Desde que llegó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en agosto del 2022, por designación directa del presidente Gustavo Petro, nada de lo que hizo o dejó de hacer Carlos Ramón González –a partir de ese momento– puede resultar ajeno al conocimiento del presidente de la República. Ser director del Dapre significa –ni más ni menos– convertirse en la mano derecha del Jefe del Estado. De hecho, su oficina en la Casa de Nariño está ubicada justo al lado del despacho presidencial.
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De manera que resulta poco creíble que –después de que se desatara el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que tiene a González imputado por la Fiscalía, por el presunto saqueo a esa entidad– Petro diga de forma reiterada que poco o nada tiene que ver con la actuación de quien fuera su mano derecha durante la primera parte de su gobierno. No es verosímil la versión de Petro según la cual desconocía todo lo que González hacía como director del Dapre.
También resulta exótica su versión, según la cual el gobierno desconocía los trámites realizados por González para que la dictadura de Daniel Ortega le renovara la residencia permanente en Nicaragua, el 21 de mayo pasado, como lo denunció el Canal RCN de Televisión. Curiosamente, ese mismo día la Fiscalía le imputó cargos por cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. González habría incurrido en estos delitos como parte de un entramado criminal de corrupción que tuvo como consecuencia el saqueo de la UNGRD, con el fin de obtener el respaldo de un buen número de congresistas a las iniciativas del gobierno. En otras palabras: González habría “comprado” con miles de millones de pesos –provenientes de la UNGRD– votos favorables de congresistas a proyectos e iniciativas del gobierno.
Cuando se desató el escándalo, Carlos Ramón González –que después de la dirección de la UNGRD pasó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), también por designación directa de Petro– buscó refugio en Nicaragua.
En ese país –en condición de fugitivo– fue recibido por el entonces embajador y hoy senador León Fredy Muñoz, quien lo hospedó por varios meses en su residencia oficial en Managua. Así lo reconoció el propio Muñoz en declaraciones a distintos medios de comunicación. Desde esa sede se gestionó por parte de funcionarios del gobierno de Petro la solicitud de residencia permanente de González. Y también se tramitó –desde esa misma embajada– la renovación de la misma para el exdirector del Dapre y de la DNI. De manera que no le asiste la razón a Petro cuando argumenta que su gobierno nada tuvo que ver con los trámites realizados a favor de quien fuera su mano derecha en la Casa de Nariño.
La mejor manera que tiene Petro para demostrar que es ajeno a los privilegios que goza en Nicaragua el prófugo González es solicitándole a ese país que lo envíe de inmediato a Colombia para que responda por su actuación. Esa parece ser la pretensión del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, al anunciar que el gobierno hará la solicitud respectiva. Mientras ello no ocurra, le asiste la razón a quienes consideran que el gobierno Petro apela a herramientas diplomáticas para proteger amigos y exfuncionarios señalados de graves casos de corrupción. De poco o nada servirá que el propio Petro lo niegue.
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¿Cómo llegó la mano derecha de Petro a ser protegido del dictador Ortega en Nicaragua?
Es apenas obvio que la permanencia de González en Nicaragua lo que busca es evadir la justicia colombiana. Ese es su propósito. Y para ello contó -aunque Petro lo niegue- con la anuencia de funcionarios de la embajada de Colombia en Managua. González no está en Nicaragua contra la voluntad de Petro. Por esa razón es que su extradición a Colombia debe darse de forma inmediata. El imputado González protegido por el dictador Ortega –a petición de funcionarios del gobierno colombiano– es un lujo que Petro no puede darse al terminar su mandato.
¿Cómo explicar que quien señaló a sus antecesores –en especial a Álvaro Uribe– de proteger por vías diplomáticas a sus funcionarios se valga de las mismas “jugaditas” para blindar a sus amigos y subalternos de mayor confianza? Lo único que le falta a Petro es deberle favores a un dictador como Ortega. Los cargos diplomáticos no son para sacarle el cuerpo a la ley, ni para blindar a prófugos de la justicia. El lugar donde debe estar González es en Colombia y no en Nicaragua.
Periodistas y medios de comunicación no son los mentirosos
El documento mediante el cual Colombia solicita la renovación de la residencia permanente de González en Nicaragua no es un invento de los medios de comunicación. No son los medios los que mienten, como asegura Petro. Son sus funcionarios los que creen que pueden pasarse las leyes por la faja. “(…) Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González.
El cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”, es lo que dice la solicitud hecha por Colombia –desde su embajada en Managua– el pasado 21 de mayo. ¿Por qué Petro niega la existencia de un documento tramitado por funcionarios de su gobierno? ¿Por qué insiste en llamar “mentirosos” a medios de comunicación y periodistas que denunciaron la existencia de dicha solicitud? La obligación de Petro es conminar a González a que comparezca ante las autoridades colombianas y la extradición es el recurso más expedito para ello.
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El ministro Montealegre –tan eficiente para promover “consultas populares” carentes de soportes legales– debe tramitar cuanto antes la extradición de quien fuera la mano derecha de Petro en la Casa de Nariño.
Colombia no es una “república bananera” que protege a quienes buscan por casos de corrupción
Si Petro dice desconocer sobre el trámite de la renovación de la residencia permanente de González en Nicaragua, la pregunta que surge es: ¿quién sabía? Ahora resulta que nadie tenía conocimiento. La excanciller Laura Sarabia –futura embajadora en Londres– negó cualquier participación en el espinoso asunto. Su sucesora –Rosa Yolanda Villavicencio– también hizo lo propio: nada que ver con esa solicitud. El entonces embajador en Managua, Leon Fredy Muñoz, quien recibió y hospedó a González en su residencia, afirmó desconocer todo lo relacionado con esa solicitud.
El encargado de la embajada –Óscar Muñoz Giraldo– también niega toda responsabilidad en lo sucedido. Es decir, el principal implicado en el más grande escándalo de corrupción del actual gobierno podría quedarse a vivir en Nicaragua –protegido por el dictador Ortega y blindado por el gobierno Petro– mientras en Colombia las autoridades lo buscan para que asuma su responsabilidad en el desfalco a la UNGRD. Solo en una “república bananera” podría suceder que quien huye de la justicia, después de ser imputado de graves actos de corrupción es protegido por funcionarios del gobierno que dice tener como principal bandera la lucha contra la corrupción.
Gustavo Petro y Claudia López, muy ingratos con Carlos Ramón González
A Carlos Ramón González hoy se lo disputan Petro y antiguos dirigentes del Partido Verde: Petro dice que es de los verdes, y los antiguos verdes, como la precandidata presidencial Claudia López, dicen que es del gobierno. Nadie quiere cargar con ese bacalao. A raíz del escándalo desatado por la información de RCN Televisión sobre la residencia de González en Managua, Claudia López escribió un trino en su cuenta de X: “Primero le roban el agua a La Guajira, luego se encubren y tramitan la evasión de la justicia en Nicaragua, ahora que ‘se expide la extradición’.
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¡Hipócrita!”. Y Petro ripostó de inmediato: “Señora, deje de insultar. Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas…”. “Al parecer –agregó Petro– parte de los recursos robados fueron a parar a la campaña de elecciones locales del señor Iván Name, de su partido”. Petro negó cualquier participación de su gobierno en los trámites de residencia de González. Pero tanto Petro como López son injustos y desagradecidos con González. Ambos tuvieron estrechos vínculos con el hoy prófugo de la justicia.
Ambos le sacaron provecho. Petro conoció a González mucho antes de que creara el Partido Verde: lo conoció en el monte, cuando ambos eran guerrilleros del M-19. Su amistad viene desde esa época. Pero Claudia López también es desagradecida al negar a González, con quien compartió muchos momentos en el Partido Verde. González fue el gran financiador de ese partido. Desde su chequera salieron miles de millones para financiar campañas electorales de los verdes. Tanto Petro como López hacen ostentación hoy de una “virtud” de los políticos: la ingratitud. Punto.
