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El juez Octavo Penal con Funciones de Control de Garantías, Álexander Vila Farelo, dejó en firme la medida de aseguramiento de casa por cárcel que el viernes pasado había proferido contra el alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, investigado por presunta celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

La decisión judicial–tomada al mediodía del jueves– también cobijó a Édgar Charris Salcedo, exgerente encargado de la E.S.E. Distrital Alejandro Próspero Reverend y al contratista Jesús Navarro Brito.

Este proceso se relaciona con las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de obras de construcción y remodelación de cinco puestos de salud (Bastidas, La Paz, Taganga, Mamatoco y María Eugenia), los cuales fueron demolidos y no habrían sido levantados ni terminados en su totalidad durante el tiempo pactado para que entraran en funcionamiento.

El togado igualmente definió la situación jurídica del exalcalde Carlos Caicedo Omar, el exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Gregorio Antonio Domínguez Fonseca y Carlos Fabián Slebi Palacio, interventor del contrato, quienes no recibieron medidas restrictivas de la libertad porque, a criterio del juez de garantías, 'actualmente no son funcionarios ni ostentan una posición que represente riesgo para las siguientes etapas judiciales'.

La diligencia judicial terminó 11 meses después de que la Fiscalía solicitó nueva audiencia de medida de aseguramiento contra los involucrados, y luego de dos suspensiones y cuatro aplazamientos por problemas de salud y renuncia de algunos abogados defensores.

Apelación

Iván Cancino, apoderado de Rafael Martínez, rechazó la medida y señaló que 'no es la primera vez que la Fiscalía toma una decisión que afecte a un mandatario que ha hecho muchas cosas por su ciudad'. En este punto mencionó los casos de Popayán y Montería.

Indicó que una vez se conoció la reconfirmación de la medida de aseguramiento, junto con su fórmula de defensa, Luis Carlos Torregroza, presentó recurso de apelación.

'Estamos absolutamente seguros que en segunda instancia muy pronto se revocará esta decisión, de tal forma que Rafael Martínez termine su período y todas las obras que inició', comentó.

Explicó que la apelación la decide el juez superior de segunda instancia, sin que se determine tiempo, sin embargo, anotó que 'se hará lo posible para que sea a la mayor brevedad posible'.

Cancino dijo que todos los procesos tienen algo de jurídico y de político y precisó que 'este tiene su tufillo'.

'El cambio sigue'

Rafael Martínez se pronunció a través de un mensaje que hizo público por redes sociales. Manifestó que pese a que lo detienen, 'el pueblo sigue libre y con ganas de defender lo que en 7 años hemos logrado'. 'El cambio en la ciudad seguirá hagan lo que hagan y la gente tiene claro que el rumbo de la administración no se desviará al pasado', comentó. Indicó que 'la detención es la solución que encuentran los que quieren detener el cambio' y añadió que 'no lo van a lograr'.

Insistió en que 'en la contratación por la que se me investiga no se perdió ni un solo peso y las obras están entregadas y en funcionamiento'.