Ante la repentina suspensión por parte de la Personería Distrital a de la directora de la Unidad Administrativa Multipropósito de Catastro de Santa Marta, Karina Toledo Cano, Asocapitales manifestó su preocupación ante esta actuación, indicado que 'carece de fundamentos objetivos'.
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Sin embargo, la entidad argumenta que su decisión se toma atendiendo las más de 300 quejas recibidas por parte de la ciudadanía, relacionadas con el incremento del impuesto predial y con las discrepancias en los avalúos catastrales.
Pero para Asocapitales, la decisión no es objetiva, ya que en las áreas donde se hizo la actualización catastral, se presentan muchos problemas relacionados con la legalización de los títulos de propiedad.
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Por lo tanto, tener un catastro actualizado, es el primer paso para restablecer la seguridad jurídica de la propiedad y solucionar los problemas de registro de estos inmuebles. Además, las autoridades catastrales tienen la obligación de actualizar dentro de periodos que no superen los 5 años, de acuerdo con la Ley 1450 de 2011, art. 24.
Desde la Asociación, 'consideramos que la suspensión de esta funcionaria puede llevar a la paralización de los procesos de avalúo predial y valorización, lo que va a generar retrasos y dificultades en la gestión catastral de esta ciudad capital'.
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Un catastro actualizado permite un mejor recaudo de impuestos, gracias a la identificación de propiedades no registradas o subvaloradas. Así mismo, la captación de ingresos por valorización ayuda a fortalecer las finanzas del municipio. Fue esto precisamente el objetivo que se planteó la Unidad Administrativa Multipropósito de Catastro del Distrito de Santa Marta.
La gestión catastral es un proceso eminentemente técnico, el cual debe contar con las garantías necesarias para su desarrollo, evitando que su ejecución se vea influenciada por factores subjetivos.
{"titulo":"Detienen a una mujer que recogió en Sincelejo una encomienda de droga","enlace":"https://www.elheraldo.co/sucre/capturan-una-mujer-que-recogio-en-sincelejo-una-encomienda-de-droga-1003813"}
Esta decisión crea un precedente problemático no sólo para Santa Marta; afecta a las demás capitales del país frente a la percepción de transparencia y eficacia en los procesos administrativos que ya se habían adelantado y que son de gran utilidad para la ciudadanía.
