Si había una de las reformas del presidente Gustavo Petro que venía teniendo casi que vía libre en el Congreso desde septiembre del año pasado en que se radicó, era el proyecto de ley estatutaria de la reforma a la educación.
No obstante, según fuentes del Gobierno, “torpezas políticas” le hicieron perder al oficialismo las mayorías hace un par de semanas en el penúltimo debate en la Comisión Primera del Senado, por lo que se recurrió a aprobar la enmienda que parecía sellar un respaldo amplio para el articulado de cara al último debate en la plenaria del Senado.
Al respecto, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, dijo en su momento: “No existen acuerdos perfectos cuando lo hacemos con quienes piensan distinto, pero sin duda avanzamos. Hay puntos que no compartimos pero tengan la tranquilidad de que plantearemos el debate necesario en plenaria del Senado. O llegábamos a un acuerdo o el proyecto se hundía hoy. Optamos por la primera alternativa para seguir luchando por el acceso universal a este derecho. Tenemos la oportunidad de avanzar para garantizar que la educación sea desde siempre, para la paz y para todos”.
Pero el sindicato de maestros de Fecode declaró entonces un paro indefinido y llenó en dos ocasiones la Plaza de Bolívar contra dicha enmienda de la reforma a la educación.
El gremio de educadores rechazaba de dicho acuerdo el “enfoque mixto de la educación, bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad, que plasma el interés de imponer la simbiosis entre el recurso público y el sector privado”; la negación de la posibilidad “de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria”; la meritocracia que “restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades”; la creación del nivel educativo terciario; subordinar la evaluación docente a “resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica” y la negación del carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y pre-jardín en las instituciones educativas públicas.
Por lo que el Gobierno, cercano a Fecode y donde tiene numerosos votantes y financiadores, decidió romper el consenso y presentar su ponencia aparte, con lo que terminaron llegando al pleno de la cámara alta tres ponencias, agregándose las de la oposición y los independientes. Con lo que a pocos días de que se acabara la legislatura, al suerte estaba echada y el presidente del Congreso, el senador Iván Name, de la Alianza Verde, resolvió que agendar la reforma sin consenso resultaría inocuo.
Por ello, el senador David Luna, de Cambio Radical, le pidió a Petro que le dijera “la verdad al país, a usted lo que le interesaba era responder por los $500 millones que le aportó Fecode a su campaña y por eso hundió la reforma a la educación. Su interés nunca fue mejorar la educación, solo cumplirle a un sindicato”.
A su vez, el senador Alfredo Deluque, de La U, cuestionó al jefe de Estado por la “decisión de alinearse con Fecode, financiador de su campaña, que se opuso saliendo a las calles, para evitar ser evaluados. (...) Demos el debate pero no para defender intereses particulares”.
Los puntos en discordia entre el oficialismo, independencia y oposición
Aunque queda la sensación de una oportunidad perdida para lograr un acuerdo en torno a la reforma a la educación en el país, la ministra del ramo, Aurora Vergara, anunció que el próximo 20 de julio, cuando se inicia la tercera legislatura, se radicará nuevamente el proyecto de ley estatutaria.
Si quieren que el articulado pase, las partes, Gobierno, independencia y oposición, deberán acercar las posiciones, pues Pizarro sintetiza la mirada del Ejecutivo y del gremio de educadores al aseverar que “a educación mixta en Colombia no existe, existen la educación pública y la educación privada.
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Lo lógico es que los recursos públicos, de todos, fortalezcan la educación pública. Los privados por supuesto pueden seguir existiendo, pero su financiación no puede ser a costa de lo público”. Mientras que los opositores e independientes, entre quienes se incluye a Luna y a Deluque, respectivamente, afirman que es necesario “proteger la libertad de los colombianos de elegir dónde estudiar teniendo en cuenta la calidad de la educación, y también haciendo un llamado a la autonomía universitaria, que la calidad de la educación permita salir de la pobreza”.
