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Los líderes sociales y defensores de derechos humanos del Magdalena pidieron al Gobierno Nacional que, en el ejercicio de la protección que requieren, se les diga, además, quienes son los que los están matando.

Dijeron que aunque presumen que los actores son paramilitares, aún no hay una confirmación de ello por parte de las autoridades competentes.

Consideran que si bien la visita del director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Pablo Elías González, es una puerta que se abrió mucho más en pro de su seguridad, el desconocimiento que este mostró en torno a las cifras de amenazados, les preocupa.

Igualmente sostienen que les genera intranquilidad la pasividad y demora del Estado al momento de decidir una medida de protección.

Rosa Villalba Pérez, subdirectora de la red defensora de los derechos humanos y representante de la subregión en la Mesa Mujeres y Diversidad Sexual, hizo saber que en su caso ha recibido tres amenazas.

'La primera denuncia que hice, la UNP la engavetó; luego me pasaron dos panfletos más y le hicieron dos tiros a mi casa', comentó.

Agregó que luego de los hechos acaecidos y denunciados, le hicieron un nuevo estudio de riesgo y salió ordinario. 'Tal parece que lo único que esperan para actuar es un acta de defunción', anotó.

Aseveró que los panfletos que recibió provinieron de grupos paramilitares, y que uno de ellos, el del 20 de julio del 2018, tenía el rótulo de las ‘Águilas Negras’. En esa ocasión Rosa Villalba Pérez abandonó la ciudad por 20 días.

En ese momento dijo que se iba de la ciudad porque 'el Estado se hace el de las orejas sordas'. 'No me brindan la seguridad que necesito', precisó.

Yomaira Maldonado, otra lideresa de la región, expresó que 'estamos desprotegidos' y recordó que fue amenazada recientemente con una corona de flores. 'El Estado no tenía por qué esperar que asesinaran a Maritza Quiroz', indicó.

A su turno, Javier Vidal, presidente de la asociación nacional de usuarios campesinos y de la asociación de reclamantes de tierras del Magdalena, dijo que siente miedo y señaló que 'parece que se han puesto de acuerdo para acabar con nosotros de manera sistemática'.

Ante las denuncias de los lideres, el comandante de la Policía del Magdalena, corone, Fáber Dávila, reveló que se han presentado algunas amenazas al inicio de este año en el municipio de Fundación, las cuales fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación y explicó que el propósito de la visita del director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, era analizar los hechos de manera independiente como también el contexto para establecer rutas de protección.

Reportó que la estadística que manejan tiene que ver con 269 medidas preventivas en el 2018 y que los municipios con mayores denuncias son Fundación, Concordia y Zona Bananera.

Mesa por la Vida

La lupa de la Procuraduría está puesta en los asesinatos que se han registrado en los primeros días del año contra los líderes sociales. Por eso, el procurador Fernando Carrillo anunció que convocaría a una Mesa por la Vida. 'Hay que ir a las regiones, por lo que vamos a convocar al presidente y su gabinete, para crear estrategias para proteger a los líderes sociales'.