Con el fin de obtener soluciones inmediatas y definitivas al problema de erosión fluvial en Guáimaro, corregimiento del municipio de Salamina, en el Magdalena, el ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro, radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, con la que busca prevenir desastres y proteger los derechos colectivos de la población.
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La acción fue instaurada contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El propósito es lograr la efectiva intervención del problema ambiental que se ha venido agudizando desde el 2012, poniendo en riesgo las vidas de una población que está a orillas del río Magdalena y que habita en medio de la incertidumbre y el riesgo.
“La petición es clara, un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo”, comentó Álvarez.
Esta acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de todo el municipio.
“Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, dijo el accionante.
Pretensiones
Entre las medidas cautelares solicitadas ante el Tribunal están:
- La adopción de un plan de intervención urgente para la mitigación del riesgo en la zona, incluyendo obras provisionales de contención y reforzamiento de los puntos críticos identificados.
- Una evaluación técnica integral del riesgo existente.
- La activación y fortalecimiento de los planes de contingencia.
- La protección inmediata de las viviendas e infraestructuras en mayor riesgo.
- La restricción de uso de zonas altamente inestables.
- Señalización preventiva, entre tanto se adoptan las soluciones estructurales.
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“Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales, no han brindado soluciones de fondo”, comentó.
Unión de esfuerzos
Álvarez convocó a los líderes y lideresas municipales a que se unan para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean.
“El corregimiento de Guáimaro ya no puede aceptar pañitos de agua tibia que dilatan las intervenciones necesarias e incrementan los riesgos”, precisó.
Con la acción popular buscan garantizar el derecho al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, la prevención de desastres previsibles técnicamente y a que las obras públicas y actuaciones administrativas se realicen conforme a disposiciones jurídicas y técnicas destinadas a evitar riesgos a la comunidad.
