Wayuu piden a CIDH que intervenga para que proteja derechos de etnia

Cuatro abogados en representación de la comunidad Shipia Wayuu solicitaron medidas provisionales ante el incumplimiento por parte del Estado de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo wayuu.

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Por: Sandra Guerrero @sguerrerob
La Guajira

Cuatro abogados en representación de la comunidad Shipia Wayuu solicitaron medidas provisionales ante el incumplimiento por parte del Estado de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo wayuu.

La comunidad indígena Shipia Wayuu del municipio de Manaure en La Guajira solicitó  a la  Corte Interamericana de Derechos Humanos que adopte medidas provisionales para la protección de los derechos a la vida, integridad personal y salud de sus integrantes, por cuanto afirman que existe un riesgo de extrema gravedad, urgente e irreparable de afectación a esos derechos.

La abogada colombiana Carolina Sáchica Moreno junto a los juristas venezolanos, Ignacio Álvarez Martínez, Edward Jesús Pérez y María Daniela Rivero, quienes actúan en nombre de esa comunidad, aseguran que la petición se hace teniendo en cuenta que las medidas cautelares adoptadas por la Comisión a favor de niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y lactantes, y adultos y adultas mayores de la comunidad indígena fueron infructuosas, y que la situación ha ido progresivamente agravándose desde su otorgamiento.

Argumentan que la situación específica de la comunidad indígena Shipia Wayuu se encuentra caracterizada por la falta de acceso al agua potable, a la salud, y a la alimentación, al menos, desde el año 2013, dentro del contexto estructural identificado que afecta a todo el pueblo wayuu de La Guajira.

Carolina Sáchica, quien ha estado al frente del proceso desde el año 2015, cuando se otorgaron las medidas cautelares, asegura que “es evidente el incumplimiento de estas medidas dictadas por la Comisión Interamericana para proteger los derechos a la vida e integridad personal y salud de sus integrantes”.

Explica que en diciembre de ese año   se dictaron medidas de protección a favor de las niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y lactantes, y adultos y adultas mayores de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu.

 “A pesar de las referidas medidas cautelares, el Estado no ha adoptado acciones dirigidas a garantizar estos derechos de las comunidades”, enfatizó.

Agrega que al contrario, recientemente, los datos con base en los cuales se otorgaron las medidas cautelares se han recrudecido.

El año pasado murieron 58 niños por desnutrición o causas asociadas a esta y en lo que va corrido del año son 16 los niños fallecidos, según el Instituto Nacional de Salud.

Aseguran los abogados en su petición que en La Guajira hay alrededor de 20.000 niños menores de cinco años que presentan riesgo de desnutrición.

Adicionalmente y debido a las distintas acciones judiciales que se han ejercido para exigir el cumplimiento de dichos derechos, la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas inconstitucionales en el departamento de La Guajira.

Lo que dicen la Defensoría y la Contraloría General de la República

En la Sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucionales se le pide a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento y acompañamiento para evaluar el progreso de las medidas que se adopten.

En un reciente informe la Defensoría del Pueblo explicó que a partir de las comunidades recibidas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE,  el cumplimiento de la sentencia se encuentra en la etapa construcción conjunta y concreción de indicadores, acciones, plazos y metas.

El organismo indica que las entidades del orden nacional y territorial se encuentran adelantando actividades encaminadas a la construcción técnica del plan de acción. “Puntualmente, la Defensoría del Pueblo no conoce el nivel de avance de las acciones ejecutadas por la Gobernación de La Guajira y de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha, por lo tanto, se sirve remitir una comunicación remitida a esta entidad por el DAPRE, en el que refiere el proceso de articulación entre las entidades territoriales y las del orden nacional en la etapa de construcción del plan de acción, indica el informe.

La Contraloría General de la República en un informe de auditoría sobre  la Sentencia T-302 de 2017 indica que el cumplimiento de los objetivos mínimos planteados allí, no resultan conformes en todos los aspectos significativos, con los criterios aplicados, presentándose incumplimiento material.

Los abogados esperan que la decisión se conozca muy pronto

La abogada Carolina Sáchica explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fija términos para responder la solicitud, pero que por tratarse de un caso complejo que ya conoce la CIDH, no cree que se demore.

“Esperamos que no tarde en darle traslado al Estado colombiano, ya que tenemos unas medidas cautelares vigentes con recientes informes de incumplimiento por parte de entidades públicas que dan cuenta de la vulneración permanente y sistemática de los derechos del pueblo wayuu, más allá de una realidad evidente que muestra una crisis humanitaria”, indicó.

 

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