Pese a que el presidente Gustavo Petro afirmó el pasado viernes que un fallo de tutela determinó que hubo fraude en la plenaria del Senado al tramitar la consulta popular y que ordena repetir la votación en 48 horas, esto no es del todo cierto.
Se trata de una tutela interpuesta por tres abogados en contra de la votación del pleno de la cámara alta del pasado 14 de mayo, en la que se negó por 49 votos a 47 la consulta popular.
En esta sesión la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, manifestó su intención de apelar el cierre de la votación, pero el presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, aseveró que la apelación no fue radicada de inmediato como exige la norma y que, además, se puede apelar sobre decisiones del jefe de la cámara alta y no sobre la votación.
La decisión del Juzgado Sexto Civil de Bogotá “ampara el derecho fundamental al debido proceso de que es titular la senadora María José Pizarro y ordena al presidente del Senado, doctor Efraín Cepeda Sarabia, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia resuelva el recurso interpuesto por la senadora el día 14 de mayo de 2025, relacionado con el cierre de la votación para la aprobación o no de una consulta popular”.
El despacho ademas se abstiene “de calificar la validez o no de los recursos de apelación interpuestos el 13 y el 15 de mayo por la senadora, ni de la solución a los mismos por parte del presidente del Senado (...), dado que las resultas del recurso no fueron objeto de tutela ni es en esta sede judicial en la que se pueda resolver sobre la pertinencia de la resolutiva del recursos”.
Lo que advierte la togada es que en el estudio de la tutela no se acreditó si el resultado de su apelación “le hubiera sido enviado o notificado de alguna manera” a Pizarro, y esto “resulta ser violatorio al debido proceso, pues de nada sirve resolver un asunto si el interesado no se entera y por ende no tiene conocimiento de lo así resuelto, por lo que se concederá la tutela”.
Es decir, el plazo de 48 horas que se da no es para repetir la votación, como había dicho Petro, sino para notificar oficialmente a Pizarro sobre la suerte de su apelación.
Al parecer, el otro asunto que habría sucedido es que la jueza no sabía que ya el Senado le había respondido a Pizarro. De esta manera, lo que aparentemente ocurrió es que el Gobierno se precipitó al anunciar lo de la supuesta repetición de la votación y el presunto dictamen de fraude.
Ante esto, Cepeda respondió que la apelación de Pizarro fue respondida una semana después, es decir, el 21 de mayo, incluyendo lo que señala que “no se presentó algún empate en la votación de la consulta popular que tuvo lugar el día 14 de mayo de 2025, la misma legalmente no puede ser repetida”.
Pero el ministro del Interior, Armando Benedetti, le respondió: “El que hace la trampa resuelve si fue trampa o no fue trampa. Efraín Cepeda, que fue elegido senador desde 1991, no sabe que las apelaciones se resuelven por la plenaria y no por el mismo funcionario que profirió la decisión apelada. (...) La trampa está en que Efraín Cepeda levantó la sesión sin resolver inmediatamente la apelación en la plenaria como dice la Ley Quinta”.
Así las cosas, lo cierto es que desde la Casa de Nariño estarían buscando una respuesta en la justicia, pero habría alrededor de 60 tutelas interpuestas y la mitad habrían sido falladas en contra del Ejecutivo.
En medio de este escenario de ánimos exacerbados, según reveló el periodista Ricardo Ospina, de la emisora Blu Radio, se habría citado en la noche del viernes al gabinete para la firma de la consulta por decreto, pero luego se habrían echado para atrás.
“Sobre la firma del ‘decretazo’ del presidente @petrogustavo para convocar la consulta popular, anoche (viernes) en el chat de WhatsApp que tienen los ministros, la directora del @DapreCol Angie Rodríguez escribió un mensaje pidiéndoles que se acercaran a la Casa de Nariño a firmarlo. Sin embargo, unos minutos después, el mensaje fue eliminado. ¿Por qué lo eliminó?”, escribió Ospina en sus redes sociales.
Juristas consultados por este diario indicaron que la orden que da la jueza 6 civil de la capital del país en el reciente fallo de tutela, de resolver la apelación de la senadora Pizarro frente a la votación de la consulta popular hundida en el Senado, ya se cumplió por parte del presidente del Congreso.
“Las consideraciones de un fallo son importantes, necesarias, exigencias de la ley, pero lo que se cumple del fallo es la parte resolutiva, y la parte resolutiva de ese fallo dice que se niega la acción de tutela, es decir las peticiones de los accionantes son improcedentes. No obstante, la jueza ordena que le den respuesta a Pizarro, no que ella tiene la razón, pero la jueza no se dio cuenta que ya le habían respondido: el fallo ordena algo que ya se cumplió”, indicaron los expertos.
Por ello, ahora, agregan, los escenarios eventuales que se abren es que los abogados que presentaron la tutela o la senadora del Pacto Histórico quieran elevar una impugnación del fallo o una acción de desacato, y la jueza deberá resolver y confirmar si ya se le dio respuesta a la parlamentaria por parte de la mesa directiva de la cámara alta. O la jueza, de oficio, podría también decir efectivamente si se cumplió lo que ordenó en el fallo.
Además, al Consejo de Estado llegó una demanda que ya fue admitida y que pide tumbar la votación del Senado frente a la consulta popular.
De acuerdo con el demandante ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, ese procedimiento tiene vicios como la falta de votos de los senadores Martha Peralta y Richard Fuelantala, del Pacto Histórico, quienes supuestamente estaban en el Capitolio al momento de la votación.
Por ahora, se conoció que Petro, tras la falsa alarma del pasado viernes, habría citado en la tarde de este sábado a todo su gabinete para que firmara el decreto de la consulta popular, ya que el mandatario saldría en horas de la noche a Francia a una conferencia de la ONU sobre los océanos.
Pero mientras tanto advirtió el mandatario en sus redes sociales que el ministro que no suscriba el decreto, se va.
Entre tanto, el entrante ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo a medios que la votación de la consulta sería el próximo 7 de agosto.
No obstante, la duda que recae en todo esto es que hay varios ministros anunciados que no se han posesionado, por lo que en el papel aún no serían formalmente funcionarios y no podrían firmar el decretazo, como ha sido denominado el decreto sobre la consulta popular.
La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, por su parte, escribió en sus redes sociales al respecto: “La cosa es simple: el ministro que firme el inconstitucional decreto para convocar la consulta pasando por encima de la decisión del Senado será denunciado por prevaricato”. Y en términos similares se expresó el representante Andrés Forero, del Centro Demcrático: “Si los ministros deciden firmar el decreto inconstitucional del presidente, van a estar prevaricando”.
Procuraduría pide mantener votación
La Procuraduría pidió a la Sección Quinta del Consejo de Estado negar la petición realizada por un ciudadano de suspender los efectos de la votación del Senado, en la que se emitió concepto desfavorable a la solicitud del presidente de la República de convocar a una consulta popular de carácter nacional.
“En el momento procesal en trámite no se advierte una vulneración al ordenamiento jurídico en la expedición del acta o certificación donde se consolidaron los resultados de la sesión, efectuada el 14 de mayo pasado”, se lee en el oficio del ente de control.
Por lo tanto, concluye el Ministerio Público, “no procede la medida cautelar de suspensión solicitada por el demandante”.
El registrador decidirá si adelanta elecciones o espera los fallos
El registrador nacional, Hernán Penagos, debe decidir si convoca las elecciones de la consulta popular para el próximo 7 de agosto, tal como prevé el Gobierno, o si, al contrario, espera a que el Consejo de Estado, que estudia ya el caso, y/o la Corte Constitucional, que revisaría el eventual decreto de la consulta popular, resuelvan. Así mismo, hay más de medio centenar de tutelas, de las cuales ya la mitad se han negado, relacionadas con el trámite de la consulta popular en el Senado.
Entre tanto, el entrante ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo a la revista Semana que en el decreto que firmará Petro, y que él está ayudando a redactar, estará expresa la orden del mandatario al registrador Penagos para convocar a los colombianos a las urnas: “En el decreto se apelará a la excepción de inconstitucionalidad, en la que el presidente Petro inaplica el acto administrativo del Congreso. Asimismo, se ordenará enviar el decreto a la Corte Constitucional para efectos de su control. Tercero, le dará la orden a la Registraduría para que inicie la organización de la logística de la votación de la consulta. En cuarto lugar, se fijará la fecha para la elección”. Y advierte que el registrador “tiene la obligación de cumplir el decreto del presidente” o de lo contrario “estaría incurriendo en prevaricato”.
