El Consejo de Estado admitió el pasado 16 de diciembre una solicitud de pérdida de investidura en contra de la represente a la Cámara por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Elizabeth Jay-Pang Díaz.
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El recurso fue elevado por el analista y consultor político Orlando Caballero, quien señaló en diálogo con EL HERALDO que la representante liberal habría violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, debido a que la parlamentaria, según Caballero, ocupa la representación legal de la Fundación Proyecta ADZ Dirección Consultoría Asesoría Integral de Proyectos, así como el cargo de suplente del gerente de la sociedad comercial familiar Josef Concretes Ltda.
'La representante Elizabeth Jay-Pang Díaz debe perder su curul porque violó el artículo 180.1 constitucional que le impedía ejercer cargo alguno diferente al de sus actividades en el congreso de la república. Está probado que ejerce la dirección administrativa de la empresa familiar: Josef Concretes Ltda, de la cual es su generen suplente', explicó Caballero.
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De igual forma se reprocha a la congresista el no haber declarado impedimento en el trámite del proyecto que dio lugar a la Ley 2203 de 2022, 'por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 47 de 1993', iniciativa de autoría de la denunciada y que beneficia directamente al conglomerado empresarial familiar en la circunscripción electoral del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por la que salió electa
'Las empresas familiares de las cuales su esposo es representante legal, y la Fundación que representa, precisamente tienen por objeto social la construcción de proyectos de todo tipo de obras públicas e infraestructura en salud específicamente, conforme a los respectivos certificados de cámara de comercio. (…) hubiera señalado su impedimento, los directos beneficiados son sus empresas familiares', detalló.
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Así las cosas la demandada tiene 5 días para presentar sus descargos o contestar la demanda, a efecto de que ejercite su Derecho Fundamental al Debido Proceso y de Defensa.
'Por ser la pérdida de investidura un juicio de reproche a la moralidad y ética de los Congresistas, sus plazos son perentorio, estimo que en el primer trimestre 2023 es posible se profiera el fallo de primera instancia', finalizó Caballero.
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