La Ley del Montes | El 'Nicolasgate'

Hace bien el fiscal general Francisco Barbosa en advertir que 'no habrá linchamiento de ningún tipo' en el caso que investiga sobre las actuaciones de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. 'Vamos a actuar de forma responsable y no habrá ningún tipo de preocupación para el presidente', sostuvo Barbosa, luego de ordenar el desplazamiento hasta Barranquilla de una comisión especial de la Fiscalía para que se ponga al frente de las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas por Day Vásquez, exesposa del actual diputado de la Asamblea del Atlántico, quien es la cabeza visible del Pacto Histórico en el Atlántico.

De acuerdo con Day Vásquez, durante el desarrollo de la pasada campaña presidencial el hijo del presidente recibió dineros de parte de Samuel Santander ‘Santa’ Lopesierra, conocido como ‘el Hombre Marlboro’, y también de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.

Según la versión entregada por Vásquez en entrevista concedida a Vicky Dávila, directora de la revista Semana, ese dinero 'nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero'.

Vásquez sostiene que el hijo del presidente de la República recibió 600 millones de pesos de parte de Santa Lopesierra y 200 millones de parte del ‘Turco’ Hilsaca.

El conocimiento de esos graves hechos –antes de ser publicados por Semana– llevó al presidente Petro a solicitarle a la Fiscalía que investigara la presunta ocurrencia de los mismos, al tiempo que anunció que respetaría las conclusiones a las que llegara, en lo que tenga que ver con su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando Petro. Sobre la conducta de este último no ha trascendido ninguna información, aunque se habla de un 'cartel de abogados' que habría negociado rebajas de penas para narcotraficantes y parapolíticos recluidos en cárceles del país.

En la entrevista a Semana, Vásquez sostiene que tiene pruebas de cada una de las denuncias presentadas contra Petro y que las aportará una vez sea citada por las autoridades competentes. Entre dichas pruebas estaría una serie de chats con quien fuera su esposo durante la ocurrencia de los hechos.

Pero las denuncias de Vásquez contra su exesposo no solo tienen que ver con el presunto recibo de dineros de Lopesierra –quien hace poco regresó a Colombia luego de pagar 20 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico– y del ‘Turco’ Hilsaca, controvertido empresario cartagenero, envuelto en múltiples escándalos, sino que también lo señala de haberse reunido con ministros designados por su padre, una vez instalado en la Casa de Nariño, lo que podría constituir el delito de tráfico de influencias. Los ministros y altos funcionarios señalados por Vásquez también deberán comparecer ante las autoridades para dar explicaciones sobre su actuación.

¿Qué efectos tendrá el ‘Nicolasgate’ en la presidencia de Gustavo Petro? ¿Qué puede pasar con los protagonistas de este escándalo que involucra directamente al hijo mayor del presidente Petro, diputado del Atlántico y cabeza visible del Pacto Histórico en la región Caribe?

No deja de ser paradójico que la persona que más ha denunciado la corrupción de la clase política nacional se vea envuelto ahora en un escándalo de corrupción electoral por cuenta de su hijo. Gustavo Petro ha sido el gran abanderado de la lucha contra la corrupción en Colombia.

Esa bandera lo llevó a la Presidencia de la República. Por esa razón es que lo sucedido con su hijo ha causado tanto impacto nacional e internacional. Será la Fiscalía la que determine hasta dónde llegaron los dineros que Nicolás Petro recibió en plena campaña presidencial, tanto del ‘Hombre Marlboro’, como del ‘Turco’ Hilsaca, así como de otros aportantes que aún no se conocen, en caso de que haya sido así.

Pero también si hubo o no tráfico de influencia en los nombramientos que subalternos de su padre habrían hecho por recomendación de su hijo Nicolás. Hace bien el presidente Petro en dejar toda la investigación, tanto sobre su hijo como su hermano, en manos de la Fiscalía General.

Es esta entidad la que determinará cómo ocurrieron los hechos y quiénes deberán responder por ellos. El país queda a la espera de los resultados de dicha investigación.

Que el hijo del entonces candidato más opcionado para llegar a la Casa de Nariño y actual jefe del Estado reciba dineros durante la campaña presidencial de personajes que han sido condenados por narcotráfico y que gozan de enorme desprestigio por estar envueltos en todo tipo de escándalos es muy grave. Es gravísimo. Punto.

Esa conducta es reprochable desde todo punto de vista. No tiene ninguna presentación que el hijo de quien podría llegar a la Presidencia de la República –como en efecto llegó– reciba 800 millones de pesos en total, como denuncia su exesposa, sin que hasta hoy se sepa qué destinación le dio a ese dinero.

Pero que quede claro: nadie entrega 600 o 200 millones de pesos al hijo de un candidato presidencial sin tener la certeza de que ese dinero va a llegar a la campaña, o que el candidato se va a enterar de quién los aportó y con qué propósito. En los libros de contabilidad de la campaña –que reposan ante las autoridades competentes– deben constar los millones, los pesos y los centavos que recibió la campaña del candidato del Pacto Histórico.

La exesposa de Nicolás Petro dice que ese dinero no llegó a la campaña, pero no es ella la autoridad competente para determinar esa grave situación. Su testimonio ya hace parte del proceso.

A una campaña presidencial no pueden ingresar cientos de millones de pesos de manera informal o por la puerta de atrás. La experiencia del llamado proceso 8.000, protagonizada por el cartel de Cali y la campaña presidencial de Ernesto Samper, debió dejar múltiples enseñanzas, entre ellas la de blindar a los candidatos del ingreso de dineros procedentes de donantes de dudosa reputación.

Nadie mejor que Nicolás Petro sabía cuál era el destino final de esos dineros. No se trataba –¡obvio que no!– de una donación a título personal. En una campaña presidencial no hay aportes altruistas. De manera que el destinatario final de esos dineros no podía ser Nicolás Petro, sino su padre, el futuro presidente. No solo Nicolás Petro deberá explicar el origen y el destino de los dineros recibidos, sino quiénes se habrían beneficiado con los mismos.

En el testimonio de Day Vásquez hay un episodio muy grave, tanto como el de haber recibido 800 millones de pesos provenientes de Santa Lopesierra y del ‘Turco’ Hilsaca. Se trata de su versión acerca del nombramiento de funcionarios del Sena en Córdoba, como cuota burocrática de Nicolás Petro. Se trataría de la designación de Nicolás Barrios Sierra, primo de la esposa de Musa Besaile, condenado por corrupción y parapolítica. Musa Besaile sería en la actualidad uno de los aliados políticos de Nicolás Petro en Córdoba.

El director del Sena, Jorge Londoño, deberá explicar el nombramiento del pariente de Musa Besaile en el Sena de Montería. ¿Quién lo recomendó? ¿Dicho nombramiento obedeció a criterios de meritocracia? ¿El designado cumplía con los requisitos? Pero el ministro Alfonso Prada también tendrá que explicar si le asignó 'diez cupos' a Nicolás Petro para que nombrara a sus recomendados, como lo denunció Day Vásquez. ¿Cuáles son esos cupos? ¿Quién los asignó y quiénes los ocupan? Las investigaciones determinarán si en este caso, como en muchos otros, hubo o no tráfico de influencias, delito que se castiga con penas de entre 4 y 8 años de cárcel.