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Magdalena

Procuraduría compulsa copias a Fiscalía contra Luis Miguel y Rosa Cotes

“La Gobernación de Magdalena entrega una vía que no es funcional, que no fue finalizada y no hay contratos en curso para continuarla”, se lee.

Una compulsa de copias a la Fiscalía para que investigue el posible delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, trae la sanción de la Procuraduría de 12 meses contra los exgobernadores del Magdalena, Luis Miguel y Rosa Cotes, por las irregularidades en la ejecución del proyecto de la Vía de la Prosperidad.

En el proyecto de inversión, que comprometió recursos por más de $466 mil millones de la nación y del Sistema General de Regalías, el ente de control halló que "existieron faltas técnicas en la planeación del proceso de construcción del corredor vial, que se realizó con estudios y diseños desactualizados, elaborados en 2008 y 2009 para ser ejecutados a partir del año 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011, que cambió las condiciones físicas de la carretera, y la utilización de un presupuesto desfasado y sin sustento, en el que se modificaron las especificaciones del material que se proponía utilizar, situación que incrementó notablemente los costos en el transporte de los materiales para la construcción de terraplenes".

Así mismo, determinó que hubo una reducción del alcance de la obra, teniendo en cuenta que el proyecto inicial era de 52,6 kilómetros y llegó a 18,3 kilómetros "como consecuencia de las deficiencias en la planeación, la falta de definición, existencia y validación de canteras o fuentes de materiales viables técnica y jurídicamente para el momento del inicio de la obra, disminución que generó la exclusión de variantes importantes para la funcionalidad de la obra".

Concluye el Ministerio Público en el fallo que la Gobernación de Magdalena "entrega una vía que no es funcional, un proyecto que no fue finalizado, la ausencia de procesos contractuales en curso para continuar la vía, tanto en diseños como en obra, y acorde con los términos del acta de liquidación del 10 de diciembre de 2019, se deduce que la obra empleó el doble de tiempo al inicialmente pactado, para entregar solamente 18 kilómetros de los 52 inicialmente planeados, todo ello a causa de la deficiente planeación en la dirección de la actividad contractual".

También reprocha la decisión disciplinaria que "la vulneración de los citados principios de la función pública por parte del servidor público no solo compromete los fines públicos perseguidos por la contratación, atados al bienestar colectivo de las personas y de la región que se buscaba impactar favorablemente con el proyecto, sino que de paso se lesionan los derechos, intereses y expectativas de esas comunidades".

La falta de diligencia del despacho departamental quedó también acreditada, se lee, con los múltiples modificatorios y adiciones que tuvo el contrato 617 de 2013, luego de la denominada "regulación" de la ejecución de la obra, la cual fue suscrita por la gobernadora Rosa Cotes, esperando la finalización de la obra el 15 de julio de 2018, lo que ocurrió el 10 de diciembre de 2019, con lo que se evidenció falta de cuidado en la estructuración y definición de los acuerdos establecidos, generando más demoras en la ejecución del negocio jurídico.

Además, según el informe de la interventoría "los tramos excluidos del contrato 617 de 2013 producto de la denominada 'regularización' presentan deterioro y dificultades para la movilidad de los usuarios, particularmente en época de lluvias".

También compulsa copias del fallo la Procuraduría al Ocad Regional Caribe que conoció el proyecto, al Departamento Nacional de Planeación, al Invías y a la Gobernación de Magdalena "para que adopten las precauciones del caso para futuras acciones en relación con el proyecto".

Finalmente, el Ministerio Público remite copias a la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública "para que defina la pertinencia de intervenir en relación con la gestión presente y futura del proyecto, así como a la Delegada para la Conciliación Administrativa para que analice la procedencia de interponer o intervenir en accionen en defensa de los intereses y derechos colectivos".

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