El presidente Gustavo Petro admitió este jueves en Twitter que, en el choque que tiene con el fiscal Francisco Barbosa en torno a la solicitud negada de liberar a 16 representantes del Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada para iniciar los acercamientos de la paz total, 'él tiene razón en algunos temas'.
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'He conversado con el fiscal general, él tiene razón en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana', tuiteó el jefe de Estado desde Davos, Suiza, donde asiste al Foro Económico Mundial.
El rifirrafe entre ambos, que en las últimas horas derivó en un enfrentamiento en torno a las denuncias de corrupción en la SAE, viene desde el pasado fin de semana por la solicitud que hizo el Gobierno de levantar las órdenes de captura a los representantes de los grupos criminales para su sometimiento en el marco de la paz total, que el ente acusador negó.
Frente a la frustrada solicitud del levantamiento de las órdenes de captura, el pasado viernes la Fiscalía envió oficios al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los que le aseguran que 'no existe marco normativo que precise los términos del sometimiento de grupos armados organizados sin carácter político, ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto'.
Pero el Ejecutivo contestó enseguida que sí hay un marco jurídico para levantar las órdenes de captura contra los paramilitares. El ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Prada, explicó que la Ley 2272 de 2022, o Ley de Paz Total, aprobada por el Congreso, 'facultó al presidente de la república para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político', como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, Eln.
El funcionario explicó que esa ley también hace referencia a conversaciones exploratorias con grupos armados de alto impacto del crimen organizado, que no tienen estatus político, con miras a que se avance en su proceso de sometimiento.
Precisó que de esta manera se busca que los representantes de esas organizaciones puedan participar en las mesas de diálogo que están adelantando 'en forma exploratoria, para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones del crimen'.
El pasado lunes, el director general de la Policía Nacional, Henry Sanabria, ordenó por su parte que se suspendieran las operaciones contra cabecillas del Clan del Golfo.
'Se suspenden los operativos policiales, es decir, la búsqueda de ellos, pero en el evento en donde en un procedimiento de la Policía aparezca una de estas personas, si tiene orden de captura, será objeto de la privación de la libertad y puesto a disposición del fiscal', explicó el oficial.
'Estas personas, integrantes del Eln y las disidencias, fueron cobijadas bajo la figura de voceros para adelantar acercamientos con el gobierno Petro dentro de la propuesta de paz total. El Sistema de Información Policial ya tiene las indicaciones de la Fiscalía General para levantar esas órdenes de captura, de diferentes personas integrantes de los grupos al margen de la ley', expuso.
El pasado miércoles, Petro dijo desde Davos que 'todos los funcionarios públicos, incluido yo, debemos obedecer la Constitución, que nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía'.
En diálogo con periodistas, el jefe de Estado enfatizó que una ley aprobada por el Congreso 'le permite al presidente designar una serie de intermediarios, digámoslo así, o de negociadores con grupos que no necesariamente tienen un origen político, pero que pueden tener un tratamiento socio-jurídico para su desmantelamiento pacífico, lo que implica una negociación con la justicia, no con el Gobierno'.
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Esa norma, añadió, busca 'un desmantelamiento pacífico del narcotráfico, la posibilidad de una pacificación urbana entre bandas', lo cual implica 'por la realidad de nuestro país, la inclusión de territorios, de juventudes, cuya exclusión ha sido el caldo de cultivo del crecimiento del narcotráfico, y eso sí tiene que ver con el Gobierno'.
Al respecto, el mandatario enfatizó que el proceso cuenta con un instrumento de verificación, que se acordó con entidades neutrales internacionales y nacionales, y el Gobierno está garantizando instrumentos para ello.
Sin embargo, reconoció que 'ante la situación de fuerzas que se mueven en el territorio nacional hay voces que piden concentraciones de estos grupos para facilitar la tarea de verificación, y es un objetivo que debe lograrse. De esa forma, se podrían garantizar ceses multilaterales de fuego y abrir los acuerdos políticos, sociales y jurídicos que la nueva realidad de la violencia colombiana demanda'.
En ese sentido, el presidente señaló que 'hasta ahora hemos logrado liberar a todas las personas que retienen, hasta la última información que tengo. Es decir, el cese al fuego ha logrado que esa práctica ya no exista, la retención permanente de miembros de la fuerza pública. Ahora le he pedido al comisionado (de paz) que ponga en la mesa formal e informal el tema de que no debe haber ya retenciones'.
'Estas organizaciones han bajado las hostilidades y los asesinatos, y es una posibilidad que sería lamentable dañar', añadió.
Y el fiscal Francisco Barbosa dijo el pasado miércoles en Blu Radio que 'no se le puede decir sí a todo lo que plantea el presidente de la república'.
El fiscal dijo también que Estados Unidos está preocupado en torno a lo que está pasando: por una parte, señaló Barbosa, actualmente pareciera que hay una política de brazos caídos de la fuerza pública en algunas zonas del país.
Por eso, advirtió el jefe del ente de investigación penal del país que los uniformados tienen el deber de cumplir con sus funciones constitucionales y dejó entrever que podría adelantar alguna investigación en el organismo acusador por el delito de prevaricato por omisión contra aquellos miembros de la fuerza pública que no cumplan con sus deberes
