Durante los homenajes y la despedida esta semana al senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado criminal el pasado 7 de junio y fallecido el pasado 11 de agosto, se anticipó parte de lo que puede ser el temario de la campaña electoral para 2026, que augura por ahora no menguar la polarización y en la que la seguridad por un lado y la paz por el otro serán dos de los asuntos fundamentales a tratar.
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En consecuencia con todo esto, las garantías de seguridad electoral se constituirán en uno de los retos que el Gobierno deberá superar en lo que resta de los comicios legislativos y presidenciales, sobre todo tras el nuevo ataque sufrido por el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, en La Plata, Huila, a finales de la semana: un panorama preocupante que obliga al Ejecutivo a redoblar los esfuerzos y la responsabilidad para que el ejercicio libre de la política en el país se dé.
Uribe vs. Petro
Desde el Centro Democrático, por parte de su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, en un discurso leído en el Capitolio por el director del partido, Gabriel Vallejo –ante la prisión domiciliaria de 12 años que cumple el exmandatario–, se trazó la línea política en torno al magnicidio de Uribe Turbay: “Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente (Julio César) Turbay, abuelo de nuestro mártir”.
Esto luego de que el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, señalara meses atrás al expresidente Turbay (1978-1982) de llevar “a diez mil colombianos a la tortura” durante su Gobierno, en el que enfrentó con el llamado ‘Estatuto de Seguridad’ la lucha contra la guerrilla del M-19, de la cual hizo parte en su juventud el mandatario actual. Y fue el mismo Petro, momentos después de leído el mensaje de Uribe Vélez, quien también se pronunció en clave política en el marco de las honras fúnebres, pero desde sus redes: “Después del análisis judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condena al Estado por la muerte de más de 6.000 militantes de la UP (...). Cometieron un genocidio político, no lo oculten”.
E igualmente el representante Gabriel Becerra, secretario general de la UP, anunció “acciones judiciales”, cuestionando: “¿Cómo se puede negar o justificar el asesinato de dos candidatos presidenciales –Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990)–, nueve congresistas, 11 diputados, más de 70 concejales y miles de violaciones de derechos humanos?. (…) No hablamos de simples opiniones: hablamos de crímenes documentados y condenados por instancias nacionales e internacionales”.
Desde la familia del propio precandidato inmolado, su padre, Miguel Uribe Londoño, también en su sentida lectura en la Catedral Primada soltó frases de un tono electoral: “Esta guerra tiene culpables y responsables, lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda de quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir: No más, no más, no más. No podemos quedarnos en la resignación y la simple pasividad”, añadiendo que las balas “callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. (…) Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026. No la desaprovechemos”.
Uribe Turbay y Galán
Lo que se comentaba en los mentideros políticos del país es que Miguel Uribe Turbay, quien fue cabeza de lista en el Senado del Centro Democrático y obtuvo la mayor votación del país en el Legislativo (223.167 votos) era el favorito del líder natural de la colectividad, el expresidente Uribe, y que podía, si los votantes se inclinaban por la oposición, ser el nuevo presidente de la República.
Una situación similar a la sucedida con el precandidato liberal Luis Carlos Galán a finales de los ochentas, y en la que, tras el asesinato de este en 1989, su hijo, Juan Manuel Galán, le dijo en el Cementerio Central a César Gaviria que era su deber tomar sus banderas, gesto definitivo para que el liberal llegara a la Casa de Nariño en 1990.
Violencia política
Según la Misión de Observación Electoral, MOE, en lo que va del 2025 se han registrado 106 agresiones contra actores políticos, en su mayoría en Bogotá, Huila y Antioquia: “De las 106 agresiones, el 69,81 % (74) fueron amenazas, el 16,04 % (17) atentados, el 10,38 % (11) asesinatos, el 2,83 % (3) secuestros y el 0,94 % (1) violencia contra la mujer en la política”, añadiendo que en 2021 se registraron un total de 33 hechos letales (19 asesinatos y 14 atentados) y en lo que va de 2025 se tienen 28 hechos letales en contra de referentes políticos.
A su vez, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, informó que con el asesinato de Uribe Turbay son ya 97 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de este año.
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El Gobierno, responsable de proveer las garantías electorales a los actores políticos, no cuenta con el visto bueno en este sentido, desde el atentado a Uribe Turbay, de los partidos, por lo que la Procuraduría es la que ha venido recopilando las peticiones de las colectividades, pese a que el Ministerio del Interior ha citado varias comisiones y comités de seguridad en torno a los comicios. Habrá que esperar la reunión citada para el próximo martes por el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, del Partido Liberal, a ver si el Gobierno, los partidos, las autoridades, la Organización Electoral y los entes de control encuentran un espacio en el que se puedan exponer las preocupaciones y tratar de mejorar las condiciones de seguridad de los aspirantes en todo el territorio.
Por ahora, lo que sí ha hecho Petro es radicar una denuncia penal contra su propio excanciller Álvaro Leyva –a quien una investigación del diario español El País meses atrás lo señaló de una trama golpista–, en la que lo acusa de instigación al magnicidio, relacionando “un atentado atribuido a la disidencia de las FARC comandada por Iván Márquez, estructura con la cual el propio Leyva había tenido contacto directo y cuya vigencia afirmó conocer en 2023”.
“Bandera electoral”
El exdecano de derecho de la Universidad Nacional, Óscar Mejía, le dijo a EL HERALDO que “la lamentable muerte del senador Miguel Uribe produce un impacto a varios niveles: primero porque la muerte, sin duda, desgraciadamente se ha vuelto una bandera electoral y los primeros en enarbolarla han sido el Centro Democrático, lo cual también tiene repercusiones dentro del propio partido. Es una bandera de guerra, como ha quedado claro en sus discursos. Y, segundo, tiene implicaciones electorales, porque la declaración de la senadora María Fernanda Cabal, de cerrar la consulta del Centro Democrático a los candidatos restantes, significa que eso va a generar tensiones y fisuras dentro del partido, porque no va a permitir que haya más candidatos dada la muerte de Miguel Uribe, y yo estoy seguro de que hay otras voces afines que quisieran manifestarse”.
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“Percepción de inseguridad”
El doctor en derecho internacional y seguridad y defensa y catedrático de la Universidad de La Salle, César Niño, advirtió en EL HERALDO que “la sociedad colombiana empieza a atravesar una suerte de percepciones de inseguridad muy peligrosas que se están retomando producto de lo que la violencia política en Colombia ha personificado, y lo de Miguel Uribe es la materialización de la violencia política actual, que seguramente le cobrará factura al gobierno de Petro”.
“Las narrativas emocionales beneficiarán a los extremos ideológicos”
Consultado por EL HERALDO, el analista político Carlos Arias precisó que el asesinato de Uribe Turbay “claramente cambia la situación y la dinámica, o para algunos el juego político, imprime una dinámica asociada a las narrativas emocionales que seguramente van a terminar beneficiando a los extremos ideológicos en consideración al dolor y la indignación que genera el asesinato y también a la justificación o contrastación del asesinato por parte de la izquierda”.
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Lo sucedido, señala el catedrático de la Universidad Externado, “va a reducir el impacto o coincidencia que tengan los discursos de centro, porque la gente busca es verse identificado con las posturas políticas de uno u otro extremo ideológico al amparo de lo que sucedió, y esa identificación que llama a ‘evitar la beligerancia’ o a ‘generar escenarios de concertación’, está en el deber ser pero en el ser real es muy difícil, es más o menos como cuando a usted le pone los ‘cachos’ su pareja o cuando usted lo estrella un carro: seguramente va a haber un momento de concertación pero suponer que eso no va lo va a ofuscar, va contra básicamente las dinámicas del cerebro reptiliano, que es el que determina los instintos, y aunque la cultura política debería plantear que esos instintos no estén determinando la decisión, lastimosamente no es así y los fenómenos electorales son de corto alcance, es decir que la gente toma decisiones llevados por emociones y no por razones, y seguramente los que más emocionen alrededor de lo que sucedió van a ganarse ese favor electoral”.
