Por “inconstitucional”, y otros argumentos, ocho partidos políticos independientes y de oposición radicaron una demanda ante el Consejo de Estado en contra del decreto que convoca a consulta popular, el cual fue firmado el miércoles por el presidente Gustavo Petro y miembros de su gabinete.
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Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal presentaron la demanda sustentada en cuatro cargos principales y argumentaron que la normativa representa una “grave ruptura del Estado de Derecho”.

Según el comunicado, esos cargos son: “Vulneración al estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación de funciones por parte del presidente y violación del debido proceso por desconocer el concepto previo favorable del Senado”.
En su demanda, los partidos solicitan al Consejo de Estado, autoridad de lo contencioso administrativo en Colombia, una medida cautelar urgente para suspender provisionalmente el decreto presidencial, con el objetivo de evitar gastos presupuestales irreversibles y proteger el orden constitucional.
Los demandantes recordaron que el proyecto de consulta popular fue previamente rechazado en una votación en el Senado el pasado 14 de mayo, por lo que consideran que el decreto representa una “extralimitación” de funciones del Ejecutivo.
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“Este decreto vulnera principios esenciales del sistema democrático colombiano como la separación de poderes, la legalidad y la soberanía popular”, aseguraron en el comunicado.
Así mismo, las colectividades anunciaron que también interpondrán denuncias ante la Comisión de Acusación y la Fiscalía General de la Nación.
Denuncia por prevaricato
Entretanto, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció penalmente ante la Fiscalía por prevaricato a todos los que firmaron el pasado miércoles el ‘decretazo’ de la consulta popular.
Así mismo, la legisladora opositora demandó el decreto por inconstitucionalidad y le pidió al registrador Hernán Penagos no convocar a las elecciones para votarla.

Se trata, dijo Valencia, de una “demanda contra del Decreto 639 de 2025 a través del cual el presidente pretende pasar por encima del Congreso: el decretazo. Confiamos en la buena acción de la rama judicial en defensa de las instituciones”.
Agregó la precandidata que “el presidente insiste en sus ataques contra la institucionalidad y el Congreso. No permitiremos que ni él ni los violentos destruyan a Colombia”.