Después del estrechón de manos entre Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el pasado 23 de septiembre en La Habana, ahora sí puede decirse que la negociación con las Farc es irreversible. Se trata de un suceso trascendental en la historia reciente del país. El más importante –sin duda– en los últimos cincuenta años. Los diálogos con las Farc –organización guerrillera que pretendió tomarse el poder por la vía armada y que se valió de todo tipo de herramientas y acciones de terror para cumplir ese propósito, entre ellas el secuestro y el narcotráfico– tienen fecha de caducidad: 23 de marzo de 2016, día en el que se espera que el grupo subversivo abandone para siempre las armas y se reintegre a la vida civil.
Y aunque quedan algunos 'pendientes' que deberán resolverse antes de marzo, es evidente que luego de superar el capítulo relacionado con la justicia transicional, que se aplicará a quienes tuvieron participación activa en el conflicto –incluidos los jefes y combatientes de las Farc, así como oficiales e integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, e incluso representantes de la sociedad civil– los colombianos dejaremos de asistir al triste, lamentable y macabro espectáculo de pueblos tomados, oleoductos volados, menores reclutados, soldados mutilados, comerciantes y ganaderos secuestrados, entre otras atrocidades cometidas por las Farc. Esa pesadilla deberá llegar a su fin. Esa es la razón de ser de los diálogos del Gobierno con ese grupo guerrillero. La buena noticia es que la negociación acabará con la barbarie de la guerra con las Farc. Punto.
Como lo anticipó el presidente Santos, horas antes de viajar a La Habana, 'no todos van a quedar contentos con lo acordado'. Los más inconformes son el ex presidente y actual senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, quien sostiene que el acuerdo permite la impunidad de los jefes guerrilleros e iguala a la Fuerza Pública con las Farc. También cuestionó duramente la conexidad establecida entre el narcotráfico y los delitos políticos, la participación en política de los jefes guerrilleros y lo que él llama la 'castrochavización' de Colombia.
'Todos los de las Farc, incluidos los cabecillas responsables de atrocidades –declaró Uribe– vendrán al Congreso. Los militares no tienen un tratamiento digno, como corresponde a las fuerzas de la democracia. Se les pone en iguales condiciones a las Farc, los someten al mismo espurio de justicia y un militar, un policía, para evitar que lo metan a la cárcel, tendrá que reconocer delitos que no ha cometido'.
Otro crítico del acuerdo es el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien considera que fomenta la impunidad. Curiosamente, José María Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, duro crítico de Uribe, terminó en la misma orilla del exmandatario y el Procurador, pues sostuvo que el acuerdo permitirá que 'los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión. Es difícil imaginar que esta fórmula de justicia transicional supere un escrutinio riguroso de la Corte Constitucional o de la Corte Penal Internacional'.
No obstante, también hubo voces generosas con los acuerdos, entre ellas la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien sostuvo que 'noto con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de Lesa Humanidad y que está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad para los crímenes más graves'.
La nuez de la negociación ha sido desde el comienzo la supuesta impunidad que cobijaría a los jefes de las Farc. Es decir, el tamaño del sapo que tendríamos que tragarnos los colombianos a cambio de que ese grupo guerrillero deje de cometer atrocidades y sus miembros se reintegren a la sociedad civil. Para muchos colombianos –más del 80 por ciento, según las encuestas– el sapo de ver a los guerrilleros salir del monte directo para el Congreso de la República, sin pagar un día de cárcel, es intragable e indigerible.
A juzgar por lo que ha trascendido de los acuerdos sobre la justicia transicional que se aplicaría, el asunto lo resolvieron las partes de la manera más sencilla para ellos, pero más difícil de asimilar por parte de la mayoría de los colombianos: para que no haya impunidad no es necesario que los guerrilleros sean recluidos en cárceles con barrotes y vestidos a rayas. Para que los jefes guerrilleros sean castigados no hay que internarlos en cárceles de máxima seguridad, permitiéndoles tan solo un día de sol al mes, que es exactamente el castigo que piden millones de colombianos para quienes sembraron desolación y odio a lo largo y ancho del país.
Los negociadores de La Habana –tanto del Gobierno como de las Farc– consideran que hay fórmulas que permiten adaptar las penas a los tratados internacionales, sin que ello signifique que los actos de terror de las Farc y de agentes del Estado que sean vinculados a la justicia transicional queden en la impunidad, puesto que el acuerdo establece que los crímenes de guerra o de Lesa Humanidad sí serán sancionados. La propia fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, lo dijo: 'El acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra'.
Pese a las críticas que ha recibido el acuerdo, hay un hecho que merece ser destacado. Se trata de que por primera vez los jefes de las Farc aceptan someterse a procesos judiciales, así como a reconocer la institucionalidad de un Estado al que combatieron por más de 50 años. ¿O es que después de lo acordado van a desconocer las leyes que surjan del Congreso o los fallos judiciales de distintos tribunales, nacionales e internacionales, entre ellos el llamado Tribunal para la Paz?
Toda negociación con una organización guerrillera que no fue derrotada por la vía militar y por consiguiente no fue sometida a rendición, como es el caso de las Farc, tiene un costo político, que debe ser asumido por el Estado y la sociedad con una alta dosis de pragmatismo y un profundo sentido histórico. Cuando se gana la guerra se ponen las condiciones, cuando la guerra no se gana dichas condiciones se negocian. Así de simple. ¿Cuáles son los efectos del acuerdo de La Habana? ¿Qué tan grande es el sapo de la impunidad? ¿Qué les espera a los enemigos de la negociación con las Farc? ¿Qué pasará con los militares?
Santos, en manos de la historia
Juan Manuel Santos está de un ‘cacho’ para pasar a la historia como el presidente que logró la paz con las Farc. ¿Cómo lo hizo? Para muchos colombianos, encabezados por los uribistas, lo hizo entregando el país a las Farc y haciendo todo tipo de concesiones, aún aquellas que atentan contra la viabilidad del Estado, como por ejemplo la suerte de las Fuerzas Militares. Pero para los amigos de la negociación, Santos tuvo el arrojo y la valentía suficiente para entender el momento histórico del país y la urgencia de poner fin al conflicto, aun sabiendo que las concesiones a las Farc podrían significarle tener que pagar un alto costo por esa decisión. Pretender vestir a Timochenko de Everfit para llevarlo al Congreso, sin que pague un día de cárcel, implica someterse a todo tipo de señalamientos, empezando por el de la propia cobardía y falta de carácter que le endilgan a Santos sus enemigos políticos. Punto. Desde los tiempos de Belisario Betancur todos los presidentes –incluido el propio Uribe– tuvieron acercamientos o negociaciones con las Farc con el fin de lograr que abandonen las armas y se reintegren a la sociedad. Hasta ahora todos fracasaron, menos Santos. La historia –cuyo juicio suele ser implacable– nos dirá si el precio que pagó Santos al negociar con las Farc resultó demasiado alto.
Tribunal para la Paz: ¿Y eso con qué se come?
El gran misterio que surgió del acuerdo sobre justicia transicional de La Habana tiene que ver con el llamado Tribunal para la Paz, que quedó convertido en la última instancia en lo que tiene que ver el desarrollo de los acuerdos con las Farc. ¿Cuántos magistrados lo integrarán? ¿Veinte, treinta…? ¿Quiénes los elegirán y con qué criterios? ¿Cuáles serán sus verdaderos alcances? ¿Qué pasará con los otros tribunales de la justicia ordinaria? ¿Qué queda por dentro y qué queda por fuera de la órbita de dicho tribunal? ¿Quiénes podrán ser juzgados y quiénes no por dicho tribunal? ¿Los civiles también podrán ser juzgados por ese tribunal o sólo miembros de las Fuerzas Militares y guerrilleros? Como puede verse, son muchas las preguntas y pocas las respuestas relacionadas con el organismo que tendrá la enorme responsabilidad de materializar –en lo que tiene que ver con la aplicación de la Justicia– todos los acuerdos de La Habana. Tantas preguntas sin respuestas lo que genera es más confusión, más caos y más incertidumbre. Haría muy bien el Gobierno en empezar a responder todas y cada uno de estos interrogantes.
Un gesto inamistoso y grosero con Vargas Lleras
Llama la atención que en medio del fervor por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Farc, algunos funcionarios se dejaron llevar por la emoción y mostraron una mezquindad preocupante. Es el caso del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien con una mano le dio la bienvenida a la paz con las Farc y con la otra le propinó una fuerte bofetada a Cambio Radical. O mejor dicho, al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. La excusa de Cristo –según la cual el ajetreo del viaje hizo que olvidara llevar a La Habana a alguien de Cambio Radical– resultó peor que la grosería de no haber invitado a ese partido político. En el avión presidencial hubo cupo para todo el mundo: desde voceros del conservatismo, como Telésforo Pedraza, hasta radicales opositores del Gobierno, como Iván Cepeda. Cambio Radical no solo hace parte de la Unidad Nacional, sino que su jefe natural es hoy por hoy la figura más representativa del Gobierno y el que más y mejores resultados muestra en las tareas asignadas por Santos. ‘Ningunear’ a Vargas Lleras –así después el ministro Cristo haya ofrecido excusas– es un gesto inamistoso y grosero para con alguien comprometido a fondo con el Gobierno, aunque tenga –como es de público conocimiento– sus reservas acerca del verdadero compromiso de los jefes de las Farc con la paz. ¿O es que piensan graduar a Vargas Lleras de enemigo de la paz?
Mucho cuidado con la nueva doctrina militar
El anuncio del comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, en el sentido de que personalmente realizará –entendiendo el momento histórico del país– 'la primera revisión formal y total de la doctrina militar', fue recibido con reserva por miembros de las Fuerzas Armadas y por conocedores de los asuntos de la seguridad nacional. En otras palabras: la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Militares sí serán modificadas por cuenta de los diálogos de La Habana, algo que siempre fue negado por el Gobierno. Pero es apenas natural que ello ocurra: una cosa es diseñar una estrategia de seguridad nacional con ocho mil guerrilleros de las Farc en armas y otra sin ellos haciendo presencia en todo el país. Pero lo que no puede ocurrir es el debilitamiento de las Fuerzas Militares, que deben seguir empeñados en derrotar al ELN –que dejó pasar el tren de La Habana– y a las bacrim. Punto. Desmantelar a las Fuerzas Armadas es dejar a merced de las organizaciones criminales a los colombianos. ¿Cuáles serán las nuevas funciones y las prioridades estratégicas en materia de seguridad tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía? ¿Qué pasará con los miles de desmovilizados de las Farc? ¿Está el Gobierno dispuesto a integrarlos a las fuerzas existentes o creará nuevas fuerzas? Esas son preguntas que el Gobierno debe responder con claridad para evitar confusiones o malos entendidos en el futuro inmediato.
