégicos. Esta ley implica menor inversión y crecimiento”.
