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En fallo de única instancia del 12 de febrero, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado anuló el Decreto 1500 de 2018, mediante el cual el expresidente Juan Manuel Santos delimitó y otorgó para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, conformados por las etnias kankuama, kogui, wiwa y arhuaca, la ‘Línea Negra’, pasando de 54 a 348 los sitios ancestrales, abarcando los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira.

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Confederación Indígena Tayrona

De acuerdo con la demanda inicial, interpuesta por el abogado Yefferson Mauricio Dueñas y otros, al momento de la expedición del Decreto no existía el mapa cartográfico oficial de ‘La Línea Negra’, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ni la versión definitiva del documento madre, elaborado por las comunidades ancestrales, por lo tanto consideró que esa omisión no permite definir el territorio de los pueblos indígenas ni identificar sus sitios sagrados.

Asimismo, que se transgredió el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas wayuu y chimila, y los consejos comunitarios de las comunidades negras, lo cual era necesario consultar, ya que se superponía con sus territorios. A razón de ello, y con base en los análisis jurídicos el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto, considerando que hubo una “falsa motivación”.

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Así las cosas, la decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía dichos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental de la Sierra Nevada, desde los saberes y la cosmovisión propia de los pueblos indígenas.

Ante esta decisión, el expresidente Juan Manuel Santos manifestó que la ‘Línea Negra’ no es solo un trazo sino también un anillo invisible que une los sitios sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que es la conexión espiritual entre montañas, ríos, lagunas y playas.

“Hablamos de un territorio que no solo es biodiverso sino sagrado. Un territorio cuidado durante siglos por comunidades que con su sabiduría milenaria han protegido patrimonio natural que pertenece a toda la humanidad”, dijo el exmandatario nacional.

Se refirió al punto de que las comunidades wayuu y afrocolombianas no fueron consultadas, resaltando que sí que durante cuatro años participaron en el proceso.

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“En estos años circularon muchas noticias falsas, la línea negra no impone creencias a nadie, no afecta la propiedad privada ni desconoce derechos adquiridos, lo que hace es garantizar que las comunidades indígenas accedan a sus sitios sagrados. Es urgente que el presidente de la República expida otro decreto que subsane las consideraciones señaladas”, puntualizó Juan Manuel Santos.

Jaime Luis Arias, cabildo gobernador de la etnia kankuama, señaló que esta decisión no cambia los derechos de los pueblos porque la ‘línea negra’ ya tiene un precedente normativo y jurisprudencial.

“Bajo la decisión regresiva que plantea el Consejo de Estado, es una orden judicial de la misma Corte Constitucional para un instrumento normativo y corresponde al Estado colombiano que se expida un instrumento que garantice los derechos de nuestros espacios sagrados. Estamos analizando una decisión de manera conjunta para realizar una contraparte a esta decisión con todos los equipos asesores nacionales e internacionales evaluando recursos. Y es un análisis conjunto con el Gobierno nacional para evaluar las acciones a tomar. Lo que tenemos claro que pese a la anulación del Decreto los derechos indígenas permanecen intactos porque están protegidos sobre los territorios ancestrales para ello hay jurisprudencia”.

Confederación Indígena Tayrona

Refirió además que sí hubo una consulta previa con los pueblos de la Sierra Nevada, “respecto a lo que se plantea con las otras comunidades precisamente el decreto plantó un principio los derechos adquiridos por terceros y otras comunidades para salvaguardar y no desconocer quienes están estado dentro de la ‘Línea Negra’, lo que se está reconociendo es a nuestra forma, conocimiento y vivencia y los epsacios sagrados, más no se estaban desligando los derechos de otras comunidades y de terceros”, subrayó Jaime Luis Arias.